El abogado Claudio Lovera, representante de la Conmebol, indicó en entrevista con la radio Universo 970 AM / Nación Media que es sumamente importante la nueva información publicada por el programa La Caja Negra, que expone la irregularidad en la actuación de los directivos del banco Atlas en torno a su cuestionado cliente, el extinto dirigente deportivo Nicolás Leoz.

En ese sentido recordó primero que una auditoria de la Conmebol detectó elementos concretos que comprueban que Nicolás Leoz perjudicó el patrimonio del ente para obtener beneficios ilícitos tras realizar operaciones sospechosas con el banco Atlas. Además remarcó que un banco es un sujeto obligado y que por ley debe prevenir que la estructura financiera sea utilizada para los casos de lavado de dinero.

Para ello destacó que existe el Límite Operativo Autorizado (LOA), el cual es utilizado por los bancos a los efectos de establecer un sistema de monitoreo de transacciones de un cliente, de modo a que se activen las alertas en el caso de sobrepasar el perfil asignado al mismo.

Sobre el caso de Leoz, el abogado indicó que el documento remitido por el banco de la familia Zuccolillo no se ajusta a la verdad porque contiene una mentira irrefutable. “A partir de eso el siguiente paso es chequear cuál es la motivación de esta información y las fechas son relevantes”, dijo e indicó que a todas luces se observa que se llevaron adelante las transacciones y luego se intentaron justificar.

Detalló que el 16 de marzo de 2013, Nicolás Leoz seguía siendo presidente de Conmebol; su renuncia se da a finales del mes de abril de ese año. Es en ese sentido que ocurre la irregularidad del banco Atlas, porque el documento en cuestión señala en su justificación que los ingresos de Leoz correspondían a su carácter como presidente honorario, cuando en la práctica aún seguía al frente de la institución.

Lo llamativo del caso es que la Conmebol nunca fue consultada por el banco en cuestión si Leoz recibía remuneración alguna como expresidente de la institución, de acuerdo con el entrevistado. “Eso es importante porque como en el 2015 Nicolás Leoz tenía un perfil de alto riesgo en materia de prevención de lavado, eso obligaba por resolución de la Seprelad al banco a verificar la información proporcionada por el cliente sobre el origen de los fondos, verificando in situ la realidad, pero a la Conmebol nunca fueron”, reveló.

En otro momento sostuvo que en el 2015, Atlas solo realizó un reporte por “prensa negativa”, no así por operaciones sospechosas al sobrepasar el límite del perfil asignado a Leoz.

Por otro lado indicó que la Conmebol, como víctima de Leoz y Atlas, sigue expectante al avance de la investigación del Ministerio Público y cooperando con todos los elementos que le son requeridos.

En el caso de comprobarse la denuncia hecha contra los directivos del banco Atlas por supuesto lavado de dinero, estos se exponen a una pena inicial que va hasta cinco años de cárcel, con la eventual elevación a 10 años teniendo en cuenta posibles agravantes.  A lo anterior se suma que la ley de prevención establece penas administrativas, tales como multas, apercibimientos, e incluso la suspensión del banco por un periodo importante, según Lovera.

LA CRONOLOGÍA DEL “ERROR” DE ATLAS CON LEOZ

Nicolás Leoz Almirón renunció a sus cargos de presidente de la Conmebol y FIFA el 23 de abril del año 2013, luego de escándalos y sospechas sobre sobornos. En el año 2015 tomó estado público la persecución penal por parte de Estado Unidos. Leoz estaba sindicado como responsable del desvío de unos US$ 200 millones de la Conmebol y reunía los requisitos para ser considerado lo que se denomina un “perfil de alto riesgo”.

En febrero del año 2016, el banco Atlas formaliza dos contratos de fideicomiso a favor de Nicolás Leoz y sus familiares directos. Los dos contratos se celebraron apenas un mes y 4 días después de que la fiscalía paraguaya registrara la sede de la Conmebol, como parte de una investigación del caso FifaGate.

Además, al momento de celebrarse los contratos fiduciarios, sobre Leoz ya pesaba una orden de captura internacional con fines de extradición por parte de la justicia norteamericana y un juez paraguayo había decretado su prisión domiciliaria en junio del año 2015.

La Caja Negra accedió a documentación exclusiva que revela el modus operandi del banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, para blindar dinero de Leoz a través de los contratos de fideicomiso.

Comunicaciones internas fechadas desde el 16 de diciembre del 2015 entre la supervisión de riesgo de lavado de dinero de la Superintendencia de Bancos del BCP y el oficial de cumplimiento del banco Atlas revelan las sospechas que ya existían sobre el origen de los fondos manejados por Nicolás Leoz.

Entre las preguntas realizadas desde la banca matriz al banco de los Zuccolillo se encuentra el tipo de riesgo desde el punto de vista de Prevención de Lavado de Dinero, así como el Limite Operativo Autorizado (LOA) de Nicolás Leoz.

