El equipo de “La caja negra” analizó los acuerdos entre el departamento de Justicia de los Estado Unidos y los bancos involucrados en el causa denominada FIFAgate. Los acuerdos permitieron que estas entidades financieras accedan a beneficios de no enjuiciamiento o a enjuiciamiento diferido y a un porcentaje de descuento en las multimillonarias multas que tuvieron que pagar por su participación activa en el esquema montado que dejó al descubierto una trama de sobornos millonarios pagados por empresas de marketing deportivo a dirigentes del fútbol a cambio de derechos en las retransmisiones televisivas y promoción de torneos.

El modus operandi aplicado por los bancos sancionados por la justicia americana tienen muchas similitudes con el esquema de presunto lavado de dinero entre el extinto dirigente Nicolás Leoz y el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.

Colaboración con Justicia de EEUU
El banco suizo Julius Baer acordó con el departamento de Justicia de los Estados Unidos ser sometido a un enjuiciamiento diferido a cambio de colaborar brindando información completa y veraz respecto de todas las operaciones efectuadas con los acusados en el causa FIFAgate y sus herederos.

El Julius Baer, un banco suizo con operaciones internacionales, admitió ante la justicia norteamericana el lavado de más de US$ 36 millones en sobornos en el caso FIFAgate. Entre los implicados se encuentra el exdirigente de fútbol argentino Julio Grondona, quien dejó millones de dólares a sus tres herederos. En Paraguay, este mismo modus operandi fue utilizado por el exdirigente deportivo Nicolás Leoz y el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.

En mayo del año 2021 el departamento de Justicia de Nueva York informó a través de un comunicado que esa institución financiera admitió ante la jueza federal de Brooklyn, Pamela Chen, que conspiró para lavar 36 millones de dólares en sobornos pagados a jerarcas del fútbol mundial. El banco hizo estas admisiones y firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido de tres años, plazo en el que se compromete a devolver el dinero ganado por medio del esquema de sobornos y lavado y a la aplicación de estrictos mecanismos antilavado.

Como parte de este acuerdo, el banco acordó pagar más de 79 millones de dólares a la justicia norteamericana (incluida una multa de 43.320.000 dólares y un decomiso de 36.368.400 dólares) para resolver la investigación sobre su participación en la trama de sobornos millonarios pagados por empresas de marketing deportivo a dirigentes del fútbol a cambio de derechos en las retransmisiones televisivas y promoción de torneos.

Entre las autoridades deportivas implicadas aparecen el exvicepresidente de la FIFA y exjefe de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Julio Grondona, fallecido en 2014. A lo largo de los documentos que presentaron ante la Justicia, los investigadores aluden a Grondona como “Oficial del Fútbol N° 1″ pero aportan los indicios suficientes para identificarlo, como que presidía la AFA, que falleció el 30 de julio de 2014 y dejó tres herederos.

Anuncio del departamento de justicia donde el banco suizo Julius Baer había acordado pagar más de 79 millones de dólares en sanciones por su papel en el lavado de dinero). Foto: Gentileza

Al verse acorralado, el banco suizo Julius Baer admitió ante la Justicia de Estados Unidos que lavó al menos US$ 25 millones para Grondona, provenientes del pago de sobornos que recibió a cambio de los derechos de televisión de varios torneos deportivos. La entidad suiza reconoció que tras la muerte de Grondona en julio de 2014, dejando a tres hijos (Liliana, Julio y Humberto), también desarrolló operaciones de lavado a favor de los herederos. Un exejecutivo del banco, Jose Luis Arzuaga, admitió haber conspirado para ejecutar transacciones ilegales usando cuentas del banco a sabiendas que el propósito de estas transacciones era ocultar y disfrazar el dinero del soborno. Ademas, admitió que utilizó información falsa para justificar al menos un pago a familiares de Grondona.

Canalizó sobornos

El banco también admitió que canalizó los sobornos vinculados a los derechos de televisión de la copa América, la Libertadores y la Sudamericana para múltiples ejecutivos del fútbol continental, entre ellos Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol y de la Asociación Paraguaya de Fútbol, pero sin detallar el monto preciso.

En el documento, mediante el cual se celebra el acuerdo con la justicia americana, se destaca que el banco no realizó adecuadamente la investigación ni el abordaje de indicios de lavado de dinero y tampoco considero las alertas rojas en relación a los titulares de cuentas involucrados.

