Dos potentados abogados vinculados a lavado y narcotráfico, en Yacyretá
Los abogados Juan Carlos “Charly” Duarte y Julio (JJ) Ríos, considerados del primer anillo del vicepresidente Hugo Velázquez, pasaron de tener modestos patrimonios a grandes inmuebles, lujosos vehículos y millonarias acciones. El privilegio les vuelve a coincidir en este gobierno con la reubicación de ambos en Yacyretá, donde perciben salarios de G. 87 y 53 millones, respectivamente. El primero fue defensor de los implicados en megalavado en Ciudad del Este y Ríos apareció como abogado en la investigación del helicóptero comprometido en el caso “Samura”; la fuga del criminal le había costado su puesto de ministro de Justicia en el 2019.
Fuente: La Nación
La estabilidad económica le sonríe a Juan Carlos “Charly” Duarte y a Julio Javier Ríos, potentados abogados que forman parte del círculo de confianza del vicepresidente Hugo Velázquez, quienes lograron reubicarse en este gobierno en Yacyretá.
“Charly”, asesor jurídico de la binacional, percibe una remuneración de G. 87 millones al mes, de acuerdo a filtraciones de salarios a las que tuvimos acceso el año pasado. Julio Ríos, secretario ejecutivo de la hidroeléctrica, se embolsa al mes, entre salario y bonificaciones, unos G. 53.897.420, de acuerdo a la planilla de remuneraciones de la entidad.
Julio (JJ) Ríos, quien de modesto funcionario del síndico de quiebras del Poder Judicial con un salario de G. 7.229.000, cuyo patrimonio era de G. 128 millones en el 2001, integrado por un inmueble y un vehículo del año 1987, pasó a administrar propiedades valuadas en más de G. 1.060 millones, acciones, vehículos e incluso un tractor.
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Hasta el 2006, Ríos fue agente del síndico de quiebras; posteriormente abandonó la función pública para dedicarse al derecho. De acuerdo a su perfil de Linkedin, es socio principal en el estudio Jurídico REV & Asociados, del que no hay ninguna información ni número de teléfono en internet.
A su vuelta a la función pública en el 2013, el entonces diputado Ríos declaró ahorros en dólares por US$ 98.000, 500 acciones en la agroganadera Don Osvaldo y cuatro inmuebles en Asunción, Luque y Lambaré.
Gracias a Velázquez, se acomodó en la binacional en el 2020 luego de su fracaso como ministro de Justicia y su patrimonio hoy asciende a G. 2.749.500.000.
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En el 2018, Julio Ríos, considerado como parte del primer anillo del Vicepresidente, fue nombrado ministro de Justicia. Apenas un año más tarde presentó al presidente Mario Abdo su renuncia por teléfono luego de que Jorge Teófilo Samudio, alias Samura, narcotraficante y líder del Comando Vermelho, haya sido liberado en un espectacular operativo en zona de la Costanera Norte.
Durante su administración ocurrió la masacre de miembros del clan Rotela en la penitenciaría de San Pedro y se dio el motín y la fuga de reos en la cárcel de Itapúa.
Antes de su ascenso a Yacyretá, Ríos fue abogado del empresario argentino Leonardo Spokojny, cuyo helicóptero se vio involucrado en un allanamiento que investigaba la liberación de “Samura”.
El helicóptero estaba depositado en el hangar Arrayán de Areguá, considerado por la Fiscalía como el epicentro de hechos punibles y que servía para el traslado de personas que contaban con órdenes de captura.
Es decir, (JJ) Ríos como se lo conoce pasó a ser defensor en la investigación de un caso que le costó su cabeza en el Ejecutivo.
El caso de Ríos es similar al de “Charly” Duarte, ex superintendente fiscal en Alto Paraná-Canindeyú, cuestionado por sus llamativos procedimientos durante investigaciones con el entonces también fiscal, Hugo Velázquez, pasó a estar vinculado a Walid Amine Sweid y Ricardo Galeano, de cuya familia “Charly” era abogado defensor. Sweid y Galeano son señalados hasta la fecha como parte de un esquema de megalavado de dinero en Ciudad del Este.
Tan próspera fue su experiencia como abogado de implicados en lavado de dinero y otros que a su vuelta a la función pública y su acomodo en la hidroeléctrica ya acumuló un patrimonio de G. 20.940.808.557, el que incluye numerosos inmuebles, vehículos 0km, acciones por G. 990 millones y hasta una aeronave valuada en G. 1.050 millones.
A pesar de sus llamativos antecedentes, ambos se acomodaron en Yacyretá de la mano del vicepresidente. “Charly” es recordado por disputar partidos de fútbol con Velázquez, mientras que Ríos posó junto al “Toro” como parte de sus aliados políticos para el 2023.
Hermano de supuesto narco no presentó declaración jurada
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El ex aspirante a la Junta Municipal de Asunción Daniel Koube, hermano de Alberto “Beto” Koube, detenido en el Operativo A Ultranza Py, es funcionario estatal desde el 2018; sin embargo, no hay rastros de su manifestación de bienes en la página de la Contraloría.
El Operativo A Ultranza Py dejó al descubierto las lujosas vidas que llevan los sindicados como narcotraficantes y su entorno; sin embargo, algunos siguen escapando de las pesquisas, como Daniel Koube, funcionario del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), cuya declaración jurada brilla por su ausencia en el portal de la Contraloría, y quien es hermano de Alberto “Beto” Koube, considerado como miembro principal de la organización que mueve la mayor cantidad de droga de la región a Europa.
