Conforme al informe final de carácter reservado, en el MOPC existían legajos de pago de jornales incompletos. Durante la auditoría especial fueron visualizados legajos de jornales por un monto total de G. 2.228.650.807 en el 2010, y G. 954.337.937 entre enero y junio del 2021, ascendiendo a un total de G. 3.182.988.744, que no presentaron el total de la documentación exigida por la Contraloría General de la República.

En el material confidencial se citan los casos de funcio­narios que percibían sala­rios comprendidos entre G. 1 millón y G. 1 millón y medio, pero que no tenían la docu­mentación exigida tales como certificado de disponibili­dad presupuestaria, orden de transferencias bancarias, factura, contrato de presta­ción de servicios, entre otras.

También durante el trabajo de auditoría se hallaron legajos de pago de jornales sin factura por G. 556.390.000, además de planillas de liquidación de salarios sin firmas de los responsables y de los funcio­narios remunerados; y com­probantes de retención de IVA-renta sin firma del jefe de ejecución.

Entre las inconsistencias detalladas por los auditores se evidencia el incumplimiento de una disposición legal refe­rente al objeto de gasto de jornal del trabajador. En ese sentido, se expone el cobro de salario de un funciona­rio de G. 3.500.000, cuando la disposición legal estable­cía dos salarios mínimos (en ese entonces equivalente a G. 1.408.864 x 2, es decir G. 2.817.724) para las activida­des diversas no especificadas.

Acá están los detalles de las irregularidades detectadas por la auditoría del Poder Ejecutivo ordenada por Fernando Lugo. Efraín Alegre contrató funcionarios sin títulos, pagó sin facturas, entre otras anomalías que nunca fueron investigadas.

A la larga lista de “perlitas” halladas en el MOPC, se sumaron los casos de fun­cionarios que tenían legajos incompletos, sin respaldo documentario de sus títulos ni certificados de nacimiento, antecedente policial, judicial, ni tampoco contrato. En el informe se citan 10 casos, que juntos suman G. 17.500.000 en salario mensual.

Así también, fueron hallados legajos de pagos de honora­rios profesionales incomple­tos por un monto total de G. 1.312.486.218. Las falencias citadas fueron la falta de orden de transferencias bancarias, constancias de no ser funcio­nario público, factura, contra­tos, fotocopia de RUC, declara­ción de impuestos, entre otros.

Durante la gestión de Efraín Alegre en el ministerio hubo diferencias entre la planilla de liquidación de salarios y reso­lución de autorización de con­trato. En solo dos casos citados en el informe, la diferencia en un mes fue de casi G. 7 millones.

Según la auditoría, fueron detectados casos de funcio­narios sin títulos universita­rios, pese a que esta formación era requisito legal para la con­tratación de los trabajadores del ministerio bajo el gasto de honorarios profesionales.

Otro punto grave fue la exis­tencia de una funcionaria que cobraba un salario mensual de G. 8.113.636 cuyos datos no fueron encontrados en la ins­titución por parte de la Direc­ción de Recursos Humanos.

Además, en algunos legajos faltan los informes de los tra­bajos realizados por funciona­rios con salarios que iban de los 5 millones a incluso los 14 millones de guaraníes al mes. Totalizando G. 52.492.976 en honorarios mensuales de siete funcionarios sin justificación de trabajos efectuados en la institución.

Fue detectada, asimismo, la falta de una planilla de asis­tencia de funcionarios. Se citan en el informe el caso de cinco trabajadores que ganaban entre 6 millones y 14 millones, totalizando la suma de G. 59.164.849 mensuales.

Se hallaron legajos de perso­nal contratado incompletos, tales como la falta de antece­dentes personales, fotocopias de cédulas, entre otros. Allí se citan 11 casos, los cuales suman más de G. 100 millones en concepto de salario al mes.

Durante el período de Efraín se encontraron masivos con­venios modificatorios con­tractuales por G. 26.000 millones. De 124 contratos que se tomaron como muestra, 80 de ellos sufrieron cambios con respecto a los contratos ori­ginales, lo cual afecta el pre­supuesto de la institución, ya que obligaba a pedir reprogra­maciones o ampliaciones. Esto revela la falta de eficiencia en la planificación del ente esta­tal, según los intervinientes.