Esquema calcado en Paraguay
Nicolás Leoz también habría utilizado el mismo modus operandi que Grondona para lavar dinero a favor de sus herederas, pero en este caso utilizando un banco local para el efecto, el banco Atlas propiedad de la familia Zuccolillo.

Según una auditoria forense ordenada por la Conmebol sobre las operaciones comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz, en febrero del 2016 fueron celebrados dos contratos de fideicomiso entre Leoz y el banco de la familia Zuccolillo. Ambos fueron en febrero del 2016, apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo FIFAgate y de la prisión domiciliaria dictada en contra de Leoz.

El mismo estudio jurídico de EEUU que fue contratado por el banco suizo fue el que solicitó informes a Banco Atlas de Paraguay. Foto: Gentileza

El banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra y autorizó fideicomisos por más de Gs 40 mil millones. Los hechos, públicos y notorios apuntaban a Leoz como parte de una organización mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero.

Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leoz, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leoz y sus hijas con la finalidad, expresamente pactada, de cubrir gastos de salud y de procesos judiciales.

El banco Atlas no aplicó el procedimiento de debida diligencia estipulado en la Ley Nº 6497 que previene el lavado de dinero y obliga a los bancos a identificar al cliente, elaborar un perfil del mismo que permita determinar si es un cliente de “riesgo alto”; verificar la licitud de sus fondos y monitorear sus transacciones.

En noviembre del año 2020, las hijas de Nicolás Leoz ordenaron al banco de la familia Zuccolillo devolver a la Conmebol más de G. 8 mil millones, producto de uno de los contratos de fideicomiso que el banco firmó con el exdirigente deportivo. La propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación en el Banco Atlas fue turbia, y la entidad bancaria a su vez confirmó, al devolver parte del dinero, que de estos fideicomisos salieron fondos como reparación de daños a la Conmebol, como consecuencia de conductas atribuidas a Nicolás Leoz.

Si la operación fue limpia, ¿por qué las hijas devolvieron el dinero? Queda además por responder: ¿Cuánto lucró el banco de los Zuccolillo con el dinero sucio desviado por Nicolás Leoz?

El banco Atlas negó información a la justicia norteamericana sobre las operaciones comerciales con Leoz, alegando “secreto bancario”. Los directivos de la entidad financiera enfrentan hace dos años un proceso penal por presunto lavado de dinero. Los directivos del banco se exponen a posibles sanciones penales en Paraguay por el delito de lavado de dinero y el banco es pasible de sanciones administrativas y a devolver los beneficios y ganancias obtenidas en las operaciones de fideicomiso hechas por Nicolás Leoz a favor de sus herederas.

Obs: Todos los documentos utilizados para esta investigación, publicados por el departamento de Justicia de los EEUU, fueron traducidos al español por una traductora pública matriculada por la Corte Suprema de Justicia de manera a tener fidelidad y total precisión acerca de sus contenidos.

En el punto dos del orden del día de la sesión ordinaria de la fecha, la Cámara Alta tratará el proyecto aprobado y remitido por Diputados el 17 de diciembre pasado, que otorga la nacionalidad paraguaya honoraria en carácter póstumo a Elisa Alicia Lynch y dispone el traslado de la urna que contiene sus restos al Panteón de los Héroes.

La propuesta había sido presentada por los diputados Rocío Abed y Rodrigo Gamarra, quienes, en la exposición de motivos alegan que, en la persona de Elisa Lynch, se encarnan todas las virtudes de la auténtica mujer paraguaya

Nacida en Cork, Irlanda, en 1831, conoció a Francisco Solano López, en ese entonces, de 27 años de edad. Juntos tuvieron siete hijos, de los cuales, dos fallecieron en la guerra, entre ellos, Juan Francisco, más conocido como Panchito López, quien murió en la batalla de Cerro Corá, al frente de un escuadrón que tenía como fin defender a su familia.

De la misma manera murió su esposo, el mariscal Francisco Solano López, en 1865. Se le atribuyó la frase: “Muero por mi patria”.

Según la recolección de datos que expone el proyecto, madame Lynch presenció, junto a sus hijas, cómo pateaban los cuerpos de su marido y su hijo, quitándole orejas y trozos al mariscal, con tal de llevarse un pedazo de “O dictador do Paraguai”.

