Santiago Ochipinti Beterette, quien se desempeñó como director del Fondo de Inversiones Rurales del Indert, ya había sido condenado en el 2019 a tres años de cárcel por estafa contra el Indert.

Sin embargo, a través de su defensa interpuso varios recursos procesales que finalmente fueron rechazados, por lo que la sentencia quedó firme.

En consecuencia, el Juzgado de Ejecución de Asunción, a cargo de Sandra Silveira, dispuso que se ejecute la pena privativa de libertad. La condena la obtuvo  el fiscal Luis Said.

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De acuerdo con los antecedentes, Ochipintti estaba a cargo de elaborar el pliego de bases y condiciones para llamar a concurso para diferentes proyectos.

Según la Fiscalía, no cumplió en controlar y determinar que los documentos presentados por la Fundación Oriente no eran hábiles para concursar en la construcción de servicios de agua potable para varios asentamientos rurales. 

La investigación concluye que el funcionario indujo al error al ente a través de su informe, con el que autorizó a la firma de convenio con la Fundación, sin verificación de las documentaciones.

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“Hemos resuelto no hacer lugar, esto tiene que ser notificado de forma personal, no es indispensable ni mucho menos urgente que él se traslade para recibir ese título”, confirmó la jueza de la Niñez, Cinthia Garcete, en una entrevista con radio Universo 970 AM – Nación Media.

Argumentó que, activar todo el aparato estatal para que el procesado se traslade, no es proporcional a los fines ni indispensable, considerando que conllevaría a la suspensión de juicios orales y otras diligencias, ya que no existe personal suficiente para las coberturas a nivel país.

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Como otro aspecto mencionó que, la seguridad personal de cualquier autoridad electa impide que su traslado se dé solamente con un custodio penitenciario y un solo guardia de seguridad.

El pedido lo había formulado el fin de semana el abogado Rodolfo Fariña González, quien se mostró muy confiado en que obtendría una respuesta favorable y adelantó que el próximo paso sería solicitar la revocatoria de prisión.

Esquivel está imputado por abuso sexual infantil, homicidio doloso en grado de tentativa, coacción grave, estupro, lesión grave, toma de rehenes, robo agravado, amenaza de hechos punibles, asociación criminal, entre otros.

Los agentes especiales de la Senad de la Dirección contra Narcoterrorismo, en conjunto con personal de la FTC-SAP8, interceptaron en la madrugada de este lunes a tres sujetos que transportaban un cargamento de marihuana. El procedimiento se concretó en un camino vecinal de la Colonia Estrella.

La comitiva retuvo una camioneta de la marca Renault Duster, con matrícula brasileña. A bordo del rodado se encontraban tres personas identificadas como Derlis Rodrigo Sánchez Bareiro, paraguayo, de 24 años; Leonardo Martínez Cardozo, paraguayo, de 21 años y Oscar Anibal Ajala, brasileño, de 40 años.

En la carrocería del vehículo los antidrogas detectaron 12 bolsas que contenían un total de 211 kilogramos de marihuana prensada.

El fiscal Celso Morales dispuso la detención de los tres sujetos y su remisión a la Base Regional de la SENAD en Pedro Juan Caballero al igual que las evidencias mencionadas.

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El agente fiscal de Luque, Silvio Alegre, representó al Ministerio Público en el procedimiento de expulsión de Yessica Brito, de República Dominicana, quien fue detenida tras pretender ingresar a nuestro país portando documentos falsos.

La expulsión fue efectiva el viernes pasado en horas de la noche a través de un vuelo comercial, en cumplimiento al oficio judicial n.° 443 del 26 de mayo de 2023, emanado por la jueza Penal de Garantías n.°2 de la ciudad de Luque, Abog. María Cecilia Ocampos Benedetti.

La causa penal a cargo del fiscal Alegre, con imputación a la persona mencionada y expulsada, es por producción de documentos no auténticos.

La mujer cayó en contradicciones durante la entrevista aplicada por el inspector interviniente en el box de control migratorio de salida del país, ubicado en la zona de embarque de pasajeros, por lo que se dio su detención por parte de los agentes de Delitos Económicos de la Policía Nacional.

En al causa intervinieron también personal del INTERPOL, funcionarios de la Dirección de Migraciones, con la asistencia de la