El documento hace referencia a la portada de La Nación del 10 de setiembre pasado, cuyo título fue “La Contraloría con­firma enorme malversación de Carla Bacigalupo”, y el mate­rial publicado en la página 6 titulado “Contraloría halló irregularidades en millona­ria licitación del SNPP”.

El documento señala lo siguiente: “La nota de tapa parte de una premisa absolu­tamente falsa, ya que el dicta­men técnico DGCCPE Nº 11 de fecha 11 de agosto del 2019, elaborado por la Dirección General de Control de Contra­taciones Públicas del Estado, dependiente de la Contralo­ría General de la República, en ningún momento ha men­cionado la existencia de una posible malversación o la con­figuración de un perjuicio patrimonial en el marco de la LPN Nº 10/2018 ‘Adquisición de Simuladores de Máquinas Pesadas para el SNPP’, AD Referéndum, ID 349874”.

Agrega que “en atención a que el término ‘malversación’ está siendo utilizado en forma insistente e indebida por vues­tro medio de prensa, tórnase necesario recordar que bajo las formas del Código Penal de 1890 (ya derogado), solo era tipificado y penado el pecu­lado, tipo penal que según expresiones del propio proyec­tista de ese Código, profesor Teodosio González, como ele­mentos indispensables para su configuración requería de la aplicación de esos valores (distraídos) en provecho per­sonal propio (del agente) o de un tercero y, además, el móvil de lucrar o hacer lucrar a un tercero, en perjuicio del dueño del caudal confiado a su admi­nistración o custodia” (sic).

“Sin embargo, reiteramos enfá­ticamente que en ningún apar­tado del informe de la Contra­loría General de la República se menciona, siquiera se insi­núa, la posible existencia de malversación o perjuicio patri­monial, razón por la cual no se comprende la inclusión del tér­mino en la misma tapa del dia­rio”, sostienen.

Continúa diciendo que “en cuanto al artículo contenido en la página 6 del diario La Nación, en relación a presun­tas irregularidades detecta­das en la Licitación Pública Nº 10/2018, llevada adelante por el SNPP, es oportuno remarcar que las observacio­nes contenidas en el informe elaborado por la Contraloría General de la República, con­forme se menciona expresa­mente en el mismo, son subsa­nables mediante la aplicación de medidas correctivas, de acuerdo a las conclusiones alcanzadas”.

“Igualmente, es de resaltar que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha tenido intervención en todo el proceso. La convocante, incluso, procedió a reevaluar las ofertas, luego de la cual el propio órgano de control (DNCP) procedió a emitir el Código de Contratación Nº 165.048, en fecha 12 de diciem­bre de 2018, autorizando con ello la erogación”, señala.

Dice también que “los equipos adquiridos a través de la LPN Nº 10/2018, simuladores de marca Simfor de procedencia española, están siendo utiliza­dos normalmente en el SNPP, órgano dependiente jerárqui­camente del MTESS, razón por la cual es dable sostener que los fondos han sido cana­lizados correctamente y des­tinados a los fines institucio­nales, como todas y cada una de las adquisiciones de bienes y servicios llevadas adelante por esta administración”.

CONTRA EL HONOR

“La libertad de prensa y de expresión, garantizada de manera más amplia por el artículo 26 de la Constitu­ción Nacional, reconoce como única limitación el derecho de terceros. No puede ni debe ser ejercido aquel derecho aten­tando contra el honor y la reputación de las personas, sobre todo en forma absoluta­mente ligera e irresponsable. Asumimos que un mejor y más detenido análisis del informe remitido por parte de la Con­traloría General de la Repú­blica sobre el particular sería de suma utilidad”, menciona.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño, para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.

Los padres de la pequeña Jazmín, una bebé de 6 meses, acudieron esta mañana a la Fiscalía de Encarnación en compañía de su abogada para formalizar una denuncia por presunta negligencia médica.

De acuerdo al informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, los mismos acusan a los médicos del Hospital Pediátrico Municipal de haber sido responsables de la muerte de su pequeña hija, luego de llevarla allí para recibir atención médica.

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Según el relato, habían acudido a este centro asistencial el pasado 6 de abril debido a que la menor presentaba un cuadro de vómito y fiebre alta. Al ser atendida por el personal del blanco, le administraron una inyección buscando mejorar su condición.

Luego de aproximadamente 40 minutos, tiempo estimado para que el medicamento haga efecto, los mandaron nuevamente a casa. Al llegar a la vivienda, se percataron que su hija ya no respiraba, por lo que rápidamente volvieron al hospital.

“Llegamos corriendo y le metieron a urgencias, le hicieron la reanimación, la doctora llamaba a todos lados. Después le liaron (con una sábana) y ya le llevaron en la morgue. Nada no me dijeron”, afirmó Analía Acevedo, madre de la pequeña Jazmín.

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La misma asegura que su hija era una bebé sana, consumía solo lecha materna y tenía todas sus vacunas al día, además de que la sometían a controles clínicos de forma periódica. Por ello, les extraña la forma en que se produjo el deceso.

Los padres esperan que el Ministerio Público dé seguimiento a su denuncia y se encargue de hacer las diligencias pertinentes, a modo de dilucidar en qué circunstancias se produjo la muerte de su hija.

En conversación con periodistas, Javier Fernández, asesor jurídico de la administradora de electricidad estatal, indicó que la operación se encuadra en el plan de lucha contra la piratería eléctrica, que ocasiona ingentes pérdidas al ente.

“Procedimos al corte de las conexiones directas que se daban a través de los conductores principales dejando el lugar sin energía eléctrica, posterior de ello conversamos con los directivos del asentamiento y nos dijeron que se van a acercar a las autoridades para ver si encuentran una solución para que se les pueda proveer del servicio”, expresó el funcionario.

Dijo que son más de 200 personas los ocupantes el inmueble de manera irregular, y que estaban conectados a la red eléctrica de maneera ilegal.

“Nos acercaron un mapa donde se encontraban supuestamente las viviendas de los funcionarios de la ANDE (presuntos autores de la piratería colectiva). En algunos casos si encontramos efectivamente viviendas, pero no pudimos identificar a los dueños, pero sí pudimos constatar que estaban conectados directamente. Según declaraciones de los vecinos serían realmente funcionarios de la ANDE, pero no nos consta eso. En otros puntos que teníamos localizados se trataron de patios baldíos, por lo que no correspondía la denuncia que se hizo”, acotó.

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