El equipo de “La caja negra” analizó los acuerdos entre el departamento de Justicia de los Estado Unidos y los bancos involucrados en el causa denominada FIFAgate. Los acuerdos permitieron que estas entidades financieras accedan a beneficios de no enjuiciamiento o a enjuiciamiento diferido y a un porcentaje de descuento en las multimillonarias multas que tuvieron que pagar por su participación activa en el esquema montado que dejó al descubierto una trama de sobornos millonarios pagados por empresas de marketing deportivo a dirigentes del fútbol a cambio de derechos en las retransmisiones televisivas y promoción de torneos.

El modus operandi aplicado por los bancos sancionados por la justicia americana tienen muchas similitudes con el esquema de presunto lavado de dinero entre el extinto dirigente Nicolás Leoz y el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo.

Colaboración con Justicia de EEUU
El banco suizo Julius Baer acordó con el departamento de Justicia de los Estados Unidos ser sometido a un enjuiciamiento diferido a cambio de colaborar brindando información completa y veraz respecto de todas las operaciones efectuadas con los acusados en el causa FIFAgate y sus herederos.

El Julius Baer, un banco suizo con operaciones internacionales, admitió ante la justicia norteamericana el lavado de más de US$ 36 millones en sobornos en el caso FIFAgate. Entre los implicados se encuentra el exdirigente de fútbol argentino Julio Grondona, quien dejó millones de dólares a sus tres herederos. En Paraguay, este mismo modus operandi fue utilizado por el exdirigente deportivo Nicolás Leoz y el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.

En mayo del año 2021 el departamento de Justicia de Nueva York informó a través de un comunicado que esa institución financiera admitió ante la jueza federal de Brooklyn, Pamela Chen, que conspiró para lavar 36 millones de dólares en sobornos pagados a jerarcas del fútbol mundial. El banco hizo estas admisiones y firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido de tres años, plazo en el que se compromete a devolver el dinero ganado por medio del esquema de sobornos y lavado y a la aplicación de estrictos mecanismos antilavado.

Como parte de este acuerdo, el banco acordó pagar más de 79 millones de dólares a la justicia norteamericana (incluida una multa de 43.320.000 dólares y un decomiso de 36.368.400 dólares) para resolver la investigación sobre su participación en la trama de sobornos millonarios pagados por empresas de marketing deportivo a dirigentes del fútbol a cambio de derechos en las retransmisiones televisivas y promoción de torneos.

Entre las autoridades deportivas implicadas aparecen el exvicepresidente de la FIFA y exjefe de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Julio Grondona, fallecido en 2014. A lo largo de los documentos que presentaron ante la Justicia, los investigadores aluden a Grondona como “Oficial del Fútbol N° 1″ pero aportan los indicios suficientes para identificarlo, como que presidía la AFA, que falleció el 30 de julio de 2014 y dejó tres herederos.

Anuncio del departamento de justicia donde el banco suizo Julius Baer había acordado pagar más de 79 millones de dólares en sanciones por su papel en el lavado de dinero). Foto: Gentileza

Al verse acorralado, el banco suizo Julius Baer admitió ante la Justicia de Estados Unidos que lavó al menos US$ 25 millones para Grondona, provenientes del pago de sobornos que recibió a cambio de los derechos de televisión de varios torneos deportivos. La entidad suiza reconoció que tras la muerte de Grondona en julio de 2014, dejando a tres hijos (Liliana, Julio y Humberto), también desarrolló operaciones de lavado a favor de los herederos. Un exejecutivo del banco, Jose Luis Arzuaga, admitió haber conspirado para ejecutar transacciones ilegales usando cuentas del banco a sabiendas que el propósito de estas transacciones era ocultar y disfrazar el dinero del soborno. Ademas, admitió que utilizó información falsa para justificar al menos un pago a familiares de Grondona.

Canalizó sobornos

El banco también admitió que canalizó los sobornos vinculados a los derechos de televisión de la copa América, la Libertadores y la Sudamericana para múltiples ejecutivos del fútbol continental, entre ellos Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol y de la Asociación Paraguaya de Fútbol, pero sin detallar el monto preciso.

En el documento, mediante el cual se celebra el acuerdo con la justicia americana, se destaca que el banco no realizó adecuadamente la investigación ni el abordaje de indicios de lavado de dinero y tampoco considero las alertas rojas en relación a los titulares de cuentas involucrados.

Esquema calcado en Paraguay
Nicolás Leoz también habría utilizado el mismo modus operandi que Grondona para lavar dinero a favor de sus herederas, pero en este caso utilizando un banco local para el efecto, el banco Atlas propiedad de la familia Zuccolillo.

Según una auditoria forense ordenada por la Conmebol sobre las operaciones comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz, en febrero del 2016 fueron celebrados dos contratos de fideicomiso entre Leoz y el banco de la familia Zuccolillo. Ambos fueron en febrero del 2016, apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo FIFAgate y de la prisión domiciliaria dictada en contra de Leoz.

El mismo estudio jurídico de EEUU que fue contratado por el banco suizo fue el que solicitó informes a Banco Atlas de Paraguay. Foto: Gentileza

El banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre Leoz, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra y autorizó fideicomisos por más de Gs 40 mil millones. Los hechos, públicos y notorios apuntaban a Leoz como parte de una organización mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero.

Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leoz, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo, exceptuado de posibles embargos y administrado por el banco a favor de Leoz y sus hijas con la finalidad, expresamente pactada, de cubrir gastos de salud y de procesos judiciales.

El banco Atlas no aplicó el procedimiento de debida diligencia estipulado en la Ley Nº 6497 que previene el lavado de dinero y obliga a los bancos a identificar al cliente, elaborar un perfil del mismo que permita determinar si es un cliente de “riesgo alto”; verificar la licitud de sus fondos y monitorear sus transacciones.

En noviembre del año 2020, las hijas de Nicolás Leoz ordenaron al banco de la familia Zuccolillo devolver a la Conmebol más de G. 8 mil millones, producto de uno de los contratos de fideicomiso que el banco firmó con el exdirigente deportivo. La propia familia de Leoz dejó en evidencia que la operación en el Banco Atlas fue turbia, y la entidad bancaria a su vez confirmó, al devolver parte del dinero, que de estos fideicomisos salieron fondos como reparación de daños a la Conmebol, como consecuencia de conductas atribuidas a Nicolás Leoz.

Si la operación fue limpia, ¿por qué las hijas devolvieron el dinero? Queda además por responder: ¿Cuánto lucró el banco de los Zuccolillo con el dinero sucio desviado por Nicolás Leoz?

El banco Atlas negó información a la justicia norteamericana sobre las operaciones comerciales con Leoz, alegando “secreto bancario”. Los directivos de la entidad financiera enfrentan hace dos años un proceso penal por presunto lavado de dinero. Los directivos del banco se exponen a posibles sanciones penales en Paraguay por el delito de lavado de dinero y el banco es pasible de sanciones administrativas y a devolver los beneficios y ganancias obtenidas en las operaciones de fideicomiso hechas por Nicolás Leoz a favor de sus herederas.

Obs: Todos los documentos utilizados para esta investigación, publicados por el departamento de Justicia de los EEUU, fueron traducidos al español por una traductora pública matriculada por la Corte Suprema de Justicia de manera a tener fidelidad y total precisión acerca de sus contenidos.

“Es una cantidad importante de personas que están afectadas a este problema. Hay un plan que está en marcha para hacerle frente, a pes de que los recursos que se tiene”, dijo Gutiérrez en conversación con la 1020 AM.

Subrayó que el proceso para el abordaje, consta de pone a los afectados en programas de desintoxicación, por un lado, y luego un tratamiento para darle seguimiento para su inserción. Eso -apuntó- requiere de ingentes medios, desde la perspectiva de abordaje oficial.

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El ministro Gutiérrez puso de ejemplo el caso del chico de 14 años, adicto, que robó 19 computadoras de la Universidad Católica, requiere un período para desintoxicarle de su adicción (al crack) que después necesariamente implicará seguir el acompañamiento, para evitar su reincidencia en el consumo.

Cabe indicar que el gobierno lanzó un programa interinstitucional, para hacer frente a la epidemia de adicción a las drogas, principalmente el crack.

“Hemos planteado un nuevo sistema de acreditaciones que genera limitaciones por piso; también estamos haciendo las gestiones pertinentes para contar con detectores de metales que permitan tener una mayor claridad y un mayor control de todo lo que pasa en el edificio”, remarcó el presidente a medios acreditados.

El diputado indicó que se encuentra, absolutamente, prohibido para cualquier civil, fuera de los efectivos de la Policía Nacional, portar armas dentro del edificio. “Estamos ajustando las medidas de seguridad”, recalcó.

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Señaló, por otro lado, que no le consta que los guardias privados de los legisladores ingresen al edificio armados.

“Naturalmente existe una proporción importante de legisladores que tienen una escolta policial permanente, por la delicadeza de las funciones que realizan, pero no me consta que haya ningún guardia privado armado”, aseguró.

El servicio de monitoreo telefónico “Teledengue”, habilitado meses atrás por el Ministerio de Salud como parte de la epidemia de dengue, ha dado seguimiento a miles de pacientes desde su puesta en marcha.

A la fecha, se logró hacer un monitoreo efectivo a 21.777 pacientes, mientras que se se realizaron un total de 69.915 llamadas, contabilizando desde el pasado 8 de enero, de acuerdo al reporte.

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Asimismo, se han finalizado satisfactoriamente 8.866 controles, mientras que 171 pacientes han sido derivados a centros médicos para intervenciones más especializadas, garantizando una atención adecuada y oportuna.

Desde la cartera de Salud destacan el importante papel que juega el servicio de Teledengue en la reducción de la saturación hospitalaria, al gestionar casos de manera efectiva a través de seguimientos telefónicos.

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Esta iniciativa no solo beneficia a los pacientes al brindarles atención personalizada, sino que también contribuye al manejo oportuno de posibles complicaciones asociadas con el dengue, esto mediante las orientaciones de profesionales a cargo de gestionar las llamadas.

La institución reitera la importancia de que los pacientes contactados acudan al establecimiento médico más cercano en caso de presentar signos de alarma, enfatizando que estas llamadas no sustituyen la consulta médica presencial.