Como recomendación final, los auditores instaron al presi­dente Lugo que eleve el informe a Asesoría Jurídica de la Presi­dencia y a Procuraduría para investigar y deslindar respon­sabilidades, pero el documento secreto fue cajoneado.

El pedido fiscal apunta a incorporar como prueba los datos extraídos del teléfono celular de Lindomar, quien formaría parte del entorno del presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. De ser admitida, esta evidencia podría resultar clave para ampliar la causa y eventualmente incorporar el delito de narcotráfico, ya que actualmente Arnaldo Giuzzio está acusado por supuesto cohecho pasivo agravado (coima).

El juicio oral y público por esta causa fue fijado para el miércoles 18 y jueves 19 de febrero de 2026, a las 8:30, luego de que la Cámara de Apelaciones rechazara el último recurso presentado por la defensa del exsecretario de Estado. El juzgamiento estará a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por la jueza Adriana Planás Bajac e integrado por Ubaldo Matías Garcete y Yolanda Morel de Ramírez.

Ante estos mismos jueces, el fiscal Jorge Arce había solicitado en marzo del 2025 que se incorpore como prueba la desgrabación de los celulares de Lindomar Reges Furtado, quien fue capturado en enero de 2025 en un condominio de lujo del barrio Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro.

Hay que recordar que Lindomar había logrado fugarse en febrero de 2023 durante un fallido operativo de la Fiscalía y la Senad en el Paraná Country Club, en Alto Paraná.

El 15 de febrero de 2022, agentes de la Senad, Policía y Fiscalía se movilizaron hasta el exclusivo condominio del Paraná Country Club en Alto Paraná, donde Lindomar Reges se hospedaba. Sin embargo, el operativo se vio retrasado debido a la negativa de los guardias de seguridad de permitir el acceso inmediato a los agentes. Durante esos minutos de demora, Reges logró huir, tal como se evidenció en un video de circuito cerrado que mostró su escape apenas 45 segundos antes de que la comitiva ingresara al predio.

El Ministerio Público Federal de Brasil había solicitado cooperación jurídica internacional para el desarrollo del Operativo Turf, cuyo objetivo era la captura de Reges y del también brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, este último vinculado al lavado de dinero y la importación de vehículos blindados utilizados para el transporte de drogas. A pesar del fallo en la captura de Reges, Vinicius fue detenido en Foz de Iguazú cuando intentaba escapar tras supuestamente recibir un aviso.

Diversos elementos sugieren que aparentemente hubo complicidad o al menos negligencia en la ejecución del operativo. Según los antecedentes, Arnaldo Giuzzio envió un enigmático mensaje de WhatsApp a Vinicius la noche anterior al operativo, mencionando un presunto pago pendiente, lo que generó sospechas sobre una posible filtración de información.

El lunes 14 de febrero, a las 22:50, Giuzzio envió un men­saje vía WhatsApp a Marcus que le quedó poco claro al brasileño. Al amanecer, se preveían la serie de allanamientos antinarcóticos que perseguían precisamente a Vinicius. “Qué tal Marcus, podes enviar a tu gente para cobrar el miércoles?”, entiéndase el miércoles 16 de febrero, decía Giuzzio. El supuesto capo narco respondió con una nota de voz diciéndole que cree que “se confundió de Marcus”, pues este al parecer no entendía muy bien lo que Giuzzio quería decir. Seguidamente, a las 10:53 PM insistió Giuzzio en que faltaba abonarle un pago: “Creo que te debemos la reparación de la camioneta Dodge”, dice el último mensaje que remitió a Marcus Vinicius, aunque al parecer tampoco estaba tan seguro. El brasileño respondió con otra nota de voz indicando que iba a contactar con su gerente para corroborar el supuesto faltante.

Por los elementos que se tienen, la Fiscalía sospecha que Giuzzio pudo haber recibido además beneficios de Lindomar y que, incluso, habría facilitado información para permitir su huida del país. “Hay información de que en esos teléfonos podrían existir datos relevantes que deben ser valorados dentro del juicio”, había señalado el agente fiscal al fundamentar el pedido ante el Tribunal.