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Sin embargo, Lynch tuvo el coraje de presentarse ante el comandante de Correa da Cámara y pedirle la entrega de los cuerpos, que finalmente fueron enterrados a metros de allí.

Le atribuyen haber organizado el funcionamiento de los hospitales y de dirigir personalmente la atención de los heridos, además de la provisión de alimentos y asistencia. Antes del periodo bélico impulsó el London Karape.

Sus restos fueron repatriados a Asunción en 1961 en un buque insignia de la Armada Paraguaya. El recibimiento fue con honores. La intención era llevarla al oratorio y Panteón de los Héroes, pero como no llegó a casarse, la Iglesia católica no admitía que su féretro estuviera junto con el de su esposo en un oratorio.

Finalmente se le construyó un panteón en el Cementerio de la Recoleta, durante el gobierno de Alfredo Stroessner.

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El Tribunal de Sentencia integrado por Federico Rojas, María Luz Martínez y Karina Cáceres condenó a 16 personas, en su mayoría barras bravas de Luque, por narcotráfico.

Uno de los procesados es José Antonio Balboa, conocido como El Español y El líder, no precisamente por ser cabeza de una barra organizada, sino también de un esquema de comercialización de drogas entre hinchas de fútbol.

Balboa deberá pasar 12 años en prisión por ser el principal cabecilla de la banda que cayó durante el operativo denominado “Juego Sucio” en el 2020.

El operativo habia desarticulado una mega red que comercializaba drogas en el departamento Central. Se estima que distribuían alrededor de 300 mil dosis de cocaina al mes.

Durante el proceso, el Ministerio Público realizó más de 14 allanamientos en busca de más implicados en el esquema.

En el documento, firmado por Emiliano Rolón Fernández, se insta a autoridades a “respetar el debido proceso” de las investigaciones y evitar la filtración de informaciones. 

Para el abogado Ricardo Preda, esta medida no buscaría amordazar a los agentes fiscales, aunque resaltó que el fiscal general debería hacer una aclaración sobre su disposición.

Según su interpretación, el agente fiscal -en su relación con la prensa- no puede presentar al imputado como culpable, pero sí puede señalar objetivamente cuáles son las decisiones que toma con relación a una investigación. 

En entrevista con radio Ñanduti, el especialista expresó que un agente fiscal no puede dar detalles de la investigación, como por ejemplo que va a realizar algún allanamiento. “La prensa puede hacer uso de otras herramientas para buscar la información. Esta disposición aplica solamente a quienes están bajo la potestad disciplinaria del fiscal general”,  comentó.

Por su parte, la fiscal Teresa Sosa mencionó que no hay ninguna colisión entre lo que establece el Código Procesal Penal, la circular -que es un recordatorio de lo que dice la Ley-, y la actuación de los agentes fiscales. “Me parece bien que haya ese recordatorio, pero el fiscal debe informar si los medios requieren sobre una causa, siempre respetando los elementos, como por ejemplo no presentar a un investigado como culpable o revelar elementos comprometedores de la investigación”, indicó.

EN CONTRA

Sin embargo, otros especialistas cuestionaron el tenor de la circular. “Así cómo fue presentada esta circular, hay como una suerte de orden de no hablar con la prensa. Lo que va a ocurrir es que se manejen las causas con total discreción. La corrupción tiene tierra fértil cuando hay secretismo”, mencionó el abogado Ezequiel Santagada.

A su vez, la abogada Alejandra Peralta Merlo indicó que “es un retroceso gigantesco a todo este proceso de transparencia. Es sumamente grave que en este país está haciendo metástasis por todos lados con la corrupción”.

Mediante la circular N.º 7, el fiscal general Emiliano Rolón insta a los funcionarios del Ministerio Público a que “observen las reglas del debido proceso instalado en la Constitución Nacional y en el sistema de ritual penal”.

En su inciso a establece que “ninguna autoridad pública presentará a un imputado como culpable o brindará información sobre él en ese sentido a los medios de comunicación social”.

El inciso b habla del carácter de las actuaciones y recuerda que “la etapa preparatoria no será pública para lo terceros...”. 

En el inciso c refiere que “las partes y funcionarios que participen en la actuación y las demás personas que por cualquier motivo tengan conocimientos de las actuaciones cumplidas tendrán la obligación de guardar secreto”.

Y en el inciso d recuerda que el incumplimiento de la obligación será considerad falta grave.