Conforme al informe final de carácter reservado, en el MOPC existían legajos de pago de jornales incompletos. Durante la auditoría especial fueron visualizados legajos de jornales por un monto total de G. 2.228.650.807 en el 2010, y G. 954.337.937 entre enero y junio del 2021, ascendiendo a un total de G. 3.182.988.744, que no presentaron el total de la documentación exigida por la Contraloría General de la República.

En el material confidencial se citan los casos de funcio­narios que percibían sala­rios comprendidos entre G. 1 millón y G. 1 millón y medio, pero que no tenían la docu­mentación exigida tales como certificado de disponibili­dad presupuestaria, orden de transferencias bancarias, factura, contrato de presta­ción de servicios, entre otras.

También durante el trabajo de auditoría se hallaron legajos de pago de jornales sin factura por G. 556.390.000, además de planillas de liquidación de salarios sin firmas de los responsables y de los funcio­narios remunerados; y com­probantes de retención de IVA-renta sin firma del jefe de ejecución.

Entre las inconsistencias detalladas por los auditores se evidencia el incumplimiento de una disposición legal refe­rente al objeto de gasto de jornal del trabajador. En ese sentido, se expone el cobro de salario de un funciona­rio de G. 3.500.000, cuando la disposición legal estable­cía dos salarios mínimos (en ese entonces equivalente a G. 1.408.864 x 2, es decir G. 2.817.724) para las activida­des diversas no especificadas.

Acá están los detalles de las irregularidades detectadas por la auditoría del Poder Ejecutivo ordenada por Fernando Lugo. Efraín Alegre contrató funcionarios sin títulos, pagó sin facturas, entre otras anomalías que nunca fueron investigadas.

A la larga lista de “perlitas” halladas en el MOPC, se sumaron los casos de fun­cionarios que tenían legajos incompletos, sin respaldo documentario de sus títulos ni certificados de nacimiento, antecedente policial, judicial, ni tampoco contrato. En el informe se citan 10 casos, que juntos suman G. 17.500.000 en salario mensual.

Así también, fueron hallados legajos de pagos de honora­rios profesionales incomple­tos por un monto total de G. 1.312.486.218. Las falencias citadas fueron la falta de orden de transferencias bancarias, constancias de no ser funcio­nario público, factura, contra­tos, fotocopia de RUC, declara­ción de impuestos, entre otros.

Durante la gestión de Efraín Alegre en el ministerio hubo diferencias entre la planilla de liquidación de salarios y reso­lución de autorización de con­trato. En solo dos casos citados en el informe, la diferencia en un mes fue de casi G. 7 millones.

Según la auditoría, fueron detectados casos de funcio­narios sin títulos universita­rios, pese a que esta formación era requisito legal para la con­tratación de los trabajadores del ministerio bajo el gasto de honorarios profesionales.

Otro punto grave fue la exis­tencia de una funcionaria que cobraba un salario mensual de G. 8.113.636 cuyos datos no fueron encontrados en la ins­titución por parte de la Direc­ción de Recursos Humanos.

Además, en algunos legajos faltan los informes de los tra­bajos realizados por funciona­rios con salarios que iban de los 5 millones a incluso los 14 millones de guaraníes al mes. Totalizando G. 52.492.976 en honorarios mensuales de siete funcionarios sin justificación de trabajos efectuados en la institución.

Fue detectada, asimismo, la falta de una planilla de asis­tencia de funcionarios. Se citan en el informe el caso de cinco trabajadores que ganaban entre 6 millones y 14 millones, totalizando la suma de G. 59.164.849 mensuales.

Se hallaron legajos de perso­nal contratado incompletos, tales como la falta de antece­dentes personales, fotocopias de cédulas, entre otros. Allí se citan 11 casos, los cuales suman más de G. 100 millones en concepto de salario al mes.

Durante el período de Efraín se encontraron masivos con­venios modificatorios con­tractuales por G. 26.000 millones. De 124 contratos que se tomaron como muestra, 80 de ellos sufrieron cambios con respecto a los contratos ori­ginales, lo cual afecta el pre­supuesto de la institución, ya que obligaba a pedir reprogra­maciones o ampliaciones. Esto revela la falta de eficiencia en la planificación del ente esta­tal, según los intervinientes.

Como recomendación final, los auditores instaron al presi­dente Lugo que eleve el informe a Asesoría Jurídica de la Presi­dencia y a Procuraduría para investigar y deslindar respon­sabilidades, pero el documento secreto fue cajoneado.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.