Conforme al informe final de carácter reservado, en el MOPC existían legajos de pago de jornales incompletos. Durante la auditoría especial fueron visualizados legajos de jornales por un monto total de G. 2.228.650.807 en el 2010, y G. 954.337.937 entre enero y junio del 2021, ascendiendo a un total de G. 3.182.988.744, que no presentaron el total de la documentación exigida por la Contraloría General de la República.

En el material confidencial se citan los casos de funcio­narios que percibían sala­rios comprendidos entre G. 1 millón y G. 1 millón y medio, pero que no tenían la docu­mentación exigida tales como certificado de disponibili­dad presupuestaria, orden de transferencias bancarias, factura, contrato de presta­ción de servicios, entre otras.

También durante el trabajo de auditoría se hallaron legajos de pago de jornales sin factura por G. 556.390.000, además de planillas de liquidación de salarios sin firmas de los responsables y de los funcio­narios remunerados; y com­probantes de retención de IVA-renta sin firma del jefe de ejecución.

Entre las inconsistencias detalladas por los auditores se evidencia el incumplimiento de una disposición legal refe­rente al objeto de gasto de jornal del trabajador. En ese sentido, se expone el cobro de salario de un funciona­rio de G. 3.500.000, cuando la disposición legal estable­cía dos salarios mínimos (en ese entonces equivalente a G. 1.408.864 x 2, es decir G. 2.817.724) para las activida­des diversas no especificadas.

Acá están los detalles de las irregularidades detectadas por la auditoría del Poder Ejecutivo ordenada por Fernando Lugo. Efraín Alegre contrató funcionarios sin títulos, pagó sin facturas, entre otras anomalías que nunca fueron investigadas.

A la larga lista de “perlitas” halladas en el MOPC, se sumaron los casos de fun­cionarios que tenían legajos incompletos, sin respaldo documentario de sus títulos ni certificados de nacimiento, antecedente policial, judicial, ni tampoco contrato. En el informe se citan 10 casos, que juntos suman G. 17.500.000 en salario mensual.

Así también, fueron hallados legajos de pagos de honora­rios profesionales incomple­tos por un monto total de G. 1.312.486.218. Las falencias citadas fueron la falta de orden de transferencias bancarias, constancias de no ser funcio­nario público, factura, contra­tos, fotocopia de RUC, declara­ción de impuestos, entre otros.

Durante la gestión de Efraín Alegre en el ministerio hubo diferencias entre la planilla de liquidación de salarios y reso­lución de autorización de con­trato. En solo dos casos citados en el informe, la diferencia en un mes fue de casi G. 7 millones.

Según la auditoría, fueron detectados casos de funcio­narios sin títulos universita­rios, pese a que esta formación era requisito legal para la con­tratación de los trabajadores del ministerio bajo el gasto de honorarios profesionales.

Otro punto grave fue la exis­tencia de una funcionaria que cobraba un salario mensual de G. 8.113.636 cuyos datos no fueron encontrados en la ins­titución por parte de la Direc­ción de Recursos Humanos.

Además, en algunos legajos faltan los informes de los tra­bajos realizados por funciona­rios con salarios que iban de los 5 millones a incluso los 14 millones de guaraníes al mes. Totalizando G. 52.492.976 en honorarios mensuales de siete funcionarios sin justificación de trabajos efectuados en la institución.

Fue detectada, asimismo, la falta de una planilla de asis­tencia de funcionarios. Se citan en el informe el caso de cinco trabajadores que ganaban entre 6 millones y 14 millones, totalizando la suma de G. 59.164.849 mensuales.

Se hallaron legajos de perso­nal contratado incompletos, tales como la falta de antece­dentes personales, fotocopias de cédulas, entre otros. Allí se citan 11 casos, los cuales suman más de G. 100 millones en concepto de salario al mes.

Durante el período de Efraín se encontraron masivos con­venios modificatorios con­tractuales por G. 26.000 millones. De 124 contratos que se tomaron como muestra, 80 de ellos sufrieron cambios con respecto a los contratos ori­ginales, lo cual afecta el pre­supuesto de la institución, ya que obligaba a pedir reprogra­maciones o ampliaciones. Esto revela la falta de eficiencia en la planificación del ente esta­tal, según los intervinientes.

