​Durante la sesión extraordinaria desarrollada en la fecha, la Cámara Baja analizó el proyecto de ley “Que modifica y amplía la Ley N° 6641/20, De Apoyo Financiero a los Gobiernos Departamentales para la reactivación económica y la ejecución de obras de infraestructura que generen fuentes de trabajo durante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del Covid-19”.

Para el tratamiento de la propuesta, el pleno se constituyó en comisión teniendo en cuenta que, al tratarse de un proyecto nuevo, no contaba con dictamen, siendo éste un requisito indispensable para su análisis en la sesión plenaria.

La propuesta legislativa, presentada por el diputado Emilio Pavón, pretende que las gobernaciones tengan las herramientas legales para destinar parte de sus recursos a la construcción de plantas de oxígeno.

El citado proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados, introduciendo una modificación en el texto del documento para contemplar que un mínimo el 20% de las recursos recibidos por las gobernaciones en virtud de la Ley N° 6641/20 puedan destinarse en obras y equipamientos de salud pública.

Con esto, se busca que desde las gobernaciones contribuyan a hacer frente la escasez de oxígeno medicinal, elemento vital para el tratamiento a pacientes con COVID-19.

El documento fue remitido a la Cámara de Senadores para su respectivo tratamiento.

La falta de oxígeno es una realidad que se vive hoy día en varios hospitales públicos de nuestro país, en atención a la alta demanda por la cantidad de pacientes que sufren de la enfermedad.

Una comitiva encabezada por la agente fiscal Diana Burgos esta mañana realizó una intervención en un domicilio situado en el barrio Las Mercedes de Areguá.

El allanamiento, que contó con acompañamiento de agentes del Departamento contra el Crimen Organizado, se realizó tras una grave denuncia sobre la supuesta práctica de abortos clandestinos en el sitio.

Te puede interesar: Identifican a grupo que atacó las páginas web del Gobierno

Dicha denuncia fue formulada por una adolescente de 17 años, quien acusó a su propia madre de llevarla a esta “clínica” para ser sometida a una interrupción de su embarazo.

Durante el procedimiento, se logró la detención de Anuncia Francisca Villalba Portillo, quien presuntamente sería la partera empírica a cargo de practicar los abortos.

Los intervinientes hallaron varias evidencias en la propiedad, las cuales acrecientan las sospechas respecto al hecho denunciado, incluyendo tabletas de pastillas, pequeños restos óseos y sondas, entre otros.

Leé también: Caída de cartel en la ruta: “La camioneta es mi elemento de trabajo”

La dueña de casa, al percatarse de la presencia policial, habría arrojado parte de las evidencias en un pozo ciego de la vivienda, a fin de evitar su incriminación.

“Con las evidencias recolectadas, tenemos la certeza de que ocurrió tal hecho (aborto) en este lugar”, afirmó el comisario Luis López.

El último informe difundido por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior sobre las carreras de Medicina, muestra el panorama actual a nivel país.

De las 43 carreras habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), solamente 22 fueron acreditadas por el Modelo Nacional de Evaluación de la ANEAES, que contiene los estándares de calidad exigidos. Además, tres carreras tienen acreditación regional por el sistema ARCU-Sur.

Lea también: Caída de cartel en la ruta: “La camioneta es mi elemento de trabajo”

Referencias:

Verde: Acreditada

Salmón: Postergada

Blanco: Sin acreditación

Esta evaluación de la ANEAES es necesaria y requerida por la ley número 2072/2003, que convierte en sujetos obligados a todas las carreras de impacto directo sobre la vida y la salud de la gente.

En el paquete de 43 carreras, de las 21 que no figuran como acreditadas por ANEAES, algunas están en proceso, otras fueron postergadas y algunas esperan nuevas visitas de verificación.

En cuanto a la distribución geográfica, la ciudad que más carreras de Medicina concentra es Asunción, con siete, seguida por el departamento de Amambay con seis.

Por su parte, Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Itapúa, Concepción, Central y San Pedro tienen un promedio de una y dos.

Además, HOY: Avioneta estacionada en el aeropuerto fue arrastrada por la tormenta

En entrevista con el canal GEN, el director Benito Torres explicó que el informe de la Contraloría no menciona faltantes de fondos ni irregularidades presupuestarias, sino que se enfoca exclusivamente en la utilización de la cuenta única municipal. "No hay ninguna causal que justifique la intervención. (…) Se trata de una diferencia de interpretación legal que debe ser resuelta por el Tribunal de Cuentas", sostuvo.

El director jurídico argumentó que la Carta Orgánica Municipal establece que la administración financiera debe regirse por la Ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado, lo cual habilita el uso de la cuenta única. Además, resaltó que la ordenanza municipal que crea esta herramienta está plenamente vigente y no fue declarada inconstitucional.

Torres también negó que la Contraloría haya encontrado nuevas irregularidades, y afirmó que el municipio entregó toda la documentación requerida. En cuanto a las obras financiadas con bonos municipales, aclaró que están en curso y que no hay incumplimientos en la ejecución presupuestaria. “Las rendiciones de cuentas de los años 2020 a 2024 fueron aprobadas por la Junta Municipal”, subrayó en otro momento.

Torres reiteró que la Municipalidad de Asunción está abierta al control y la fiscalización, pero consideró improcedente que la Contraloría pida la intervención basándose en interpretaciones jurídicas que aún no tienen una resolución judicial definitiva, ante el uso que se está dando a la herramienta de la “caja única”.

En su pedido de intervención, la Contraloría refiere supuestas irregu­laridades que se dieron en la gestión presupuestaria de la institución entre los años 2021 y 2024. El contra­lor citó la emisión del bono G8, por G. 360.000 millo­nes realizada en el año 2022 para obras de desagüe plu­vial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emi­siones en anteriores admi­nistraciones. Según la Contraloría, el municipio capitalino viene haciendo abuso de la cuenta única, lo cual se traduce en la transgresión de normas administrativas.