Una moción de declaración para exhortar al Ministerio de Salud Pública (MSP) a que provea de los medicamentos oncológicos necesarios a los pacientes del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) fue aprobada hoy en sesión extra de la Cámara de Diputados.

El diputado Carlos Núñez destacó que si bien se avanzó en cuanto a legislación y presupuesto a través de ambas cámaras del Congreso, el cáncer sigue matando a 1 de cada 6 personas y es la segunda causa de muerte prematura en el país.

“Es penoso ver a madres y padres recorrer pasillos buscando abogados para llevar adelante una medida cautelar para acceder a la medicación de sus hijos o para esa madre con metástasis. Es penoso que por procesos administrativos y burocracia todos los días están muriendo las madres del país”, indicó.

Recordó que mientras 70 pacientes acceden a la radioterapia en el INCAN, 130 quedan sin tratamiento por que se cuenta con un solo equipo mientras que la recomendación de la OMS es que por cada millón de habitantes se tenga un equipo de radioterapia y en todo el sistema público existe uno solo.

“En mayo de este año se presentó una declaración instando a entidades binacionales que destinen recursos para la compra del equipo de radioterapia y hasta el momento no se tiene informe, avance ni licitación. El Parlamento ya tomó las medidas para solucionar pero hay un problema en la administración que hace que esa solución no llegue a la gente””, agregó.

Núñez realizó un llamado de atención al ministro de Salud, Julio Mazzoleni y directores de las binacionales para que conformen una mesa de coordinación y trabajo y solucionen el problema.

El equipo tiene un costo de 2 millones de dólares y no fue adquirido hasta el momento.

Alrededor de 20 pacientes integrantes de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) requieren entre otros, tres medicamentos muy costosos e imprescindibles como el TDM 1, Pertuzumab y el Fulvestrant requeridos para la continuidad de tratamiento, estos ítems no forman parte del vademecum del MSP por lo que los pacientes lo consiguen a través de recursos de amparo.

Cerca de las 03:00 hs del miércoles se registró un hecho de asalto en el barrio San José de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

Resultó víctima de este suceso Bárbara Valeria Quiñonez Alfonso, de 25 años, quien había solicitado un viaje a través de la plataforma Bolt.

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De acuerdo al informe de CDE Hot, la joven pidió el servicio y minutos después llegó junto a ella un vehículo de la marca Toyota modelo Vitz de color negro.

Al abordar el rodado, la víctima se percató que en su interior estaban el conductor y un acompañante. Segundos después, apareció sorpresivamente otro tercer sujeto desde la valijera.

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Fue esta persona quien amenazó a Quiñonez con un arma blanca para exigirle la entrega de su aparato celular y el dinero que traía consigo, que asciende a la suma de G. 400.000.

Tras el hecho, los autores del asalto bajaron a la joven del vehículo y se dieron raudamente a la fuga. La posterior denuncia fue radicada ante la Comisaría 7ma de CDE.

El Ejecutivo tomó juramento a los nuevos embajadores ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Juan Ernesto Snead y ante los Emiratos Árabes Unidos, Carolin Konther López.

La ceremonia tuvo lugar en el Salón Independencia del Palacio de Gobierno, estuvieron presente también el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano y otras autoridades nacionales e invitados especiales.

Tras el acto, Peña indicó a través de su cuenta de X, que encomendó a los nuevos embajadores a trabajar en el fortalecimiento del eje inserción de Paraguay en el mundo desde sus respectivas embajadas.

En la tarde del miércoles se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la avenida Van Aaken de Presidente Franco, detrás del Centro de Salud local.

Dicho procedimiento estuvo encabezado por el fiscal Julio Paredes, en representación de la Fiscalía, y contó con acompañamiento de funcionarios de la ANDE.

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La intervención se desarrolló en el marco de una causa penal por el hecho punible de sustracción de energía eléctrica ligada a la minería de criptomonedas.

En el domicilio allanado incautaron 34 máquinas mineradoras instaladas y otras 29 que no estaban en funcionamiento, menciona el informe de Radio Concierto.

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Cabe mencionar que el dueño del inmueble no se apersonó en el lugar, pero sí su representante legal, el abogado Óscar Solaeche.

La ANDE, con apoyo del Ministerio Público, prosigue con su intensa campaña en contra de las conexiones clandestinas y robo de energía para criptominería, con permanentes intervenciones en distintos puntos del país.