El abogado Raúl Marín, representante de los ocupantes de las siete hectáreas, confirmó que los pobladores aceptaron abandonar el terreno reclamado por una empresa inmobiliaria.

Las 1.200 personas se trasladan ahora a otro predio situado un poco más al fondo, a tan solo metros de allí y que supuestamente pertenece al Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra).

Marín explicó a Universo 970 AM que cuenta con elementos para demostrar que ese terreno es propiedad del Estado y que por lo tanto no hay impedimentos para que las familias se instalen ahí.

La Fiscalía se limita a cumplir con el desalojo de estas siete hectáreas, ya que no tiene a mano ningún elemento jurídico para evitar que los ocupantes se trasladen al otro espacio y necesitaría de una nueva orden judicial para el efecto.

El Gobierno eliminó el protocolo de desalojo que retrasaba por casi una eternidad el cumplimiento del despeje y que hizo que se acumulen más de 800 predios ilícitamente ocupados. Aquel mecanismo data de la época del entonces ministro del Interior, Carlos Filizzola . Debido al exceso de tiempo para una reacción, permitía que los invasores adquieran supuestos derechos al poder construir viviendas y hasta escuelas, y acceder a los servicios básicos como luz y agua, haciendo muy difícil la expulsión del inmueble ocupado indebidamente.

Día tras día se intervienen locales e incautan máquinas tragamonedas que están instaladas de forma irregular, sin embargo, mientras esto ocurre, en otros sitios se instalan otras más haciendo que la actividad prolifere.

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Carlos Liseras, titular de la Conajza explicó que en todo el territorio del país la cantidad de máquinas tragamonedas que operan de manera clandestina es de 150.000. Un cifra altísima que preocupa a las autoridades.

En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, indicó que estas máquinas crean adicciones en los niños y adolescentes, quienes se vuelven compulsivos con las apuestas, lo cual representa un peligro para su salud mental.

“Ellos pueden caer incluso en las garras de bandas criminales que venden estupefacientes al menudeo y arrastran a estos niños a que cometan hechos punibles. Es una situación lamentable la que estamos pasando”, expresó Liseras quien habló, además, sobre las acciones que emprendieron con el MINNA para frenar el flagelo.

Esta tarde, el MINNA, Ministerio Público y Conajzar formalizaron un acuerdo de cooperación para endurecer las medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes ante la influencia de los tragamonedas.

Según Liseras, estas instituciones ya estaban trabajando en conjunto para combatir con la problemática y evitar que más niños caigan en el vicio del tragamonedas, pero el incremento de este negocio ilícito obligó a tomar otro camino.

El hecho ocurrió el pasado viernes 19 de abril poco después del mediodía en el barrio 6 de enero de la ciudad de Itauguá, donde la denunciada Dirma Crechi, atropelló al perro de la familia Medina, dejándolo a su “suerte”.

La familia del animal indica que la mujer ni siquiera se bajó del vehículo y que solo dijo que se le avise sobre los gastos. Inicialmente accedió a pagar la radiografía y la operación del perro, pero tal cosa no ocurrió hasta el momento.

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La misma se acercó hasta el domicilio de la familia afectada e hizo firmar un documento donde constaba que se hacía responsable de los gastos, pero sin entregar el dinero. Esta situación se dejó constancia en una denuncia radicada contra la mujer en la Comisaría 6 Central de Itauguá.

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“Mi mamá firmó pensando que le iba a dar el dinero para la operación, pero no fue así. Literalmente nos estafó”, comentó la denunciante, Sheyla Medina, propietaria del perro.

Dirma Crechi es la exesposa del futbolista paraguayo, Blas Riveros, quien había presentado una acción legal contra la misma por denuncia falsa.

El tema volvió al tapete tras el anuncio en Colombia que señala el interés del Departamento de Estado de EEUU, de extraditar a tres sicarios del exjefe antimafia paraguayo.

Si Ramón Emilio y Felipe Pérez Hoyos y Margareth Chacón, son pasibles de ser extraditados, la presunción es que en el gobierno estadounidense existe elementos en contra de los mismos, y por extensión de evidencias que podrían revelar la autoría moral del magnicidio.

Medios colombianos comenzaron a abrir debate en torno a si es o no factible que la DEA negocie con los sicarios de Pecci, sobre la base de la recompensa que ofrece el gobierno estadunidense para develar al autor moral del crimen.

El sistema judicial norteamericano también contempla la figura de la delación premiada, que no es otra cosa que lograr que miembros de un complot criminal revele al principal autor, a cambio de reducción de penas y compensación económica.

El Estado colombiano ha resuelto el cien por ciento de responsabilidades de la autoría material del asesinato. Y logró las condenas, en consecuencia. Sin embargo la Fiscalía de ese país, expresó que la pesquisa no desveló al autor moral, y que esa parte corresponde a la justicia paraguaya, a partir de la convicción existente de que la orden de eliminar a Pecci, no surgió en Colombia, sino en Paraguay.

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