Defensa del Consumidor rinde cuentas: farmacias y servicentros, los más controlados

La Secretaría de Defensa del Consumidor expuso la gestión realizada en el primer semestre. Los controles de precios justos se realizaron principalmente en farmacias y estaciones de servicio.

Debido a la pandemia, los operativos de verificación predominaron en diversas farmacias, donde se controlaron los precios de medicamentos e insumos destinados a pacientes internados por Covid-19.

Para complementar los procedimientos se habilitó un portal con el listado de precios referenciales de remedios y artículos de higiene personal. También se incluyó la advertencia de los riesgos de comprar alcohol en gel.

Sedeco realizó audiencia pública virtual de rendición de gestión correspondiente al primer semestre 2021. El titular de la institución enfatizó las gestiones de vigilancia del mercado en resguardo de los derechos de los consumidores.

En cuanto a otros rubros, se abrieron sumarios a empresas de transporte público, empresas proveedoras de tarjetas de billetaje electrónico, vendedores de estas tarjetas, farmacias, supermercados, etc.

El informe menciona los principales proveedores visitados en verificaciones/fiscalizaciones son: Estación de Servicios (21%), Farmacia (21%), Servicios de Cobranzas (16%), Supermercado (16%), Bancos, Financieras y Casas de Cambio (7%), Electrónico y Celulares (7%), Automotores (2%), Electrodomésticos y Otros (2%), Gestiones de Cobranza (2%), Gastronomía (2%), Herramientas y Otros (2%), Industria Avícola (2%), Minimercado (2%), Tienda de Ropas, Calzados (2%).

Los datos los expuso el ministro de Sedeco, Juan Marcelo Estigarribia durante una audiencia pública virtual.

 

“Charlatán de oro” del destituido Ferreiro es ahora asesor del MOPC

Víctor Benítez, bautizado por el diputado “Bachi” Núñez como “El charlatán de oro”, asesoró a Mario Ferreiro con “el mérito” de una mala gestión que terminó con su destitución, se mudó de carpa con una flamante afiliación al PLRA, apadrinado por el mismísimo candidato Eduardo Nakayama, pero –mientras tanto– mete la mano en la administración colorada cobrando G. 18 millones por mes como asesor de Arnoldo Wiens en el MOPC.

Cuando a fines del 2019 se hizo conocido el caso “Asado de fin de semana”, un grupo de Telegram que presuntamente se dedicaba a las recaudaciones paralelas en la Municipalidad de Asunción y en el que Mario Ferreiro, ex jefe comunal, resultara imputado por lesión de confianza, coac­ción grave y tráfico de influen­cias, algunos de sus cercanos asesores optaron por buscar nuevos horizontes; en otras palabras, “saltaron del barco”.

Entre ellos se encuentra Víctor Raúl Benítez González, quien al parecer rápidamente reci­bió un “salvavidas” desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tal como lo comenta el dipu­tado Basilio “Bachi” Núñez en su cuenta de Twitter, calificán­dolo además como “El charla­tán de oro”, por sus proyectos de asesoría planteados ante diversas instituciones. Bení­tez González recibía mensual­mente G. 20 millones como asesor en la Dirección de Pla­nificación e Innovación Tecno­lógica de la Municipalidad de Asunción, según consta en la nómina del ente, hasta el des­tape del escándalo de supues­tas recaudaciones paralelas en la municipalidad adminis­trada por Mario Ferreiro en ese entonces.

VIENTOS DE CAMBIOS

Los cambios de aire podrían no ser una novedad para el ex ase­sor municipal, pues en un video publicado en redes sociales, se observa firmando su acep­tación como nuevo afiliado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), rodeado de Efraín Alegre, Eduardo Naka­yama y el senador Luis Alberto Wagner, a quienes llamó “com­pañeros de camino”.

Durante la breve ceremonia, Benítez González afirma de manera jocosa que “no le ofre­cieron cargos para tomar esa decisión”, a lo que Eduardo Nakayama responde entre risas: “Estamos en la llanura, no hay luego nada que ofrecer”.

Actualmente, el ex asesor muni­cipal de Ferreiro ocupa el cargo de “especialista senior” y per­cibe G. 18.000.000 mensua­les como parte del proyecto de “Desarrollo de capacidades de gestión” del MOPC, al que le fue asignado un presupuesto de US$ 10,5 millones, orienta­dos exclusivamente a la contra­tación de “especialistas”.

Una investigación realizada por un equipo periodístico del Grupo Nación reveló que la administración del ministro Arnoldo Wiens no escatimó recursos ni en la pandemia y se revelaron casos de recomenda­dos, quienes se infiltraron como expertos para supuestamente aumentar las capacidades de dis­tintas dependencias del MOPC, a través de la asistencia técnica especializada en áreas claves. Desde esta redacción intenta­mos conocer la opinión de Víc­tor Raúl Benítez González, pero nos explicó que se encontraba participando de una reunión vía Zoom, por lo que no podría con­versar con nosotros.

“Fui seleccionado de una terna”

Oliver Mathías Wendell Orte­llado, uno de los contratados en el proyecto “Desarrollo de Capa­cidades de Gestión” del Ministe­rio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC) remitió una carta a nuestra redacción para aclarar el apellido de su padre, que no es recomendado y fue seleccionado de una terna.

