Los legisladores Juan Bartolomé Ramírez, Julio Javier ríos, Ever Ovelar, Pablino Rodríguez, Ramón Romero Roa, Edgar Acosta, Oscar Tuma, Jorge Avalos Mariño y Karina Rodríguez, serán integrantes de la comisión para el estudio de antecedentes relacionados a la evasión de impuestos, producción de documentos, lavado de dinero y asociación criminal.

“Vamos a tratar de analizar los primeros elementos que disponemos, tenemos un plazo para emitir dictamen y vamos a ver lo que sucede”, expresó Ramírez en conversación con Radio UNO.

Explicó que en principio la denuncia presentada por la Fiscalía era de 55.000 millones de guaraníes, en diciembre pasado trepó a 398.000 millones de guaraníes y luego de se sumaron siete 100.000 millones más.

Indicó que las involucradas son siete empresas de maletín y otras 300 compañías que fueron adquiriendo boletas para presentar su contabilidad.

Esta nueva comisión conformada este martes, trabajará de manera conjunta con la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja.

En la penúltima sesión ordinaria del año, la Cámara Baja tratará el proyecto de ley “Que sustituye, modifica e incorpora varias disposiciones del régimen legal del Instituto de Previsión Social (IPS)”.

El artículo 2 de la propuesta es el que plantea uno de los cambios principales: la modificación en el cálculo para la jubilación.

Actualmente, para saber cuánto será el monto a cobrar de manera mensual (haber jubilatorio), se debe realizar el cálculo: sumar los 36 últimos meses de salario sobre los cuales se hicieron los aportes al seguro social, luego se calcula el promedio de esa cifra total y se divide con 36, lo que da como resultado el monto a cobrar.

Sin embargo, lo que el proyecto plantea es considerar el promedio de los últimos 120 meses (10 años) de salarios declarados y registrados, anteriores al último aporte.

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La nueva consideración del cálculo de haber jubilatorio que, de 36 meses pasará a 120 meses, se aplicará de manera gradual, a razón de un mes por cada mes de vigencia de la ley.

El artículo 1 del proyecto modifica el artículo 59 (sobre los tipos de jubilaciones) de la ley 1860/1950 de creación del IPS y en esencia, añade una quinta posibilidad de jubilación, quedando así:

Ordinaria, anticipada, proporcional, invalidez por enfermedad común o accidente que no sea de trabajo y, por último y como agregado, invalidez por accidente de trabajo o enfermedad profesional.

DISTRIBUCIÓN EN LOS APORTES

El artículo 7° modifica el artículo 17, referente a los recursos del instituto y señala que: el aporte adicional del empleador del 2,5 % que hoy se destinan al Ministerio de Salud (a Senepa en específico) y al Ministerio del Trabajo (al SNPP) serán asignados en un 100 % al Fondo de Maternidad.

Esto también tendrá una gradualidad y será en un plazo de cinco años con un incremento anual de 0,5 puntos porcentuales a partir del ejercicio fiscal inmediato posterior a la promulgación.

ESCRIBANÍA MAYOR DE GOBIERNO

Con el objetivo de ser exonerado de todo gasto, tasa o arancel que incida sobre su inscripción en los registros públicos, será la Escribanía Mayor de Gobierno la que se ocupe de autorizar, labrar y formalizar todos los contratos, actos protocolares y extraprotocolares, escrituras públicas, títulos de propiedad y demás documentos que resulten necesarios para la transferencia de bienes inmuebles, a título oneroso o gratuito, modificación o extinción de derechos reales.

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A las 9:00 de la mañana está convocada la penúltima sesión ordinaria del año en la Cámara de Diputados, donde, entre los puntos resaltantes del orden del día aparece el proyecto “Que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional (RUN)”.

Con esta propuesta, tres instituciones que estaban separadas y en dos poderes del Estado: Registros Públicos en el Poder Judicial; Catastro y Agrimensura y Geodesia en el Ejecutivo, se unificarán en una institución llamada RUN, que dependerá exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia.

Actualmente los procesos se cumplen por separado, Catastro, Geodesia y Registros Públicos, cada uno con sus plazos. Catastro puede llevar más de dos o tres meses, mientras que, el Poder Judicial, unos 30 días para dar entrada o salida para acabar la registración.

La unificación, según los impulstores, no representará gastos en tasas, es decir, el trámite no implicará un aumento de lo que actualmente la gente gasta para tramitar una titulación.

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Desde la Comisión de Desarrollo Social, Población y Vivienda, que sesionó ayer, recomendaron aceptar la versión de la Cámara de Senadores, donde plantean prescindir del certificado de dominio para la inscripción de títulos. Los diputados necesitan 41 votos para ratificarse en su postura inicial que incluye dicho certificado.

Algunos ejes del proyecto:

Concentra los trámites y reduce los plazos globales de Catastro y Registros

Publicita los casos de superposición de títulos, lo que da mayor seguridad para la compra de inmuebles

Impide nuevos casos de superposición de títulos

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El programa Becal anunció la disponibilidad de 71 becas de posgrados para maestrías y doctorados en el exterior. Los requisitos, pasos para la postulación y otros datos indispensables, en esta nota.

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A partir de este lunes 16 de diciembre estarán habilitadas las postulaciones a las becas del programa Carlos Antonio López para Instituciones de Educación Superior a través de la web SPI de Conacyt.

Los tipos de beca; el presupuesto, financiamiento y duración de beneficios; los requisitos y documentos para la postulación, tanto del estudiante como del programa y tutor, las obligaciones que debe cumplir el becario durante su posgrado y al terminarlo se encuentran detallados en la página de beca, en este link.

Para las becas dirigidas a trabajadores del sector privado, se exige que el aspirante esté trabajando en el momento de la postulación, con una antigüedad laboral mínima de dos años (requisito excluyente), y cuyo programa de estudios esté directamente relacionado con las funciones que desempeñan actualmente.

En cuanto a las becas para el sector público, los postulantes deben ser nombrados con al menos dos años de antigüedad y acreditar que el programa de estudio esté alineado a las funciones que desempeña actualmente (requisito excluyente).

Para postulantes a maestrías en educación, deberán presentar constancia formal de que se encuentran prestando servicios en el ámbito de la educación con una antigüedad mínima de 24 meses a la fecha de postulación (excluyente).

Entretanto, las becas para doctorados van para trabajadores del sector privado, que se encuentren trabajando en el momento de la postulación, con una antigüedad laboral mínima de dos años (requisito excluyente), y cuyo programa de estudios esté directamente relacionado con las funciones que desempeñan actualmente.

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También van para trabajadores del sector público, que deberán ser nombrados con al menos dos años de antigüedad y deberán acreditar que el programa de estudio esté alineado a las funciones que desempeña actualmente (requisito excluyente).