En caso de que los magistrados autoricen la inclusión probatoria, se solicitará vía exhorto internacional que la Policía Federal del Brasil remita oficialmente los datos de la extracción realizada al celular de Lindomar.

Para la investigación, este material podría marcar un punto de inflexión en el proceso judicial y abrir la puerta a una eventual ampliación de la imputación más allá del hecho de coima por el que actualmente será juzgado el exministro.

Según la investigación fiscal, entre julio de 2021 y febrero de 2022, Arnaldo Giuzzio mantuvo contacto directo y frecuente con Marcus Vinicius, detenido en Brasil por lavado de dinero, tráfico de drogas y activos, en el marco del operativo Turf. Los fiscales sostienen que el brasileño buscaba posicionarse como proveedor del Estado, ofreciendo chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional.

En ese contexto, se registran los primeros beneficios recibidos por Giuzzio, tales como el blindaje de un móvil policial a modo de “cortesía” y el préstamo gratuito de un vehículo blindado para uso personal durante unas vacaciones familiares en Brasil.

Las comunicaciones se realizaban vía WhatsApp, tanto al número personal de Vinicius como al registrado a nombre de la empresa Black Eagle, además de reuniones presenciales en oficinas privadas y en el campo de tiro de la FOPE.

Un informe de la Secretaría de Defensa del consumidor muestra un crecimiento del 345 % en cantidad de reclamos ingresados a la institución, con un total de 11.998 reportes, principalmente desde Central, Asunción, Alto Paraná e Itapúa.

El ránking de los rubros que más cantidad de reclamos generan y que, en conjunto representan el 57 % del total son:

Servicios financieros y seguros: 24 %

Telecomunicaciones: 10 %

Productos electrodomésticos y electrónicos: 10 %

Automotor: 8 %

Salud: 5 %

Los principales motivos de reclamo son cuatro, que, a su vez, se dividen en subcategorías:

Práctica abusiva: Cobro indebido, exigir pagos sin respaldo documental, renovación automática no consentidas, variación unilateral del precio o de otras condiciones, maltrato en la gestión de cobranza, inclusión indebida en burós de créditos o falta de actualización de información, no dan de baja estando con reestructuración en el pago.

No entrega del automotor dentro del plazo prometido, pese al pago de señas, entregas iniciales o cuotas. Cobro de comisiones o pago mínimo por uso de TC/TD.

Falta de información: no otorgan suficiente información sobre las características del bien o servicio, no otorgan la liquidación detallada de la deuda, no informan la falta de garantía, demoras excesivas en el servicio técnico, sin solución definitiva, productos no cuentan con precios ni descuentos en promociones.

Publicidad engañosa: cambio de precio en caja o en góndola, gastos adicionales a lo publicitado, producto o servicio distinto a lo publicitado.

Mal servicio: internet/cable, falta de atención o respuesta eficaz a reclamos en los canales presenciales o digitales, deficiencias en reparaciones y servicios técnicos, incluyendo trabajos mal realizados.

Sedeco informó que, en el 80 % de los casos ingresados, se logró un acuerdo en audiencias conciliatorias. En tal sentido, s

Cansado de los constantes reclamos a la Municipalidad de Asunción, nace la plataforma Asu Reclamos, impulsada por un ciudadano asunceno, Ever Escalante.

Según el creador, la aplicación nace desde un barrio, donde los vecinos padecen un montón de situaciones que muchas veces no son escuchadas por la comuna. Con la app Asu Reclamos cada reclamo podrá tener su seguimiento y gestión.

La plataforma permite reportar baches, basura, problemas de alumbrado y espacios públicos. Además de registrar los reclamos con ubicación georreferenciada y acompañar el proceso de cada caso, promoviendo la rendición de cuentas.

Cada reporte es registrado, clasificado y acompañado, con el compromiso de gestionar ante las instancias correspondientes y mantener informada a la ciudadanía.

La aplicación ya se encuentra disponible como una herramienta abierta para todos los vecinos de Asunción y del país.