LA MISIVA SEÑALA:

Soy alumno del último semes­tre de la carrera de Análisis de Sistemas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA) y ocupo un cargo en el MOPC a la cual pude acceder por concurso de oposición, como cualquier ciu­dadano. En medio de una serie de menciones de artículos de la Constitución Nacional y varias otras leyes, el afectado Wen­dell refirió: “con las publicacio­nes televisivas del programa “Tierra de nadie” que conduce la periodista Rossana Escobar juntamente con otro perio­dista me han expuesto a mí y a mi padre al escarnio público, invadiendo y transgrediendo el derecho a la intimidad, con la difusión, publicación de imá­genes y revelación de mis datos y mi foto y los de mi padre, fun­cionario público de más de 32 años al servicio del MOPC, que nada tiene que ver con el tema en cuestión, sin autorización legal correspondiente”.

Oliver calificó de falsas y dis­torsionadas las publicacio­nes de la periodista Rossana Escobar por carecer de prue­bas que avalen su incorpora­ción como “recomendado”. Señala además en su notifica­ción de réplica que se distor­sionó y falseó el nombre de su padre afirmándose errónea­mente o con intenciones dolo­sas el nombre de Emigdio Orte­llado y que la información hace presumir maliciosamente de que con influencia del padre el joven ingresó a la institución, “nada más falso, no hay prue­bas”, subrayó y agregó que con esto se violaron los derechos a la intimidad consagrados en la Constitución Nacional.

El nombre del padre de Oli­ver es Emigdio Wendell y no Ortellado

 

Superintendencia de Bancos incumplió normativa legal, según juez

Ante la negativa de la Superintendencia de Bancos, depen­diente del Banco Central del Paraguay (BCP), amparándose en el secreto bancario para evi­tar un allanamiento, se proce­dió a recurrir a una ley especial que avala al Ministerio Público a acceder a documentaciones relacionadas al caso que se investiga, un supuesto lavado de dinero entre Nicolás Leoz y el banco Atlas.


Fuente: La Nación

La orden para acceder a los documentos, solicitada por el Ministerio Público, fue fir­mada por el juez de Delitos Económicos y Crimen Orga­nizado Humberto Otazú, quien realizó este procedi­miento ante la negativa de la institución que supervisa el sector bancario.

Otazú señaló para el canal GEN y Universo 970 AM que la postura de la Superinten­dencia de Bancos pone en alto riesgo al Paraguay, teniendo en cuenta la evaluación del Gafilat que será próxima­mente. “Ese fue el argu­mento que utilizó el Minis­terio Público y se constituye en un razonamiento lógico, jurídico y podría ser político, en cuanto al efecto país. Esta­mos a puertas de una evalua­ción de Gafilat. Realmente me sorprendió, por el buen tra­bajo que se viene realizando con la Seprelad, el BCP y la misma Superintendencia”, mencionó.

El juez explicó que existe una ley especial y que permite a ciertas instituciones usarla de herramienta válida para acceder a documentos que son focos de investigaciones, y entre los entes que pueden utilizar esta ley se encuentran el Poder Judicial, la Fiscalía y sus agentes fiscales. “Supongo que pudo no haber existido algún asesoramiento correcto con respecto a lo que dice esta ley especial. Esa circunstancia tendría ese contexto. Hubo un mal entendimiento y mal ase­soramiento, no se evaluaron las circunstancias y la solici­tud”, dijo Otazú.

El juez de Delitos Económi­cos y Crimen Organizado agregó que cuando el secreto bancario se levanta por ley, se debe dar fiel cumplimiento a la petición. Señaló que el funcionario responsable de la Superintendencia de Bancos podría tener un proceso penal en el caso de que hubiese exis­tido perjuicio o retraso en la información.

 

Aceptan veto a ley que favorecía a deudores del 2020

La Cámara de Diputados aceptó el veto presidencial a la ley que disponía que quienes hayan contraído deudas a causa de las restricciones del 2020, conservaran la calificación crediticia que tenían antes de la pandemia.

La normativa rechazada por el Ejecutivo y finalmente también ayer en Cámara Baja, señalaba en su artículo 2º, que quienes hayan incurrido en mora a partir del 10 de marzo del 2020 a causa de las medidas impuestas por presidente para evitar la propagación del COVID-19, conservarán hasta el mes de diciembre de ese año (2020), la categoría de riesgo que mantenían al 29 de febrero del mismo año.

También indicaba que los deudores mencionados en el artículo 2º deberán ser puestos por los bancos en una categoría especial con la etiqueta “Covid-19”.

La aceptación del veto se debió a que el texto quedó extemporáneo. Además, dentro del marco de la declaración de emergencia por pandemia, el Banco Central del Paraguay (BCP), ya puso en marcha medidas excepcionales para deudores.

Este último punto lo explicó el diputado Tadeo Rojas, presidente de la Comisión de Presupuesto, quien además indicó que la nueva disposición no generaría beneficios adicionales, en tanto su operatividad sí provocaría costos para el Estado.

Finalmente el texto fue remitido a la Cámara Alta, donde también deberán rechazar el veto para dejar sin efecto el proyecto.