El comisario (SR) Fidencio Jacquet, presidente de la Federación Nacional de Gremios Policiales, en entrevista con Universo 970 AM habló, entre otras cosas, sobre un supuesto entramado que tiene como principal protagonista al Ministerio del Interior.

De acuerdo a las sospechas de este gremio, detrás del proyecto que ley que busca modificar la Carta Orgánica de la Policía Nacional para otorgarle mayores atribuciones a esta cartera de Estado, manejada hoy día por el ministro Juan Ernesto Villamayor, se encuentra un negociado para la adquisición de polígrafos.

En caso de que dicho proyecto llegara a ser aprobado por el Ejecutivo -señala-, el Ministerio del Interior tendría la potestad de hacerse cargo de todo lo relacionado al ascenso de comisarios y oficiales, así como de la admisión de nuevos aspirantes al Colegio de Policías.

Para llevar a cabo este proceso de filtro, se requerirían de los llamados “detectores de mentiras”, a fin de determinar si el personal es apto para ser promovido o para formar parte de las filas policiales.

Una de las que estaría detrás de este supuesto plan es la Fundación Líderes para el Desarrollo, enfocada en la elaboración de planes de seguridad nacional, según comentó Jacquet. En este caso, su rol sería el de brindar “asesoría” para conceder la licitación a una “empresa amiga”.

La citada fundación -que estaría encabezada por Diego Zavala junto con el abogado Felino Amarilla- supuestamente habría alegado tener experiencia con organizaciones de seguridad en Inglaterra, Estados Unidos y Colombia, para poder tener un acercamiento con el Ministerio del Interior y así involucrarse en este proceso, de acuerdo a la denuncia.

La empresa que estaría involucrada detrás de todo como posible proveedora en la licitación es Proibérica S.A., la misma que hace unos años atrás había sido denunciada por la venta sobrefacturada de helicópteros de la marca Robinson durante la administración del exministro del Interior, Rafael Filizzola.

Cabe recordar que, coincidentemente, los empresarios españoles representantes de la mencionada firma habían sido defendidos en la causa penal por Juan Ernesto Villamayor y el actual procurador general de la República, Sergio Coscia, cuando aún ejercían el rol de abogados en el ámbito privado.

Un promedio de 5.000 aspirantes se postulan anualmente para ingresar a las filas policiales. En paralelo, hay 5.000 oficiales y suboficiales que están en periodo de ascenso, sumando en total 10.000 personas que deben ser evaluadas y pasar por el polígrafo en caso de que se apruebe el proyecto de modificación de la Carta Orgánica de la Policía, indicó.

Se estima que cada polígrafo tiene un costo promedio en el mercado de 20.000 dólares, mientras que la capacitación a cada poligrafista oscila por los 3.000 dólares. Por cada equipo se necesita de un mínimo de tres personas capacitadas para realizar las pruebas.

Jacquet comentó que, de acuerdo a los cálculos realizados por el gremio, para someter a prueba a estas 10.000 personas, entre aspirantes y policías con pedido de ascenso, se necesitaría de un mínimo de 200 polígrafos para la Policía Nacional, lo cual representaría un importante gasto para el Estado.

Desde este sector temen que se pueda registrar otro nuevo caso de sobrefacturación en el Ministerio del Interior, tal y como ocurrió con la compra de comisarías móviles equipadas y la adquisición de pistolas 9mm para suboficiales, entre otros.

EMPRESA DICE NO ESTAR LIGADA A VENTA DE POLÍGRAFOS

En contacto telefónico, una representante de la firma Proibérica S.A. confirmó a nuestro medio que dicha empresa actualmente no está vinculada con la provisión de polígrafos en el país, desmintiendo así lo mencionado por el comisario Jacquet.

Días atrás se registró la llamativa desaparición de un arma de fuego del despacho de la agente fiscal Estela Mary Ramírez, en la Fiscalía de Ciudad del Este.

Se trata de una pistola calibre 9mm, la cual se encontraba guardada en el cajón del escritorio de la representante del Ministerio Público, según menciona el diario La Clave.

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Dicha arma había sido incautada en el marco de una investigación abierta contra el ciudadano brasileño Thiago Henric Días Campos (26), quien fue acusado de agredir y amenazar a su pareja sentimental.

Ramírez se habría percatado de la desaparición de la pistola el miércoles de la semana pasada, luego de darse cuenta que había sido reemplazada por un arma de aire comprimido.

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Ante lo ocurrido, la fiscal radicó la denuncia en mesa de entrada del Ministerio Público, siendo su colega, el fiscal Alcides Giménez, el encargado de impulsar la investigación por este hecho.

Al tratarse de una evidencia clave en la causa que investiga la fiscal contra el acusado, la misma solicitó una prórroga para la presentación del requerimiento conclusivo, hasta tanto se produzca (de ser posible) la recuperación del artículo.

Ayer, en horas de la mañana, en el sector VI del barrio Remansito de Ciudad del Este, se llevó a cabo un operativo de allanamiento en el marco de una investigación fiscal sobre un supuesto caso de abuso que involucra a una niña de 4 años.

Según datos preliminares, el padre retiró a su hija, donde vive con su madre y su padrastro Carlos Daniel Vera Acosta, para pasar con ella el fin de semana. Por el camino, le compró una piscina inflable para que se refresque. Cuando se metió a la piscina, la niña le expresó a su abuela paterna que sentía molestias en su cuerpo, por lo que la trasladó al hospital distrital de Presidente Franco.

En el centro asistencial, tras una evaluación médica, se determinó que la niña habría sido víctima de un posible abuso. En tal sentido, los médicos activaron el protocolo dando aviso a la unidad fiscal especializada.

Este hecho generó la intervención inmediata del Ministerio Público, que, con autorización del juez penal de garantías de Alto Paraná, Nelio Prieto Otazú, ordenó el allanamiento de la vivienda.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidos el padrastro y la madre de la menor. Además, se incautaron dos teléfonos celulares como parte de las evidencias.

El procedimiento estuvo a cargo de la fiscal Thais García, quien dispuso que la niña quedara bajo la custodia provisional de su abuela paterna, por orden de la Defensoría de turno.

Felipe Alvarez conversó este lunes con el Canal Gen-Nación Media, desde el cementerio de la Recoleta, donde, según comentó, todavía no recibió una notificación sobre la suspensión del permiso para trabajar allí, sin embargo, ya escuchó que no le permitirán el ingreso.

“Entró esa señora y acá teníamos nuestra parrillita, después dijo ‘¿quién están haciendo asado?’ Mi compañero le dijo, si le molesta señora, vamos a llevar nomás a otra parte, pero ya oikoma la sarambi, ha ya oreputeavaipaitema (ya nos retó todo mal)”, comentó Alvarez.

El señor asegura que lleva unos 40 años en el cementerio, donde realiza trabajos de albañilería y pintura, gracias a la gente que lo contrata para los arreglos de los panteones, principalmente de quienes se ven en apuros para enterrar a sus familiares.

“Yo no le conozco, ayer nomás mi hija me dijo que era aipo cocinera Telefutúrope. Esta es la primera vez que nos tratan así en 40 años”, lamentó.

Para don Felipe, era cuestión de hablar con amabilidad y eso bastaba para que ellos muevan la parrilla del lugar si ocasionaba molestias.

Durante el recorrido del canal por el sitio, se pudo constatar que, la entrada al panteón del padre de Eugenia Aquino, en realidad se encuentra a la vuelta de donde fue ubicada la parrilla.

El jefe de Gabinete Civil de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, anunció es mañana que revocarán el permiso de trabajo a don Felipe Alvarez.

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