¿EEUU tras construcción de base militar en el Norte?

Pese a que la versión oficial es que se construirá una base militar para erradicar al EPP, aparentemente EEUU está tras la iniciativa en busca de militarizar la región.

Luego de que se haya divulgado la versión de que se construirá una base militar estadounidense en el Norte del país, el ministro de defensa Bernardino Soto Estigarribia aclaró que se realizará una inversión de 2 millones de dólares para instalar del puesto militar que tendrá la misión de erradicar al EPP.

Sin embargo, la iniciativa de habilitar un puesto militar no proviene del Gobierno Nacional sino de los EEUU, que está presionando a varios países de América Latina como Colombia, Chile, Perú y Panamá para militarizar la región, según Pablo Ruiz, integrante de los Observadores de la organización militar conocida como “Escuela de las Américas”.

Durante una entrevista que brindó Pablo Ruíz al diario digital RT, el analista del sistema militar estadounidense mencionó que a través del establecimiento de bases militares en América Latina, EEUU busca apoderarse de los recursos naturales de la zona apelando a la militarización y al espionaje.

“Hay intereses geopolíticos que tienen que ver con tener acceso a los recursos tales como el petróleo, el agua dulce, la biodiversidad o los minerales que son esenciales para seguir manteniendo el imperio de los EEUU”, sentenció.

Ruíz considera que la idea de construir una base militar no proviene de Paraguay y el objetivo tampoco es detener al grupo armado que opera en el Norte del país.

 

Indígena mata a policía en una comisaría

Un enfrentamiento se registró en el interior de una comisaría de la ciudad de Vista Alegre, ubicada a 25 kilómetros de Pedro Juan Caballero. El incidente dejó como saldo un policía fallecido, quien murió cuando un indígena le extrajo su arma y realizó disparos.

El oficial Ovidio Franco falleció en la tarde de este jueves, tras un enfrentamiento que ocurrió dentro de una comisaría.

De acuerdo a lo informado en la 780 AM, el incidente se registró entre el uniformado con un indígena cuando este último logró quitar el arma al ahora fallecido y le propinó disparos.

El comisario principal Sebastián Talavera comentó que el suboficial Luis Miranda (quien también estaba presente en el lugar durante el ataque) le relató que tres indígenas (un hombre, una mujer y un niño) llegaron hasta el puesto policial donde se generó una discusión.

Siguió contando que en un momento dado uno de los indígenas le extrajo el arma a Franco y lo disparó. Posterior al crimen, los indígenas se dieron a la fuga. Según un testigo, el fallecido golpeó al hombre y este reaccionó entonces de la peor forma.

El comisario Talavera indicó que el caso podría estar relacionado a una invasión de tierras.

La ciudad de Vista Alegre se encuentra a unos 25 kilómetros de Pedro Juan Caballero, del departamento de Amambay.

 

Piden que defensor del pueblo sea “rajado"

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que agrupa a organizaciones civiles de todo el país, denunció hoy que el Legislativo lleva desde 2008 sin convocar un nuevo concurso público para el puesto de defensor del pueblo, tal y como está contemplado en la Constitución.


Fuente: EFE

Manuel María Paez Monges ocupa el cargo desde 2001, cuando fue creada la Defensoría del Pueblo prevista en la Carta Magna de 1992.

En 2008, cuando Paez Monges fue reelegido, se creó una ley que prorroga sus funciones hasta que el Congreso establezca a otra persona.

El año pasado debía haber sido convocado un nuevo concurso para el puesto, pero el Legislativo aún no lo ha hecho, según Codehupy.

"Esto refleja la falta de responsabilidad política con los derechos humanos", dijo a Efe el secretario general de la organización, Enrique Gauto.

Opinó además que el defensor del pueblo debe ser una "figura que sea una molestia para los sectores en el poder" y lamentó que Paez Monges "no responde a esa definición" porque fue nombrado en un acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas, el Partido Liberal y el gobernante Partido Colorado.

Sin embargo, en declaraciones a Efe Paez Monges señaló que en 2008 resultaba menos dificultoso sostenerle en el cargo que nombrar a un sustituto.

