Los liberales presentaron el pasado 6 de agosto el libelo acusatorio para pedir el juicio político al presidente, Mario Abdo Benítez, y al vicepresidente, Hugo Velázquez, por su supuesta implicación en un acta bilateral con Brasil de compra de energía a la represa de Itaipú, compartida por ambos países, y que para la oposición representa una traición a la patria.

Mientras que desde el Gobierno creen que el debate sobre el juicio político “está relativamente acabado”, como dijo este viernes Abdo Benítez, la oposición insiste en llevar adelante su pedido y conseguir una convocatoria de elecciones si se logra destituir al presidente y al vicepresidente.

“A pedido de la ciudadanía, los partidos de oposición solicitamos a nuestros parlamentarios promover el tratamiento del juicio político el 21 de Agosto. A partir de este momento declaramos permanentes las movilizaciones ciudadanas en todo el territorio nacional. #JuicioPolíticoYA”, publicó Alegre en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje en su red social, el líder liberal, que no cuenta con escaño en ninguna de las dos Cámaras, pidió el respaldo de los diputados para secundar su pedido y les advirtió que así se sabrá “quiénes están con el pueblo y cuántos más son los traidores de la patria”.

Alegre aseguró el miércoles pasado, durante una marcha de protesta, que contaban a su favor con votos de Honor Colorado, movimiento interno del Partido Colorado liderado por el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) y hasta ahora opositor a Abdo Benítez, también colorado.

Sin embargo, los diputados cartistas afirmaron este viernes, tras un almuerzo en casa de Cartes al que también acudieron legisladores abdistas, en que dan “la vuelta a la página” en el caso del juicio político y respaldarán a Abdo Benítez y a Velázquez si el pedido llega a votarse.

El Gobierno paraguayo vive desde finales de julio una crisis política tras conocerse la firma de un acta bilateral con Brasil que establecía un cronograma de compra de energía a la represa binacional de Itaipú hasta 2022, un año antes de que ambas partes renegocien el Anexo C del Tratado de Itaipú, firmado en 2023.

El acta se firmó en mayo en Brasilia, pero no se conoció hasta julio, cuando renunció el entonces presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira, por discrepancias con los puntos del acuerdo.

Ante las críticas de la oposición y la amenaza del juicio político, el Ejecutivo se vio obligado a anular el documento y a aceptar las renuncias de cinco altos cargos, así como a efectuar cambios en el Consejo de Administración de Itaipú.

Además, tanto Abdo Benítez como Velázquez comparecieron ante la Fiscalía y pusieron sus teléfonos celulares a disposición del Ministerio Público para que los fiscales comprueben sus mensajes de WhatsApp, que pudieron ser fundamentales en la negociación del acta.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.