La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) informó este viernes que el sistema “compara rápidamente los manifiestos de pasajeros y cargas con la base de datos de control y otros registros oficiales en busca de pistas que ayuden a detectar a aquellos viajeros de alto riesgo por actividades ilícitas”.

La fuente añadió que el sistema es una donación de Estados Unidos que llegara en unas semanas a Paraguay.

“Como la agencia de orden público más grande de los Estados Unidos con una misión que incluye la seguridad fronteriza, además de facilitar el comercio y los viajes legales, CBP es muy consciente de la importancia de involucrar a sus socios y partes interesadas internacionales”, afirmó William A. Ferrara, Comisionado Adjunto Ejecutivo de Operaciones de Campo.

En la misma nota, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Asunción, Joseph Salazar, dijo que “la plataforma ATS-G permitirá a Estados Unidos y a Paraguay continuar construyendo de manera segura los lazos económicos, de seguridad y culturales bases de nuestra robusta amistad de larga data”.

El Gobierno Nacional y la CBP firmaron un Memorando de Cooperación en abril de 2018 que según ese ente fue el primer paso para instalar el sistema en el país, de acuerdo con la fuente.

La CBP recordó en el texto su papel en el control y protección de las fronteras de Estados Unidos y de sus puertos de entrada oficiales para “mantener a los terroristas y las armas terroristas fuera del país”.

A primeros de este mes, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la prohibición de ingresar en ese país al diputado del gobernante Partido Colorado Ulises Quintana, quien había recuperado su escaño tras permanecer en prisión por una causa de tráfico de drogas en Ciudad del Este.

En el anuncio se expresó que ese veto “reafirma el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción en Paraguay, en la región de la triple frontera y a nivel mundial”.

El economista Ramón Ramírez, exfuncionario del Ministerio de Hacienda, será el encargado de intervenir la Municipalidad de Ciudad del Este. Lo confirmó en entrevista con Universo 970 AM de Nación Media.

“Recibí el llamado del presidente, quien me solicitó liderar este trabajo y conversamos sobre la línea estrictamente técnica”, expresó.

Ramírez comentó que ya tiene experiencia de trabajo con el presidente Santiago Peña, ya que ambos coincidieron en el Ministerio de Hacienda tiempo atrás.

En el caso de Asunción, la intervención estará a cargo del Dr. Carlos Pereira, actual consejero del Instituto de Previsión Social (IPS) y expresidente del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Ambos se encuentran a la espera de la firma del decreto para entrar en funciones con sus respectivos equipos.

Según fundamentaciones, las modificaciones introducidas por el Senado son solo de forma y no de fondo, por lo que corresponde aceptar la versión de la cámara revisora.

Las comisiones de Defensa, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; y de Legislación y Codificación de Diputados, recomendaron la aprobación con las modificaciones propuestas.

Esta iniciativa, según la exposición de motivos, surge como respuesta a la creciente preocupación por el uso delictivo de estos dispositivos en todo el país, especialmente, en el departamento de Alto Paraná, donde se ha constatado su utilización en diversos hechos delictivos como asaltos a entidades financieras, servicentros y transportadores de caudales.

El proyecto, presentado busca establecer además un marco regulatorio para la comercialización de estos dispositivos, exigiendo que los vendedores se inscriban en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria y Comercio.

También propone prohibir la tenencia y utilización de inhibidores sin la debida autorización de los organismos de control.

Otra medida propuesta es la imposición de sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría o multa para quienes incumplan la ley.

Entre los cambios, se agregó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como ente regulador del ámbito técnico de reglamentación y control específico. También se incluyó al Ministerio del Interior en el ámbito administrativo de control.

El Prof. Dr. Walter Delgado, director de Admisión de la UNA, explicó que el cursillo probatorio de ingreso era obligatorio para quienes anhelaban ingresar a la carrera de Medicina, pero detectaron varios problemas que motivaron a realizar un ajuste.

Uno de los motivos es la igualdad de oportunidades para todos los postulantes, porque implicaba una alta carga horaria durante el año lectivo que era imposible cumplir, principalmente, para aquellos que residen lejos de la casa de estudios ubicada en Sajonia.

“Es muy complicado ir y venir, entonces notamos que eso generaba una deserción importante entre los postulantes, ahora queremos disminuir esas variables y darle oportunidad a la gente que termina el colegio para que pueda aplicar”, expresó Delgado al canal GEN/Nación Media.

Esta nueva disposición comenzará a regir desde el próximo año, y no significa que se elimina el examen de ingreso, solo la obligatoriedad del cursillo de ingreso.

Las fechas de inscripción se extenderán desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026, y los exámenes de ingreso se realizarán del 6 al 13 de febrero de 2026.