"Fue más fácil que crearan una ley para mantenerme que el que lleguen a un acuerdo diputados y senadores para elegir a otra persona", dijo Paez Mongues.

Además, frente a las críticas de ineficacia, Paez Monges explicó que la Defensoría no tiene los suficientes medios económicos y de personal para atender todas sus funciones.

Según el titular, la Defensoría cuenta con 150 funcionarios y un presupuesto de unos 10.000 millones de guaraníes (unos 2 millones de dólares), insuficiente para su buen funcionamiento.

"No es suficiente ni para pagar sueldos respetables a los trabajadores", ni para adquirir material informático, ni vehículos y les hace dependientes de donaciones de otras entidades.

"Se requiere más ayuda porque la lucha por el derecho tiene que ser impulsada por el mismo Estado", espetó.

Por su parte, Gauto destacó como un lastre para la institución el hecho de que le fuera asignada la responsabilidad de adjudicar las indemnizaciones a las víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

"Hay un cúmulo de denuncias de problemas burocráticos o sobre la información confusa sobre cuáles son los documentos o los procesos para recibir la ayuda. También hay denuncias de coimas de funcionarios de la institución que pedían para agilizar la tramitación de solicitudes", dijo Gauto.

El propio defensor coincidió con Gauto en que "fue un error” que le encomendaran a él solo la expedición de ayudas a las víctimas.

"Estamos hablando de que empezamos hace cinco años con 22.000 expedientes y aún tenemos 13.000. Necesitamos de cinco a diez personas más para agilizar esto", explicó Paez.

La estatal Comisión de Verdad y Justicia (CJV) en 2008 registró 425 ejecutados o desaparecidos y casi 20.000 detenidos por cuestiones ideológicas durante el régimen de Alfredo Stroessner (1954-1989), la gran mayoría víctimas de palizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura física.

 

Enfermeros en 48 hs: anularán títulos y cerrarán instituto

El Ministerio de Educación advirtió que el Instituto Técnico Superior de Formación Profesional Santa Librada será clausurado y anularán el título de todos sus egresados, quienes deberán iniciar de cero.

La Ministra de Educación, Marta Lafuente, advirtió que el comité que se encargó de evaluar a los 540 funcionarios egresados de Santa Librada decidió retirar el título de los alumnos de todas las carreras pues el programa de estudio no responde a las exigencias mínimas requeridas para los profesionales de la salud.

“Decidimos que vamos a iniciar el proceso de inhabilitar todas las carreras de esa institución, filiales, cursos, etc. Los planes de estudio que se declaran ni siquiera condicen con las demás, no se basa en ningún estándar, ni las cantidad de horas, ni el programa de unidades, ni nada y ademas ni siquiera se desarrollo el 30 % de las clases, las clases prácticas con materiales obsoletos, vencidos es decir una estafa”, declaró Lafuente.

La titular del MEC advirtió que los egresados de Santa Librada deberán empezar desde cero si desean acceder a algún título de educación superior, pues las materias no podrán ser convalidadas debido a la baja calidad de las clases impartidas.

“La institución debe hacerse cargo de hasta la última titulación, hoy tenemos 540 chicos cuyo destino vaya a saber cuál va a ser, probablemente un primer curso de una carrera de educación superior como no estudiaron con los rigores metodológicos ni con las prácticas necesarias no podemos titularlos”, advirtió.

“Ahora vamos a revisar título por título para inhabilitarlos, tendremos que quitar el titulo a más de 540 personas”, lamentó.

COMPRA DE TÍTULOS

El instituto Santa Librada fue denunciado por compra venta de títulos luego de que saliera a luz una investigación periodística que comprobó que en tan solo 48 horas se podía acceder a títulos de educación superior en áreas de salud.

El instituto otorgaba un título de licenciado en enfermería en solo dos días, previo pago de G. 9.800.000. El documento lleva el sello de la Universidad Santa Librada, con sede en Itacurubí de la Cordillera.

Aunque varios estudiantes alegan que si asisten a clases de forma regular, el Ministerio de Educación considera que el instituto no responde a las exigencias requeridas por lo que todos los alumnos deberán iniciar desde cero en universidades habilitadas para ejercer la profesión.