La declaración de emergencia sanitaria, vigente desde marzo del 2020, podría llegar a su fin este 18 de abril, en atención a la disminución de casos de Covid-19, así como las internaciones y los fallecimientos por esta enfermedad.

Con respaldo del Ministerio de Salud y los números epidemiológicos de los últimos meses, que incluye una reducción sostenida de casos en los últimos 45 días, la Presidencia de la República levantaría este decreto a partir de hoy.

“Las perspectivas son buenas y es muy probable que demos vuelta de página”, dijo en su momento el jefe de Gabinete, Hernán Hutteman.

La eliminación del decreto sanitario incluiría que el uso de mascarillas deje de ser obligatorio, aunque se mantendrán las recomendaciones de utilizar el tapabocas como medida de protección en espacios cerrados y con poca ventilación. Quedará a criterio de cada uno.

La vacunación contra el Covid-19 es una de las herramientas que permitió mejorar la situación epidemiológica y la campaña continúa hoy lunes a nivel país para el porcentaje que sigue pendiente de la inmunización.

El presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), José Fernando Duarte, reveló en entrevista con el programa La Caja Negra (Unicanal) los intentos de injerencia por parte de sectores económicos y dirigenciales interesados en blanquear ofertas académicas.

“No tenemos que tener miedo a los grupos de presión ni a los poderes fácticos en Paraguay. Tenemos que enfrentarlos a cara descubierta y denunciarlos públicamente. Hay grupos empresariales y políticos, dueños de universidades, que quieren presionar para conseguir acreditaciones”, sostuvo.

Dejó en claro que esos pedidos no corren. “Con los piratas de la educación superior no hay que negociar; a los piratas de la educación hay que aniquilarlos con la ley en la mano”, sentenció.

500 funcionarios bajo la lupa

Por su parte, el viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene, admitió que el proceso de limpieza será complejo pero firme por directiva del Poder Ejecutivo.

En el marco del sumario administrativo general abierto en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), aproximadamente 500 funcionarios están siendo investigados por presuntas vinculaciones con hechos irregulares dentro del circuito de registro y validación.

“Evidentemente el problema es grande y se viene arrastrando desde hace años. Es un proceso que llevará su tiempo, pero ya empiezan a saltar datos contundentes. Algunos de los responsables seguramente van a terminar en la cárcel”, advirtió Cohene.

El viceministro aclaró además que se trabaja para deslindar responsabilidades y destacó que hay un importante grupo de servidores públicos que realiza tareas extraordinarias para transparentar el sistema.

Ante el clima de desconfianza generado alrededor de las certificaciones universitarias, Cohene reconoció que el mercado laboral atravesará por una etapa de rigurosidad excepcional, donde empresas e instituciones requerirán pruebas complementarias de competencia para validar la capacidad real de los profesionales.

Asimismo, reconoció las limitaciones actuales del sistema, ya que la verificación actual se limita a aspectos meramente formales de los documentos (firmas y certificados) sin auditar la trayectoria del estudiante.

Sin embargo, prometió una solución de fondo en el corto plazo. “Estamos en proceso de implementación de un sistema en el que se tenga la trazabilidad completa del estudiante. Adelantamos que en seis meses el MEC contará con un sistema tecnológico integral que permitirá controlar todo el proceso desde el inicio. Hay personas inocentes y estudiantes estafados perjudicados por esta práctica criminal, pero el propósito es limpiar y devolverle la credibilidad a la educación superior del país”, dijo la autoridad.

Por otro lado, los estudiantes que actualmente se ven afectados por las irregularidades en sus universidades están analizando la posibilidad de realizar manifestaciones, ya que nada tienen que ver con el problema, pero de igual manera terminan afectados.

A las 05:00 de la madrugada, en el asentamiento 1.º de Marzo, de la Colonia Naranjito, la fiscal María Irene Álvarez, de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico N.º 3 de Asunción,encabezó el allanamiento con apoyo de personal de la FOPE.

En el lugar detuvieron a Jimmy Dickson Rizon, de 42 años, de nacionalidad brasileña, presunto financista de las producciones.

Los intervinientes incautaron un subfusil calibre 5.56, marca Czech Small Arms, con su cargador y 13 cartuchos; una pistola calibre 9 mm, marca CZ, con su cargador y 17 cartuchos, además de aparatos celulares, anotaciones y documentos varios.

Por su parte, la fiscal Pamela Pérez, de la Unidad Especializada contra el Narcotráfico N.º 3 de Asunción, estuvo a cargo de otro allanamiento con apoyo del personal de la GEO-Canindeyú.

A las 05:30, en el asentamiento Santa Lucía, fue aprehendido Cristiniano Ferreira, paraguayo, de 69 años, quien contaba con una causa por supuesto hecho de invasión de inmueble ajeno y coacción.

El tercer allanamiento, liderado por la fiscal María Irene Álvarez , fue a las 08:00, en la Colonia 1.º de Marzo, distrito de Ybyrarovana, donde detuvieron a Christian David Arévalos (19).

Incautaron una escopeta calibre 12, marca Maverick, con tres cartuchos sin percutir; una motocicleta Kenton Hunter 230; un par de ligas de goma; un pasamontañas; un guante táctico; un cinturón de cáñamo con portacartuchos; un chaleco táctico; una funda para pistola; una campera tipo camuflado y dos tarjetas porta SIM de la empresa Tigo.

Ricardo Soria, familiar de un paciente internado en el Instituto de Previsión Social (IPS), comentó que los medicamentos hallados en el albergue habrían sido donados de manera voluntaria para su posterior entrega, sin costo, a quien lo pudiera necesitar.

“Nunca nadie se acercó a decirme ‘te vendo un remedio’. Es una farmacia solidaria donde traen todo tipo de remedios, desde analgésicos para arriba”, refirió en entrevista con el canal GEN.

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En este caso, los productos descubiertos en el sitio serían parte de un remanente que los mismos familiares decidieron donar al no tener necesidad de seguir usándolos, a fin de ayudar a otras personas en su misma situación.

“Está en mi voluntad ir a donar si es que yo quiero. Me presento en la farmacia, le entrego a la encargada y le digo ‘estos remedios quiero donar para alguna familia que necesite’. La encargada le quita una foto y manda al grupo de WhatsApp donde estamos todos los familiares”, añadió.

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Sobre la presencia de medicamentos de uso controlado, admitió que difícilmente podrían llegar a parar a esta improvisada farmacia, salvo que pudiera existir complicidad de los mismos funcionarios del IPS.

Soria considera que la mujer acusada de la venta irregular de fármacos habría cometido un error al intentar comercializar uno de los productos que tenía en su poder, siendo que en todo momento fueron proveídos gratuitamente. “Su pecado fue escribirle en privado a esa persona, ella le dice ‘te vendo más barato’, esa persona denunciante quería gratis”, acotó.