La diputada Blanca Vargas de Caballero, acusada de “planillera” por Marta Lafuente, negó que esté cobrando sin trabajar, tal como dijo la exministra de Educación: “La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se solidarizó con los estudiantes, pero yo le pregunto: ¿por qué nunca se acercó a trabajar?”

“Yo me solidaricé con los jóvenes. Eso le habrá enojado. Eso lo hice por el bien del Gobierno, para descomprimir el momento que estábamos pasando”, dijo a la 730 AM.

La sindicada de planillera, cuyo nombre figuró en la lista de los docentes sacados del MEC, negó que siga teniendo rubros ni vínculo alguno con la escuela San Roque González de Santa Cruz, de Minga Guazú. “Yo era docente del turno mañana y tarde. En el 2007 renuncie al turno mañana y el 2008 en el tarde. No tengo rubro ni vínculos con esa escuela. Mis rubros quedaron en la institución y ganaron otras docentes”, aseveró.

Explicó que sí cuenta con un rubro de alfabetización, mediante el cual enseñaba en el Centro Educativo 1079, que funciona en la misma institución citada anterior, pero en el horario nocturno.

En cuanto a las denuncias en su contra por supuestamente seguir cobrando pese a no ir a trabajar, aclaró que “hubo un error de informática”.

“Tengo todos los documentos, mi registro de firmas, mi carga horaria trabajada, por eso hoy sigo normalmente trabajando”, aseveró al momento de señalar que percibe la suma de 1.420.000 guaraníes.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.