Según la Cámara de Diputados, el proyectista alegó que dicha sustancia tiene un costo excesivamente bajo, pero con alta eficacia, según médicos y pacientes que lo han utilizado. Comentó que, interiorizándose en el tema, conoció estudios muy interesantes que respaldan la efectividad de esta sustancia.

“Rescato uno que se encuentra publicado, desde finales de enero de 2021, en la prestigiosa revista Journal of Molecular and Genetic Medicine. Es un estudio elaborado por médicos investigadores muy reconocidos, denominado ‘Determinación de la eficacia del dióxido de cloro en el tratamiento de COVID 19’, cuya copia también presenté para conocimiento de los colegas”, expresa el parlamentario en su escrito de presentación.

Además de esto se suma a las indagaciones realizadas a profesionales médicos, nacionales e internacionales, que supuestamente le habrían confirmaron al legislador que existen varios estudios sobre la sustancia, con resultados altamente eficaces. “Esto me lleva a luchar y procurar su implementación como tratamiento alternativo para el Covid-19”, dijo el parlamentario.

Mencionó la importancia de que este tratamiento cuente con un proceso controlado de elaboración, el cual, necesariamente, debe estar supervisado por especialistas, “hecho que no se puede fiscalizar en la clandestinidad, ya que con esto evitamos la venta y adquisición de productos de baja calidad, que no reúnan los parámetros requeridos o, lo que es peor, que las personas resulten víctimas de inescrupulosos”.

Resaltó lo relacionado al costo, el cual podría rondar entre unos cuatro o cinco dólares por persona, desde el inicio del tratamiento hasta la recuperación total del paciente, monto que incluye los componentes para su elaboración y su correspondiente suministro en hospitales públicos, privados y/o en tratamientos ambulatorios, según expresó.

Uno de los artículos del proyecto señala que la comercialización de esta sustancia deberá realizarse con indicaciones de uso y detalle de dosificación; que deberá ser elaborada por laboratorios y/o universidades, para su posterior provisión al gobierno central, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, farmacias, sanatorios o clínicas legalmente establecidas; y que la venta deberá ser autorizada sin necesidad de receta médica, bajo exclusiva responsabilidad del comprador.

“Los hospitales y centros de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y las dependencias médicas de las gobernaciones y municipalidades, deben garantizar el suministro a las personas que requieran la Solución de Dióxido de Cloro, para tratamiento alternativo consentido, preventivo o curativo, incluyendo al Coronavirus (COVID-19)”, dice otro apartado.

Por último, vale mencionar que por el tiempo que dure la pandemia del Coronavirus, se pretende la liberación del pago de tributos aduaneros en la importación del Clorito de Sodio (NaClO2), como precursor de la Solución de Dióxido de Cloro y sus correspondientes activadores.

El documento será estudiado por las comisiones asesoras de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Prensa, Comunicación Social, Artes y Espectáculos; Salud Pública; Asuntos Municipales y Departamentales; y Presupuesto.

Las fuertes precipitaciones provocaron grandes raudales en varios puntos de la ciudad, especialmente, en la zona del arroyo San Juan donde hoy murieron dos mujeres arrastradas por el agua.

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Esta situación motivó a los ediles luqueños a declarar la ciudad en emergencia y determinar qué acciones tomar para ayudar a los pobladores afectados y prever que otra situación similar, no vuelva a ocurrir.

Para buscar una salida a los inconvenientes ocasionados por las intensas lluvias, la concejala Belén Maldonado planteó como primera medida, crear un Comité de Emergencia, lo cual fue aprobado por los demás miembros de la Junta.

Este comité estará conformado por dos representantes liberales y dos representantes colorados, quienes serán los encargados de determinar qué acciones tomar ante una crisis.

Luque fue golpeada este miércoles luego de que Sara Benítez (48) y su hija Nilda Lujan Barrios Benítez (19) murieron tras ser arrastradas por un raudal hasta un arroyo ubicado detrás del Club Valderrama.

En conferencia de prensa tras reunión entre representantes de gobernadores, intendentes y autoridades del Poder Ejecutivo, se dio anuncio de la reglamentación de la ley «Que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar (Hambre Cero en Nuestras Escuelas y Sistema Educativo)”.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, comentó que la reglamentación establece el delineamiento general de la implementación de la alimentación escolar, aspectos legales y la intervención de las autoridades competentes.

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“Con esto arranca el gran desafío de llevar adelante esto. El objetivo va a ser empezar la provisión de la alimentación escolar a partir de los primeros días de agosto, después de las vacaciones de invierno”, sostuvo el ministro Rojas.

Señaló además que en una primera fase, la provisión se hará en 75 distritos de 7 departamentos con mayor prioridad, conforme a los indicadores de mapa de pobreza del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Anunció también que el llamado a licitación se estaría dando entre el 6 y 10 de mayo.

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Por su parte, el ministro de Educación, Luis Ramírez, manifestó que el objetivo es llegar con alimentos los 280 días de actividad escolar. “Es un día de mucha alegría para la educación paraguaya, para las escuelas y sobre todo para nuestras familias. Aquí hay un trabajo en conjunto en beneficio de nuestros niños”, indicó

“Sin alimentación, no puede haber aprendizaje. Hoy los que estamos en educación tenemos que estar muy felices. Es un día de celebración para todos”, subrayó Ramírez.

La muerte súbita se produjo sobre Tavyterã casi Avda. Fernando de la Mora, del barrio San Pablo de Asunción.

Al respecto, el agente fiscal Hernán Galeano, de la Fiscalía Barrial 1, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a los familiares del hombre.

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Tras las diligencias de la representación fiscal y de acuerdo al informe dactiloscópico, se trata de Lorenzo Samaniego Olivera, de 37 años, oriundo de la localidad de Ypané, cuyo cuerpo se encuentra en la Morgue Judicial.

Para cualquier información, comunicarse a los teléfonos (021) 550 – 649 / 550 – 810 / 550 – 640, o bien al +595 981 507598, perteneciente a la morgue.