En su respuesta, el Oficial de Cumplimiento del banco Atlas señala que Nicolás Leoz es de “riesgo alto”, que su límite operativo autorizado es de G. 1.400.000.000 y el anual es de G. 16.800.000.000.

Sobre los ingresos que sustentan el limite operativo el oficial del banco señala: “Todos demostrados con documentaciones y certificados que constan en su carpeta”. Entre estos certificados, luego invoca “Certificados de Ingresos por Gastos de Representación (C.S.F)”.

También señala en la nota que Nicolás Leoz “tuvo alertas emitidas por operaciones fuera de Límite y que fueron justificadas con la presentación de orígenes de fondo”.

Luego, en febrero de 2016, el Directorio de banco Atlas aprueba y ratifica la suscripción de los contratos de fideicomiso, aceptando la designación del como fiduciario.

En mayo de 2016, en atención a estos contratos de fideicomiso celebrados entre Atlas y Leoz, la supervisión sobre Riesgo de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo de la Superintendencia de Bancos (SIB) del BCP solicita al Oficial de Cumplimiento del banco Atlas “las documentaciones de respaldo (pueden ser copias escaneadas adjuntas y fedatadas, dirigidas a este correo) deben permitir determinar la fuente generadora de los ingresos que generaron dichos certificados de depósitos de ahorros”.

Es decir, el Banco Central solicita información sobre el origen de los fondos de las cuentas de certificados de ahorro que pasaron a los fideicomisos. En respuesta a este pedido, el Oficial de Cumplimiento del banco Atlas señala que se adelanta remitiendo el estudio del perfil de Nicolás Leoz.

Lo remitido por el banco de los Zuccolillo fue el LOA (Limite Operativo Autorizado) de Nicolás Leoz, firmada por el Oficial de Cumplimiento y fedatada. Con dicho documento, la Superintendencia de Bancos se dio por satisfecha y no requirió documentos de respaldo para determinar las fuentes generadoras de ingresos.

La fecha del análisis del perfil asignado a Nicolás Leoz por el banco Atlas es de fecha 16 de marzo del año 2013. En el documento se contempla, por ejemplo, ingresos por caja estimados anuales como consecuencia del supuesto cargo de expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

En esa fecha, 16 de marzo del 2013, consignada en los documentos remitidos por el banco Atlas para justificar los ingresos, Leoz aún era presidente activo de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Es decir, banco Atlas cometió un fatal error al informar sobre los ingresos de Leoz basados en situaciones claramente inexistentes, ya que en ese momento, marzo del 2013, Leoz seguía siendo presidente de la Conmebol y el documento con el que pretenden justificar ingresos mensuales durante todo un año como expresidente de la Conmebol es del año 2015.

En el mes de mayo del 2022, la Superintendencia de Bancos inició diligencias de supervisión, para evaluar la razonabilidad de los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el Banco Atlas, relacionados a las operaciones de Nicolás Leoz.

Por medio de una nota dirigida a su directora de Asuntos Internacionales, Tatiana García, el Ministerio Público de Paraguay hizo llegar su solicitud, la cual tendría la finalidad de facilitar y coordinar entrevistas presenciales con los investigadores, así como, con quienes esa Fiscalía General de la Nación considere útil para el avance del caso.

En el pedido se expresa, además, que el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, como titular del Ministerio Público “se encuentra particularmente interesado en el avance y conclusión exitosa de este caso, que no solo enluta a la sociedad paraguaya y colombiana, sino a quienes forman parte de los sectores de justicia y seguridad en todo el mundo”.

La propuesta es que las entrevistas sean entre el viernes 26 de abril y el jueves 2 de mayo, por la alta necesidad de adelantar y esclarecer el caso del asesinato de Marcelo Pecci.

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Los adolescentes son del bachillerato técnico en Salud, y presentaron mareos y dificultad respiratoria, según el reporte del Ministerio de Salud. Sospecharon que podría ser mercurio, sin embargo, fue descartado con los exámenes de orina que se le practicó a los menores.

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Según las primeras versiones, ocurrió cuando estaban en una clase de laboratorio manipulando un termómetro que se cayó, pero una docente de la institución aclaró que fue ecológico.

“El termómetro estaba intacto, el vidrio no estaba roto, pero lo que estaba adentro, sí tenía una pequeña abertura. Lo que pasó fue que durante el almuerzo ese termómetro cayó al piso y en cuestión de media hora, ciertos alumnos se sintieron mal. Vale aclarar que ese termómetro no era a mercurio, sino ecológico”, expresó en conversación con Monumental.

Los bomberos llegaron hasta el colegio para verificar las instalaciones y no hallaron nada en el ambiente, según la directora del centro educativo. Las imágenes del circuito cerrado también fueron analizadas.

De momento, los alumnos están internados en observación en el Hospital Pediátrico de Acosta Ñu mientras se investiga la causa que provocó la intoxicación.

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El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.