Desde que empezó la pandemia, las autoridades nacionales tomaron decisiones drásticas en el sistema penitenciario paraguayo. Por la complejidad de la situación de los internos, que sobrepasan en cantidad a la capacidad que tienen casi todas las penitenciarías del país –según datos oficiales, de las 18 cárceles, 14 están con sobrepoblación– la presencia de este virus entre las personas privadas de libertad podría representar un grave problema.

El plan tiene como objetivo principal dar una ayuda importante al sector de la salud pública, principalmente para los médicos y enfermeras que están con problemas a la hora de tener los equipos de bioseguridad. La idea, además de esta colaboración, es seguir con los programas de reinserción laboral para los internos y las internas de las penitenciarías del país.

“Con la pandemia, también nosotros tuvimos que suspender todos los trabajos que se hacían en el interior de las penitenciarías. Se suspendieron las visitas, las íntimas y las salidas transitorias. Entonces, son medidas que afectan a la población en su estado de ánimo. Con este trabajo de confeccionar los tapabocas y otros equipos, estamos logrando que estén consiguiendo una manera de enfocarse en eso, y no pensar en toda la situación difícil”, expone la ministra de Justicia, Cecilia Pérez.

La ministra señala que justamente la idea es lograr que las personas privadas de libertad puedan tener al menos con este tipo de actividad alguna motivación, ya que desde hace más de 50 días que no están recibiendo visitas de sus familiares, un momento que para la mayoría es sumamente significativo.

Los primeros trabajos se iniciaron en la cárcel regional de Pedro Juan Caballero, donde los internos empezaron con la confección de tapabocas y luego ya fabricaron, en abril pasado, la primera cápsula para el traslado de pacientes con Covid-19. Ahora están para terminar 200 mamelucos de bioseguridad que serán entregados al personal de blanco de Amambay. Todo este proceso es supervisado por el doctor Carlos López, quien se desempeña en la sanidad de la penitenciaría. La semana pasada terminaron la segunda cápsula.

“Estamos trabajando con todo lo que podemos. Las mujeres del Buen Pastor están haciendo también para apoyar el trabajo del personal de blanco del Ministerio de Salud”, señala la ministra Pérez.

La población de la Penitenciaría Nacional (Tacumbú), de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE), de la Penitenciaría Regional de Emboscada (antigua) y la Penitenciaría Padre Juan Antonio de la Vega, también de Emboscada, trabaja en este plan de la confección de tapabocas en el marco de un convenio con la empresa Go Trading, que se encarga de comprar los insumos y los vende en el mercado interno. Según datos del Ministerio de Justicia, el promedio de producción de estos trabajadores llega a casi 3.500 mascarillas por día.

La producción de las penitenciarías regionales es entregada a los hospitales locales o empresas privadas, de tal modo que los médicos de esas regiones del país tengan suficiente cantidad de insumos en medio de esta crisis por el Covid-19. Los internos de la cárcel de Misiones, por ejemplo, elaboraron hasta ahora 65 mil tapabocas y 100 equipos de bioseguridad, que ya fueron entregados a las autoridades sanitarias de ese departamento.

“Teníamos 15 programas de reinserción del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) que tuvimos que cerrar desde la pandemia. Era necesario ver cómo paliar ese déficit. A partir de eso vimos la necesidad que había de cubrir con equipos para los médicos, entendimos que era una oportunidad”, señala Guillermo Esquivel, director de la cárcel de Misiones. “Ahora ya estamos haciendo equipos de seguridad más complejo, como la escafandra, el macacón, el cubrepies, que requieren más elaboración. Ya tenemos 100 y tenemos para hacer más”, expone Esquivel.

Todos los trabajos que se hacen en las penitenciarías se realizan con los estándares sanitarios y los productos tienen las especificaciones técnicas y sanitarias requeridas, ya que se hacen con la supervisión médica, explica Pérez. “Lo que queremos mostrar con esto es el aporte del sistema penitenciario a la salud pública en medio de esta crisis”, señala la ministra.

