En el período comprendido entre el 24 y 30 de abril, la Patrulla Caminera a través de sus inspectores realizó controles en distintos puntos del territorio nacional.

Como resultado de estos procedimientos fueron sancionados 381 conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol, de unas 9.340 pruebas de alcotest efectuadas.

En el período mencionado, fueron demorados en total 708 vehículos por infracciones a Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, de los cuales 134 son motocicletas.

Según el reporte de la Caminera, 17 conductores fueron sancionados por carecer de chapa, otros 17 por adelantamiento indebido, y unos 38 por exceso de velocidad. La cantidad restante corresponde a los conductores alcoholizados.

En lo que se refiere a siniestros viales, se produjeron unos 60 accidentes, de los cuales 33 arrojaron daños materiales, 23 con saldo de heridos y 4 con resultado fatal.

Haciendo un recuento semanal del total de víctimas, se tuvieron 42 heridos y 4 fallecidos en estos siniestros atendidos en jurisdicción de la Caminera.

El informe policial refiere es que el accidente se registró ayer, en horas de la noche, sobre la avenida Monseñor Rodríguez casi Ruta PY07 de la mencionada ciudad.

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Se trata de un tractocamión de la marca Scania, modelo R124, color blanco, del año 1997, con semirremolque marca Guerra, conducido por Alberto Daniel Velaztiqui García (32).

Los agentes de la comisaría 7° se constituyeron en el lugar encontrando el camión de gran porte volcado y recostado hacia el lado izquierdo, con la carga esparcida sobre el asfalto.

El camionero relató a los intervinientes que circulaba sobre la avenida Monseñor Rodríguez en dirección este, y al llegar en la intercepción con la Ruta PY07, perdió el control del tractocamión, lo que ocasionó el vuelco.

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Silvio Corbeta, fiscal de la Unidad Anticorrupción y Delitos Económicos, formuló acusación y solicitó juicio oral y público para Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube.

Roa fue acusado por cohecho pasivo agravado (coima), lavado de dinero, administración en provecho propio, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

En cuanto al empresario Koube, la acusación es por lavado de dinero, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de activos.

El documento consta de 117 páginas y queda a cargo del Juzgado Penal de Garantías, que, una vez recibidas todas las pruebas, deberá fijar fecha para el inicio del juzgamiento.

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El caso se desprende de las investigaciones iniciadas en el operativo “A Ultranza PY”, luego de que se haya dispuesto la inmovilización de una embarcación a nombre de la empresa Tapyracuai S.A., representada por el empresario Alberto Koube.

Según la pesquisa, Koube entregó el yate al exministro de Emergencia Nacional como para de una coima para ganar al menos 10 licitaciones entre los años 2018 y 2021 por una suma que ronda los G. 16.000.000.000.

El empresario y el exministro abdista se habrían asociado a los efectos de lograr el desvío de los fondos de la SEN para la obtención de beneficios económicos indebidos, a costa de los recursos públicos, entre ellos, la obtención de una embarcación AZ 42, valuada en USD 450.000 y sumas de dinero.

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La Senad conformó un equipo destinado a la intervención de cultivos ilícitos de marihuana en un sector rural de Bella Vista Norte, en el cual se encontraban varios centros de producción de la droga compuestos por campamentos en los que se trabajaba el procesamiento de unas cuatro hectáreas de la hierba. En la acción fueron eliminadas alrededor de 15 toneladas del producto ilícito.

Los intervinientes fijaron la destrucción de cinco campamentos ubicados en un establecimiento rural, para posteriormente destinar esfuerzos a la erradicación de cuatro hectáreas de la droga.

El operativo no solo le limitó a la anulación de la superficie plantada sino también a la eliminación de 1.500 kilos de la droga puesta al secado y 1.940 kilos listos para el empaquetado.

En total el operativo supervisado por el fiscal Celso Morales sacó de circulación más de 15.000 kilos de marihuana.

Las Oficinas Regionales se encuentran trabajando coordinadamente en la localización y posterior desmantelamiento de los centros de procesamiento de cargas ilícitas. Oficinas como Bella Vista Norte y Pedro Juan Caballero planean dar fuerza a nuevas incursiones que se irán acompañando con investigaciones paralelas.