“Manifestamos nuestra solidaridad a la colega enfermera hoy afectada por las irresponsables declaraciones de la directora del Hospital Nacional, Yolanda González, quien responsabiliza única y exclusivamente a la enfermera, olvidando las obligaciones del profesional médico”, expresa el comunicado de la Asociación Paraguaya de Enfermería.

Los integrantes exigen a las autoridades del Ministerio de Salud, la investigación exhaustiva de los hechos y piden respetar el trabajo de las enfermeras, evitando acusaciones sin una previa investigación

El gremio reconoce que la paciente de 30 años dio a luz en “condiciones inadmisibles” y también se solidariza con la mujer, el niño y su familia.

La fiscal Yennifer Marchuck libró orden de detención detención preventiva de Gabriela Soledad Yaffar Coronel, por el hecho punible de omisión de auxilio.

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La disposición se da con base a las declaraciones obtenidas durante las primeras averiguaciones sobre lo acontecido en el Hospital Nacional de Itauguá el jueves último, donde una mujer tuvo que parir en el piso del pasillo, por falta de asistencia.

Existen fotografías y videos que respaldan el relato de la abuela del bebé, quien quedó en estado de shock al ver a su hija en el piso y sin la ayuda de ningún profesional, al punto que ella misma tuvo que sacarle lo que llevaba puesto para facilitar el trabajo de parto.

El recién nacido continúa en terapia intensiva en estado delicado, según el último reporte que dieron ayer los médicos, en conferencia de prensa.

La jueza Lici Sánchez afirmó que existe un grave desorden administrativo y en el sistema de salud, en el marco del creciente número de acciones de amparo presentadas por pacientes, principalmente para acceder a medicamentos oncológicos, muchos de ellos de altísimo costo y, en algunos casos, no autorizados para su venta en el país.

En entrevista con radio Ñanduti, la magistrada sostuvo que la situación obliga a los jueces a tomar decisiones urgentes que terminan incidiendo directamente en el presupuesto de otras instituciones, lo que —advirtió— genera una tensión con el principio constitucional de división de poderes.

Sánchez cuestionó con dureza la falta de control previo en la prescripción médica. “No puede ser que los médicos estén recetando medicamentos sin cerciorarse previamente si hay o no hay”, expresó.

Como ejemplo, relató un caso que calificó de alarmante, ya que una receta médica solicitaba 1.000 pastillas, cuando cada frasco contenía solo 28 unidades, con un costo de 39 millones de guaraníes por frasco. “Cuando pedimos los costos, realmente te caés de espalda”, señaló.

La jueza aseguró además que existen fármacos que no cuentan con autorización para su comercialización en el país, pero que aun así son recetados y luego incluidos en órdenes de compra a través de resoluciones judiciales.

“Es grave lo que está pasando”, afirmó, al advertir que esta práctica expone al Estado a riesgos sanitarios, administrativos y financieros.

Sánchez recordó que el amparo es una medida excepcional y urgente, destinada a resolver una situación crítica de salud, pero que su uso reiterado está llevando a los jueces a ordenar compras directas, asumiendo incluso responsabilidades administrativas que no les corresponden.

“Estamos ingresando al presupuesto de otra institución. Por Constitución Nacional hay división de poderes”, subrayó.

La magistrada explicó que, aun con una orden judicial de cumplimiento inmediato, el Ministerio de Salud debe seguir procedimientos administrativos, que incluyen contrataciones directas y llamados a laboratorios, lo que retrasa la provisión de los medicamentos. “¿De qué sirve una orden judicial si el laboratorio no provee por una cuestión administrativa o económica?”, cuestionó.

La jueza Sánchez instó a rever el sistema, fortalecer los controles técnicos, transparentar la compra de medicamentos y definir mecanismos claros para evitar abusos. “El amparo es para resolver lo urgente. Pero después la institución tiene que tomar conciencia. Si hay fallecimientos, reacciones adversas o medicamentos no utilizados, ¿dónde van a parar esos fármacos?”, se preguntó.

Nelson Roberto Acuña Cabañas (28) fue detenido por el Departamento de Investigaciones, luego de una serie de averiguaciones y operativos que condujeron hasta él.

Antes identificaron a Sonia Elizabeth Alen Cabral de 23 años, pareja del detenido, como supuesta cómplice del asesinato del tarotista, ya que habría marcado la cita con la víctima.

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Se incautó la motocicleta y un teléfono celular que el detenido tenía consigo. El arma utilizada para el crimen todavía no fue encontrada, pero sí hallaron una bota de las mismas características a la utilizada por el autor.

De momento no se tiene información acerca del móvil del crimen. Se sospecha que la mujer estaría fuera del país.

El hecho ocurrió el jueves 15 de enero a las 20:30 en la Fracción Santa Ana de Pedro Juan Caballero, donde resultó víctima Rodrigo Cristaldo Pereira (23), brasileño, hijo de paraguayos.

Según testimonios, un desconocido con capucha llegó al lugar a bordo de una motocicleta, conversó con el tarotista y ambos ingresaron a la casa. Una vez en la sala, el sicario sacó el arma de fuego y disparó a quemarropa.

Presentación Caballero Cabral, de 91 años, falleció ayer tras el incendio de su vivienda en San Bernardino. La Essap emitió un comunicado en el que lamentó la pérdida humana y dio un mensaje de acompañamiento y solidaridad con la familia.

Además, la institución ordenó la recopilación de los antecedentes técnicos y administrativos correspondientes y la verificación del estado de la red y de la infraestructura en el área.

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También anunciaron plena colaboración con las autoridades para esclarecer lo acontecido.

La aguatera estatal promete reforzar el trabajo con los municipios y bomberos, principalmente en materia preventiva, así como planificar inversiones y actualizar los registros.