En sesión extraordinaria, los diputados dieron estudio al proyecto de ley “Que regula la industria y comercialización de activos virtuales – criptoactivos”, remitido por el Senado.

La decisión fue aprobar la normativa, pero con modificaciones, con base en los dictámenes dados a conocer por las comisiones asesoras de Asuntos Económicos y Financieros y de Ciencia y Tecnología, según informa la Cámara Baja.

La propuesta tiene por objeto regular las actividades de minería, comercialización, intermediación, intercambio, transferencia, custodia y/o administración de criptoactivos o instrumentos que permitan el control sobre criptoactivos.

Se apunta a garantizar la seguridad jurídica, financiera y fiscal en los negocios derivados de su generación y comercialización.

Según explicaron los legisladores, la eventual ley será de aplicación obligatoria para toda persona física o jurídica domiciliada en Paraguay, que se dedique a las actividades de minería, comercialización, intermediación, intercambio, transferencia, producción, custodia y/o administración de criptoactivos o instrumentos que permitan el control sobre los mismos.

La iniciativa establece la autoridad de aplicación del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que coordinará las actividades de registro, supervisión y control junto con la Comisión Nacional de Valores; la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD); la Administración Nacional de Electricidad (ANDE); y el Ministerio de Hacienda, a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Se pronunciaron a favor de la propuesta, los diputados Sebastián García (PPQ-Capital); Carlos Rejala (PPH-Central); Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú); Celso Kennedy (PLRA-Caaguazú); entre otros.

En contrapartida, el legislador Tadeo Rojas (ANR-Central), brindó detalles de un dictamen negativo de la Comisión de Presupuesto.

Explicó que algunas instituciones, a pesar de ser consideradas muy importantes para los alcances de la normativa, no acompañan la aprobación y se manifiestan abiertamente en contra, como el MIC, donde se enfatiza el bajo impacto en creación de empleos con relación al consumo energético que requiere.

También mencionó al BCP, que en su informe remitido da cuenta que el proyecto no cumple funciones básicas del dinero y constituye inversiones de alto riesgo, pudiendo generar “falsa sensación de seguridad con relación a la tenencia de activos”.

“No compensa los costos en cuanto a consumo de electricidad; la Comisión de Presupuesto recomienda el rechazo”, dijo el diputado Rojas, al tiempo de recordar que también la SET, SEPRELAD y la Comisión Nacional de Valores, están en contra.

Respondió a los cuestionamientos el parlamentario Sebastián García, que dijo que “es cierto que implica un alto consumo energético, pero es cierto, igualmente, que se han fijado topes y habrá atribuciones para las instituciones, a los efectos de poner plazos, tiempo límite para que el consumo de energía vaya en línea con la disponibilidad”.

El diputado Basilio Núñez (ANR-Presidente Hayes), a su turno, tajantemente, señaló que “esto va a favorecer el lavado de dinero y el crimen organizado”.

“Si no lo aprobamos, va a seguir siendo un negocio irregular, sin control”, expuso, a su vez, el diputado Celso Kennedy.

Finalmente, tras un extenso debate, el plenario optó por aprobar este proyecto y tener en cuenta ciertas modificaciones impulsadas por las referidas comisiones de Asuntos Económicos y de Ciencia y Tecnología, que encabezan los diputados Justo Zacarías (ANR-Alto Paraná), y Sebastián García, respectivamente.

Los decomisos se realizaron en comercios y supermercados de Capiatá, según informaron desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

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Aparentemente, los locales intervenidos no cumplían con las medidas establecidas por la Ley de Pesca y Acuicultura para comercializar productos pesqueros. Igualmente, hallaron como piezas de animales silvestres, tampoco sin los permisos.

Se decomisaron aproximadamente 130 kilos de surubí pintado que, según el Mades, serán donados a entidades benéficas para su consumo.

La intervención fue llevada a cabo por técnicos de la dirección de Pesca y Acuicultura y la dirección de Fiscalización Ambiental del Mades.

Desde la institución recuerdan que la venta de animales silvestres y pescados sin medidas está sujeta a sanciones administrativas y penales.

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Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía Nacional sobre la presencia de la recién nacida, tras escuchar el llanto de la misma.

Los uniformados se acercaron al lugar y constataron que aún tenía el cordón umbilical.

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La recién nacida fue derivada de inmediato al hospital distrital, donde se encuentra fuera de peligro y en estado de observación.

La interviniente es la fiscal María Angélica Insaurralde, quien se encargará de indagar a la madre.

Nelson Medina, asesor legal de la ANDE, comentó que hasta el momento 64 denuncias fueron formuladas en el Ministerio Público, pero durante los procedimientos no lograron que se allanen todos los lugares y las máquinas incautadas se devolvía nuevamente.

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En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, explicó que están apuntando a nuevas alternativas jurídicas para sancionar y penalizar esta actividad que genera pérdidas millonarias a la institución y afecta al correcto suministro de la energía en el país.

“El problema de la ANDE no es el tema de la venta a las criptominerías que están legalmente constituidas, que sí pagan por el suministro eléctrico, tienen una tarifa diferenciada en dólares y es de conveniencia para la ANDE. Sino aquellas criptominerías en base a la sustracción de la energía electricidad cometiendo un hecho punible”, expresó Medina.

La ANDE no pudo recaudar G. 75 mil millones en un año con la instalación ilegal de las granjaminerías que utilizaron la energía y no pagaron por ella. Este millonario monto representa un daño económico a la institución.

Medina explicó que el cálculo del monto en juego se realiza con cada intervención, donde los técnicos verifican y realizan un promedio sobre el uso de la energía en la granja, allí se logran esos valores.

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia pública en el Senado para debatir sobre el proyecto de ley que pretende prohibir la instalación de granjas de criptominería en nuestro país.

Plantean una restricción a la actividad de la criptominería y a la instalación de nuevas granjas de criptomonedas en nuestro país.

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