• POR ROSSANA ESCOBAR M.
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Disminuyeron los saldos bancarios, el patrimonio de la institución, sin que la presidenta haya siquiera parodiado un subsidio en el consumo de combustible y mientras está peleando más plata en el Congreso Nacio­nal para pagar bonificacio­nes, horas extras, etc.

La reprogramación presu­puestaria que pide Samudio al Congreso asciende a G. 28 mil millones.

Según consta en el balance general al 31/07/2018 como en el detalle de saldos ban­carios al 3/08/2018, Petro­par contaba con unos US$ 202 millones en sus cuentas bancarias. Sin embargo, un año después, el 12 de setiem­bre pasado, la administra­ción de Samudio informó al Senado de la Nación que la empresa estatal dispone US$ 150 millones de fondos en bancos.

Es decir, los fondos banca­rios de Petropar disminu­yeron US$ 52 millones entre agosto del 2018 y setiembre del 2019 a poco más de un año del cambio de gobierno. En los documentos no se visua­lizan datos que aclaren el des­tino de la astronómica suma que se esfumó de las cuentas bancarias.

Desde el Consejo de Empre­sas Públicas también tras­cendió que el Ministerio de Hacienda tampoco está recibiendo todos los infor­mes de estados financieros de la petrolera. Sin embargo, a tambor batiente en el Par­lamento marcha aumento de rubros para gastos salariales.

OTRO AGUJERO

El cuantioso monto que desapareció de las cuentas bancarias no es el único agu­jero registrado en la admi­nistración de Samudio. El patrimonio neto de la ins­titución también dismi­nuyó entre julio del 2018 y setiembre del 2019, compa­rando con lo reportado al Congreso y el balance gene­ral al cierre de julio del año pasado.

El patrimonio neto al 31/07/2018, según estados financieros y al cambio del día según BCP, estaba en el orden de los US$ 68 millones. Sin embargo, en el informe enviado al Senado de la Nación en setiembre-2019, Petropar reconoce que posee un patrimonio neto de US$ 59 millones.

La diferencia sugiere que el patrimonio bajó casi US$ 9 millones. ¿Qué ocurrió para que el patrimonio de la institución disminuya en los últimos 12 meses?, ¿hay endeudamiento o pérdidas irrecuperables que no se están transparentando ante las autoridades pertinentes?, son preguntas que quedan picando, ya que desde la ins­titución obstaculizan expli­caciones.

Cuando consultamos por el director financiero de la petrolera Eduardo Sánchez y pedimos entrevista con él, nos dijeron que solo por escrito puede responder las preguntas, lo que dificulta una comunicación instantá­nea, ya que con la modalidad de la entrevista que imponen evitan repreguntas y aclara­ciones en el momento.

APRIETE AL BOLSILLO

De líder a la baja a presionar el bolsillo de la gente. La venta del combustible diésel común a por lo menos G. 300 más barato que el promedio del mercado quedó atrás. Esto implica un golpe anual de unos US$ 75 millones, considerando los 1,5 millones de litros de consumo al año, que multiplicado por los G. 300 equi­vale a G. 450.000 millones.

Al cambio del dólar a G. 6.000, el impacto en precios a costa de la ciudadanía es igual a US$ 75 millones.

Además, vale subrayar que como el diésel común es el fijador de la tendencia, el impacto es mayor a los US$ 100 millones si calcu­lamos las naftas y el diésel premium.

SEPA MÁS

Acostumbrada al derroche

La presidenta de Petropar es conocida por su temeraria ges­tión. Es especialista en eventos, propaganda, megafies­tas, como la del día del niño realizada en Mauricio José Troche, en la que facturaron modelos, entre las favorecidas estaban hasta nudistas.

Tiene especial preferencia por pautar publicidad en grandes holding de medios, así como servicio de marketing. Ante grue­sos escándalos tuvo que cancelar algunos, como el servicio de G. 800 millones que casi ejecutó para presencia de la marca en la Expo 2019.

Samudio es frecuentemente escrachada por este tipo de despil­farros. Sin embargo, las críticas no la desalientan.

Hace unos días nada más firmó otra resolución de adjudicación por G. 3.390 millones en concepto de publicidad y propaganda a favor de 4 publicitarias.

Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía Nacional sobre la presencia de la recién nacida, tras escuchar el llanto de la misma.

Los uniformados se acercaron al lugar y constataron que aún tenía el cordón umbilical.

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La recién nacida fue derivada de inmediato al hospital distrital, donde se encuentra fuera de peligro y en estado de observación.

La interviniente es la fiscal María Angélica Insaurralde, quien se encargará de indagar a la madre.

Nelson Medina, asesor legal de la ANDE, comentó que hasta el momento 64 denuncias fueron formuladas en el Ministerio Público, pero durante los procedimientos no lograron que se allanen todos los lugares y las máquinas incautadas se devolvía nuevamente.

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En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, explicó que están apuntando a nuevas alternativas jurídicas para sancionar y penalizar esta actividad que genera pérdidas millonarias a la institución y afecta al correcto suministro de la energía en el país.

“El problema de la ANDE no es el tema de la venta a las criptominerías que están legalmente constituidas, que sí pagan por el suministro eléctrico, tienen una tarifa diferenciada en dólares y es de conveniencia para la ANDE. Sino aquellas criptominerías en base a la sustracción de la energía electricidad cometiendo un hecho punible”, expresó Medina.

La ANDE no pudo recaudar G. 75 mil millones en un año con la instalación ilegal de las granjaminerías que utilizaron la energía y no pagaron por ella. Este millonario monto representa un daño económico a la institución.

Medina explicó que el cálculo del monto en juego se realiza con cada intervención, donde los técnicos verifican y realizan un promedio sobre el uso de la energía en la granja, allí se logran esos valores.

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia pública en el Senado para debatir sobre el proyecto de ley que pretende prohibir la instalación de granjas de criptominería en nuestro país.

Plantean una restricción a la actividad de la criptominería y a la instalación de nuevas granjas de criptomonedas en nuestro país.

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Día tras día se intervienen locales e incautan máquinas tragamonedas que están instaladas de forma irregular, sin embargo, mientras esto ocurre, en otros sitios se instalan otras más haciendo que la actividad prolifere.

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Carlos Liseras, titular de la Conajza explicó que en todo el territorio del país la cantidad de máquinas tragamonedas que operan de manera clandestina es de 150.000. Un cifra altísima que preocupa a las autoridades.

En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, indicó que estas máquinas crean adicciones en los niños y adolescentes, quienes se vuelven compulsivos con las apuestas, lo cual representa un peligro para su salud mental.

“Ellos pueden caer incluso en las garras de bandas criminales que venden estupefacientes al menudeo y arrastran a estos niños a que cometan hechos punibles. Es una situación lamentable la que estamos pasando”, expresó Liseras quien habló, además, sobre las acciones que emprendieron con el MINNA para frenar el flagelo.

Esta tarde, el MINNA, Ministerio Público y Conajzar formalizaron un acuerdo de cooperación para endurecer las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes ante la influencia de los tragamonedas.

Según Liseras, estas instituciones ya estaban trabajando en conjunto para combatir con la problemática y evitar que más niños caigan en el vicio del tragamonedas, pero el incremento de este negocio ilícito obligó a tomar otro camino.