El titular de la Cámara Baja, Pedro Alliana, señaló que desde su gestión seguirá con el fortalecimiento de las oficinas donde el ciudadano pueda acceder a toda la información pública. “Estoy convencido que esta ley es fundamental para la libertad de expresión, la democracia y la transparencia”, apuntó.

Alliana recordó que Diputados cuenta actualmente con una oficina de Acceso a la Información Pública en pleno funcionamiento, donde las personas, interesadas en acceder a cualquier tipo de información generada en la Honorable Cámara de Diputados, pueden presentar una solicitud, personalmente, por correo electrónico o en forma escrita o verbal y, de esa manera, tener acceso a las informaciones que precisen.

Por su parte el director administrativo, Ramón Solís, indicó que se precisan requisitos mínimos del solicitante para que el pedido sea recepcionado. Destacó el trabajo de la Dirección General de Comunicación que difunde de manera inmediata las informaciones generadas ya sea en comisiones, o ahora mismo en la Bicameral de Presupuesto.

Según las especificaciones requeridas y establecidas por la reglamentación de la mencionada ley, la presentación contendrá la identificación del solicitante, su domicilio real, la descripción clara y precisa de la información pública que requiere y, finalmente, el formato o soporte preferido, sin que esto último constituya una obligación para el requerido. Las respuestas son entregadas en un plazo mínimo de 15 días tal como dispone la normativa, según un informe de prensa.

En el portal de la institución, la ciudadanía en general puede tener acceso al Anexo de Personal (Cargos y Remuneraciones), Aporte Jubilatorio, Ejecución Administrativa, Ejecución de Ingresos, Gastos Varios, Informes de Viajes Parlamentarios (Informe por Diputado), Lista de Vacancias, Misiones Parlamentarias (Viáticos), Patrimonio de la institución, entre otros.

Asimismo, a través del holding de medios con que cuenta la Cámara Baja, se transmiten las sesiones ordinarias y extraordinarias, el estudio del Presupuesto General de la Nación, audiencias públicas de interés general, para que la información llegue de primera mano a todos los paraguayos.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

Te puede interesar: Más de 200 quedaron sin luz, reclamaron y ‘ahí’ se enteraron que eran piratas eléctricos

Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.

Los padres de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses, acudieron esta mañana a la Fiscalía de Encarnación en compañía de su abogada para formalizar una denuncia por presunta negligencia médica.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los mismos acusan a los médicos del Hospital Pediátrico Municipal de haber sido responsables de la muerte de su pequeña hija, luego de llevarla allí para recibir atención médica.

Te puede interesar: Inician sumarios administrativos por muerte de niña en Hospital de Caacupé

Según el relato, habían acudido a este centro asistencial el pasado 6 de abril debido a que la menor presentaba un cuadro de vómito y fiebre alta. Al ser atendida por el personal del blanco, le administraron una inyección buscando mejorar su condición.

Luego de aproximadamente 40 minutos, tiempo estimado para que el medicamento haga efecto, los mandaron nuevamente a casa. Al llegar a la vivienda, se percataron que su hija ya no respiraba, por lo que rápidamente volvieron al hospital.

“Llegamos corriendo y le metieron a urgencias, le hicieron la reanimación, la doctora llamaba a todos lados. Después le liaron (con una sábana) y ya le llevaron en la morgue. Nada no me dijeron”, afirmó Analía Acevedo, madre de la pequeña Jazmín.

Leé también: No la atendieron por carecer de cédula: investigan muerte de bebé en el hospital de Minga Guazú

La misma asegura que su hija era una bebé sana, consumía solo lecha materna y tenía todas sus vacunas al día, además de que la sometían a controles clínicos de forma periódica. Por ello, les extraña la forma en que se produjo el deceso.

Los padres esperan que el Ministerio Público dé seguimiento a su denuncia y se encargue de hacer las diligencias pertinentes, a modo de dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de su hija.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior a ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas las ocupantes del inmueble de manera irregular, y que estaban conectadas a la red eléctrica de manera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos sí encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos, serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que, no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

Te puede interesar: Otra víctima de los estafadores: Pidieron millonario préstamo vía banca web sin su autorización