Dani Koube es director de Emprendedurismo en la citada institución y percibe G. 14.690.000, fue candidato en las elecciones pasadas para integrar la Junta Municipal de Asunción. Hoy en las carpas de Velázquez, pero desaparecido de redes tras la caída de su hermano Alberto “Beto” Koube.
Llama la atención que desde el 2018, año en que Koube ingresó a la función pública, hasta la fecha no haya presentado su manifestación de bienes, requisito que es obligatorio y que ante su incumplimiento puede ser motivo de suspensión en el cobro de sus remuneraciones, así como de un posterior sumario administrativo.
Investigan causas del incendio en depósito de neumáticos
Todavía se desconoce la causa del incendio de neumáticos en Mariano Roque Alonso, que pudo controlarse recién tras 10 horas de intensas labores de los bomberos. Las llamas se originaron en un galpón de almacenamiento de la marca Neupar, en la zona de Puerto Fénix.
El voraz incendio, que se desató en un depósito de neumáticos en la ciudad de Mariano Roque Alonso (MRA), movilizó a varias compañías de bomberos voluntarios. El siniestro, que se extendió por más de 10 horas, requirió ataques directos y el uso de maquinaria pesada para la remoción y enfriamiento del área afectada.
El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), Ray Mendoza, informó que las causas del incendio aún están siendo investigadas por los peritos. “Los encargados del peritaje están trabajando, pero todavía no se tienen resultados sobre ello”, señaló a la 650 AM.
Pese a la magnitud del siniestro, no se reportaron heridos entre los civiles. Sin embargo, varios bomberos voluntarios fueron asistidos en centros de salud debido al desgaste físico sufrido durante las arduas labores de extinción. Afortunadamente, todos fueron dados de alta y ya se encuentran en sus hogares.
Las tareas de enfriamiento continuaron hasta la noche del día siguiente, debido a la presencia de brasas y humo en el ambiente. Mendoza explicó que la remoción de los restos con maquinaria pesada es clave para extinguir completamente el fuego y evitar rebrotes.
Dado el alcance del incendio, se requirió la asistencia de compañías de bomberos de diversas localidades, incluso de la zona de Cordillera.
Roban dinero de vehículo con inhibidor de señal
Un grupo de delincuentes logró sustraer G. 5.500.000 y varios documentos de un vehículo estacionado en el patio de un local gastronómico, ubicado en Capiatá. Según las imágenes de circuito cerrado, los ladrones habrían utilizado un inhibidor de señal para evitar que las puertas se bloqueen.
El hecho ocurrió cuando una familia descendió de su camioneta y se dirigió al local. En ese momento, un vehículo de la marca Toyota Funcargo estacionó cerca del rodado de las víctimas. En las imágenes se observa cómo un hombre desciende del automóvil, abre sin dificultad la puerta de la camioneta y sustrae una cartera que contenía dinero en efectivo y documentos personales.
El subcomisario Jorge Báez, interviniente en el caso, confirmó que la camioneta no presentaba signos de forzamiento en la cerradura ni en las ventanillas, lo que refuerza la hipótesis del uso de un dispositivo de bloqueo de señal. “Las víctimas aseguraron haber cerrado el vehículo, pero al regresar lo encontraron abierto y sin su cartera”, explicó el uniformado.
La Policía Nacional ya analiza las grabaciones de seguridad para identificar a los responsables y obtener detalles sobre la matrícula del automóvil utilizado en el robo. Asimismo, se recomienda a la ciudadanía verificar manualmente el cierre de sus vehículos tras activar el bloqueo, especialmente en lugares públicos, para evitar este tipo de delitos.
Detienen a sospechosos por matar a un perro
Cuatro hombres fueron aprehendidos por agentes de la Comisaría 115 del barrio Arroyo Porã, en el distrito de Cambyretá, tras ser identificados como los presuntos responsables de la muerte de un perro. El hecho quedó registrado en imágenes de circuito cerrado, donde se observa a uno de ellos disparar contra el animal.
Los detenidos fueron identificados como Diosnel Duré Vigo (37), Severo de Jesús Medina (61), Jorge Ríos González (48) y Fernando Maidana Villalba (26), todos sin antecedentes penales. Durante el procedimiento, realizado en la vía pública del barrio San Antonio de Arroyo Porã, se incautó una motocicleta en poder de Duré Vigo.
Según el informe policial, las cámaras de seguridad de la denunciante, Julia Mabel Paredes Giménez (36), captaron a tres de los sospechosos caminando frente a su vivienda, mientras que otro circulaba en motocicleta.
En las imágenes se observa a uno de ellos realizar un movimiento con la mano derecha, tras lo cual el perro, que se encontraba dentro del domicilio, cae al suelo con una herida visible detrás de la oreja, lo que le provocó la muerte instantánea.
Las autoridades trasladaron al animal a una veterinaria para su inspección. El caso fue comunicado al Ministerio Público y los detenidos fueron informados sobre sus derechos conforme a la Constitución Nacional y el Código Penal. El hecho es investigado como un supuesto caso de zoocidio, en virtud de la Ley N° 4.840 de Protección y Bienestar Animal.