Actualmente hay unas 18.800 personas privadas de libertad en las 18 cárceles habilitadas del país. Apenas el 20% de esta cantidad (unas 4.000 personas) está con una condena firme. El resto sigue esperando que sus causas judiciales puedan tener un resultado final alguna vez. Mientras tanto, hacen un aporte fundamental en medio de esta crisis sanitaria que soporta el país y el mundo.

Ejemplos de predisposición, servicio y entrega son dignos de destacar, sobre todo cuando se trata de asuntos que redundan en un beneficio para la ciudadanía.

Este es el caso del licenciado Ariel Casco, enfermero de la Unidad de Salud Familiar (USF) Juan XXIII de Concepción, quien decidió implementar una modalidad práctica e ingeniosa para la vacunación.

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Se trata del recorrido casa por casa en bicicleta, teniendo en cuenta que el mismo forma parte de las brigadas de vacunación que tienen a su cargo las visitas en el barrio Inmaculada de dicha ciudad.

Todo empezó tras un pedido de un poblador de la zona, quien le había solicitado que vaya a su casa para vacunarlo a él y a su esposa. A partir de allí, este enfermero decidió continuar con las visitas en biciclo, logrando una buena recepción de parte de otras habitantes.

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Cabe recordar que actualmente se desarrolla la campaña de vacunación Invierno 2024, impulsada por el Ministerio de Salud Pública, la cual también involucra a agentes comunitarios de las USF y centros de salud distribuidos a nivel país.

Casco decidió ir en bici a cada uno de los hogares, principalmente de personas adultas mayores o quienes poseen problemas de movilidad, para facilitarles el acceso a las dosis contra la influenza y el COVID-19, destaca el portal Concepción al Día.

La Dra. Águeda Cabello, directora de Vigilancia de la Salud, comentó que Paraguay se está preparando ante la alerta por casos de fiebre de Oropouche que se reportaron en Bolivia, Brasil, Colombia y Perú.

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Se trata de otra infección que es transmitida a los humanos a través de insectos infectados, algunos de ellos de diversas especies de mosquitos. Normalmente, ubicados en zonas boscosas, como en el Amazonas, según explicó la Dra. Cabello a la 650 AM.

“Estamos atentos y en alertas en la región, debido a eso vamos a empezar un taller este lunes, sobre el dengue y otras infecciones. Uno de los temas a abordar es Oropouche, participarán países como Brasil y Bolivia, donde presentarán sus vivencias debido a que dentro del Mercosur ellos tienen experiencias en brotes”, expresó la titular de Vigilancia.

Semanas atrás, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió la alerta epidemiológica a raíz del aumento en la detección de casos de fiebre de Oropouche en algunas áreas de América y emitió una serie de recomendaciones como reforzar las medidas de control vectorial y de protección personal de la población a mayor riesgo.

De acuerdo a la OPS, el cambio climático, la deforestación y la urbanización favorecieron a la propagación del patógeno en la región.

La Corte Suprema de Justicia comunicó que, a partir de este lunes, la Dirección General de Registros Públicos requerirá a los escribanos la presentación del Certificado de Antecedentes de Deudores Alimentarios Morosos para la gestión registral de escrituras públicas de compraventa de bienes registrables.

Se trata del conocido comúnmente como “Certificado REDAM”, expedido para aquellos padres o madres que se encuentran adeudando la prestación alimentaria de sus hijos y forman parte del Registro de Deudores Alimentarios (REDAM).

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La exigencia rige tanto para la oficina central de Registros Públicos, ubicada en Asunción, como así también para todas las oficinas registrales distribuidas en el territorio nacional.

Esta medida se enmarca en el cumplimiento de la Acordada N° 1743 de la Corte Suprema de Justicia y la Disposición Técnica Registral N° 02/2024 emitida por la Dirección de Registros Públicos.

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Desde la institución aclaran que no se darán curso a las escrituras públicas de compraventa cuyos otorgantes no cuenten con el Certificado REDAM vigente al momento de la formalización del acto. Por su parte, quienes figuran en el REDAM ya no podrán registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades.

Cabe recordar que, en la actualidad, también se restringe la expedición y el otorgamiento de registros de conducir a los deudores alimentarios en las distintas municipalidades del país.