El documento aprobado señala que las personas mayores tienen derecho a recibir atención integral, incluyendo su acceso preferente a los servicios médicos y a recibir capacitación y orientación respecto a su salud, nutrición, higiene y todos aquellos aspectos que favorezcan su cuidado personal.

La iniciativa recuerda además que la Constitución Nacional establece que el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona; y que la tercera edad tiene derecho a una protección integral, mediante servicios sociales que se ocupen de las necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio.

Un apartado refiere que la Ley N° 1.855/2002 – De las personas adultas mayores, reconoce que este segmento etario requiere de una atención direccionada, tal como los niños en el Hospital Niños Mártires de Acosta Ñu, y al igual que lo tienen los adultos mayores asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), en el Hospital Geriátrico Prof. Dr. Gerardo Buongermini.

Gisele Mousques, esposa de Darío Filártiga, había ganado G. 2.000 millones de indemnización tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia contra Teledifusora Paraguaya S.A., propiedad de Christian Chena, quien tras esto comenzó los ataques personales contra la mujer, quien a su vez recurrió a la justicia.

La mujer denunció al empresario Christian Chena por Violencia Contra la Mujer Ley 5777/16, ante lo cual la jueza Gloria Machuca dispuso una medida de protección para que Chena no pueda realizar publicaciones o referirse a la mujer a través de sus redes sociales, medios digitales y otros similares que sean de su propiedad, ya sea de manera directa o indirecta. Además la magistrada dispuso audiencia para la denunciante y el denunciado para el 15 de diciembre próximo.

Romina Rolón, abogada de Giselle Mousques, negó que exista una censura previa con la orden judicial y tampoco hay un abuso en el uso de la ley de protección integral de las mujeres. “Fueron ocho años de titulares tendenciosos en donde se cosificó a la señora en este caso. Esto no tiene que ver de ninguna manera a un tinte periodístico, sino que es un abuso en el lenguaje y los comentarios que generaron respecto a la señora. En las redes se puede comprobar cómo es estigmatizada, las barbaridades que escriben sobre ella”, indicó.

En entrevista con radio Monumental, cuestionó que en una de las publicaciones de un medio de Chena se tildó a su clienta en un titular como la “Madame 20%”, al presentar el antecedente de licitaciones en el IPS que supuestamente recaudaba de forma paralela. “Eso es ofensivo hacia la dignidad de una mujer”, indicó. Se preguntó por qué los medios de Vierci pretenden llevar el fallo hacia una cuestión periodística o de censura, cuando “le tratan a una mujer de bandida”.

“En los titulares la hostigaba por un disgusto personal por el fallo judicial, por supuesto que podían cuestionar el fallo, pero no que la cuestionen a ella”, señaló. “No se puede extender el calvario de esta mujer”, indicó. “Hay por lo menos 10 titulares tendenciosos y espantosos, arenga a perfiles falsos que la tratan de bandida y prostituta, es tan alevoso lo que pasa.

Con titulares tendenciosos obviamente se provoca odio social y los comentarios en redes (contra Gisele)”, expuso. “Los medios deben recibir el expediente y no abroquelar a Chena como si fuera que no incurrió en ninguna falta contra la dignidad de la mujer, ha difamado, mentido, dijo que abandonó su lugar de trabajo“, agregó.

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Este está procesado por lesión de confianza referente  a un contrato de G. 8.000 millones a favor de la empresa Conserpar, para la construcción de empedrados y otras obras que, según la acusación, se pagó pero no se concretó.

El juez Delmàs abordó el caso en el que la fiscal Stela Mary Cano había  solicitado la desvinculación temporal del procesado en vista a que existen aún varias diligencias que se deben realizar para posteriormente formular la acusación contra el mismo.  O  en su defecto, dar el sobreseimiento definitivo.

El juez Delmàs sin embargo planteò un recurso de oposición al pedido, derivando el expediente a la instancia superior del Ministerio Plùbico, para que en ese estadio definan si los argumentos de la fiscal se ajustaron a derecho, de conformidad con la opinión de la fiscalìa.

En consecuencia será el Fiscal General Emiliano Rolòn, el que deberá decidir si ratifica el requerimiento de la agente fiscal Stela Mary Cano, para la desvinculación o no del proceso del exjefe comunal.

La acusación del Ministerio Público señala que existió una adjudicación de G. 8.199.571.925 para la construcción de desagüe pluvial, empedrados y adoquinados, contrato que se firmó en el 2016; sin embargo, las obras supuestamente no fueron terminadas y solo se logró ejecutar G. 6.063.405.010.

Debido al presente caso se llevó a cabo una pericia donde se logró probar que los trabajos ejecutados solo equivalieron a la suma de G. 4.466.652.321, por lo que el presunto perjuicio patrimonial sería de G. 1.596.752.689.

Al igual que meses atrás, el Poder Judicial vuelve a ser blanco de una amenaza de bomba, la cual, obliga a evacuar el Palacio de Justicia.

Si bien en la gran mayoría de los casos la amenaza es falsa, por una cuestión de protocolo, se debe cumplir con sacar a todos los funcionarios.

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El único antecedente real ocurrió el 29 de abril del 2009, cuando encargados de limpieza del edificio encontraron una bolsa negra en uno de los baños de la planta baja y que fue entregada a los efectivos policiales. Los uniformados depositaron el paquete sobre la calle Testanova (al costado del edificio) y posteriormente se produjo la explosión.

Por otro lado, el 29 de junio pasado, el fiscal Antisecuestros y Antiterrorismo, Joel Cazal imputó a Omar Darío Cristaldo Figueredo por los supuestos hechos punibles de coacción a órganos constitucionales y amenaza de hecho punible.

“Tío Rico les manda decir que hay una bomba en el Poder Judicial que va a explotar entre hoy y mañana”, había dicho el hombre en la llamada telefónica. En el caso de hoy, todavía no tienen pistas claras del origen de la amenaza.

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