Como recomendación final, los auditores instaron al presi­dente Lugo que eleve el informe a Asesoría Jurídica de la Presi­dencia y a Procuraduría para investigar y deslindar respon­sabilidades, pero el documento secreto fue cajoneado.

Las labores, supervisadas por la Comisión Nacional de Regulación y Aprovechamiento Múltiple de la Cuenca del Río Pilcomayo (CNRP), abarcan múltiples frentes de trabajo estratégicos. En la zona de la Embocadura, las tareas de limpieza y descolmatación progresan a lo largo de aproximadamente 12 kilómetros.

El director de la comisión, Darío Medina, confirmó que estas acciones aseguran el flujo de agua hacia el país y adelantó que los trabajos continuarán mediante el sistema conocido como “espina de pescado”, una técnica clave para la retención e intercepción de sedimentos.

En el sector comprendido entre Mistolar y Fortín Caballero, las obras se enfocan en la ampliación, profundización e interconexión de canales, junto con la realización de infraestructuras complementarias para optimizar el escurrimiento hídrico.

A la par, en la comunidad de Margariño avanza la construcción de un puente solicitado por sus habitantes desde hace más de una década. Medina destacó que esta estructura evitará que la localidad vuelva a quedar incomunicada durante las crecidas del río Pilcomayo.

De forma paralela, en General Díaz se realizan trabajos de mejoramiento en caminos vecinales y se habilitaron tres pozos someros entregados el pasado mes de julio, brindando acceso vital a agua potable para las familias de la zona.

Las autoridades ratificaron que el despliegue técnico continuará de manera sostenida para articular respuestas hidráulicas y viales que sostengan el caudal del río y reduzcan los riesgos para las poblaciones locales.

En declaraciones a Medios del Estado, el ministro secretario ejecutivo de la SEN, Cnel. Arsenio Zárate, confirmó que los equipos de la institución se mantienen desplegados para asistir tanto a las personas que acuden de manera directa al refugio como a aquellas localizadas durante los recorridos nocturnos de la patrulla de rescate.

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El principal centro de asistencia de la SEN se encuentra instalado en la Costanera Norte de Asunción, donde se cuenta con capacidad inicial para 50 camas, con posibilidades de ampliarse hasta 60 espacios. El lugar está acondicionado con baños, dormitorios diferenciados, sector de cocina y atención médica o social permanente. Además, el establecimiento es de carácter inclusivo al permitir el ingreso de animales de compañía que estén al cuidado de los albergados.

La asistencia brindada en el marco del Operativo Jaho’i contempla dos modalidades:

Traslado voluntario: Las cuadrillas acuden a los puntos detectados u homologados por denuncias ciudadanas para invitar a las personas a resguardarse en el refugio.

Atención en la vía pública: En los casos donde la persona decide no trasladarse hasta el refugio, el personal entrega colchones, frazadas y raciones de comida caliente directamente en el lugar donde pernocta.

Desde la SEN recuerdan a la población que los monitoreos se intensifican cuando el termómetro desciende a los 10 °C o menos. Asimismo, instan a la ciudadanía a colaborar notificando sobre personas expuestas a las inclemencias del tiempo o en situación de desamparo.

Línea de la Patrulla de Rescate (SEN): (0986) 111-001

Policía Nacional: Sistema 911

El proyecto plantea modificar y ampliar la Ley Nº 5552/2016 con el fin de otorgar la responsabilidad sobre estos tramos ribereños al estamento estatal

Los proyectistas sostienen que, a casi una década de la sanción del marco legal vigente, las nuevas exigencias de conectividad urbana y movilidad sostenible requieren adecuar las normas para optimizar la infraestructura del país.

Actualmente, las costaneras están catalogadas como vías municipales conforme al articulado legal vigente, sin embargo, el argumento normativo fundamenta que, por su envergadura, el volumen de tránsito que canalizan y su carácter estratégico como corredor vial sobre el río Paraguay, resulta indispensable integrarlas a la red vial nacional bajo los estándares de administración del MOPC.

La iniciativa señala que la Costanera de Asunción en sus tres sectores se consolidó como un eje vial determinante para descongestionar el tráfico de la capital, además de impulsar oportunidades de desarrollo urbano, turístico y social en toda la zona metropolitana.

El dictamen favorable de la comisión asesora representa un paso clave para el debate del texto en el pleno cameral.