Con ello, la Presidencia incu­rre en una medida arbitraria ya que deberá explicar cuál es la ilegalidad de tomar imá­genes del Palacio de López u otras zonas del centro desde una cámara.

Los directivos del canal GEN consultados manifestaron su extrañeza porque la Presiden­cia jamás se comunicó con el medio sino directamente emi­tió una nota dirigida a la pro­piedad del edificio. En la nota se reconoce que el uso de tal cámara es a los fines periodís­ticos. Según los directivos del Grupo Nación, incurren en una evidente censura.

Lo llamativo y preocupante de la cuestión es que no existe ninguna legislación o nor­mativa que prohíba el uso de los equipos de prensa; por el contrario, con estas decisio­nes arbitrarias se estarían violando sagrados precep­tos estipulados en la Carta Magna referentes a la liber­tad de expresión ciudadana y las garantías para el ejercicio del periodismo.

En el artículo citado anterior­mente dice claramente que “se garantizan la libre expre­sión y la libertad de prensa, así como la difusión del pen­samiento y de la opinión sin censura alguna”. Además, es contundente al establecer que “no se dictará ninguna ley que las imposibilite o restrinja” y “toda persona tiene derecho a generar, procesar o difun­dir información, como igual­mente a la utilización de cual­quier instrumento lícito y apto para tales fines”.

Otro aspecto cuestionable es que la nota remitida por el Gabinete Militar de la Presi­dencia, en la que piden el retiro de las cámaras, ni siquiera fue enviada a los directivos de GEN (Grupo Nación), sino que solo al propietario del edi­ficio donde están instalados los equipos del canal. Por lo tanto, la dirección del medio desconoce las razones por las cuales el Ejecutivo busca censurar el trabajo perio­dístico de uno de los medios de este holding.

CONTRADICCIONES

Desde el Departamento de Comunicación de la Presiden­cia, la jefa de prensa Rossana Patiño dijo que esta medida no fue solo para GEN y que ayer más de una persona se comu­nicó con ella para pedir deta­lles al respecto. Recomendó que las preguntas sean tras­ladadas al coronel Melanio Servín, jefe de seguridad del Palacio de Gobierno, ya que la decisión fue tomada en esa dependencia.

En contacto con La Nación, Servín confirmó que solici­taron al propietario del edi­ficio que sean retiradas las cámaras de GEN, pero al ser consultado sobre si el pedido fue solamente para este canal, señaló que solo fue para el medio del Grupo Nación.

POR SEGURIDAD

Al preguntarle sobre la ley o el artículo que tuvieron en cuenta para tomar esta medida, no supo dar una explicación concreta. Solo se limitó a decir que lo que hicie­ron no se trata de una prohi­bición, sino de un pedido de relocalización de las cáma­ras, “considerando la distan­cia que cubren, 360º del espa­cio en el Palacio de López”.

El motivo que los impulsó a tomar esta postura fue para salvaguardar la seguridad del presidente de la República y de los miembros de su gabinete, sostuvo. “Solicitamos al señor la relocalización de las cáma­ras considerando la distancia que cubren, 360º del espacio en el Palacio de López, y es el lugar donde se llevan a cabo todas las actividades del Pre­sidente. Es para salvaguar­dar la seguridad del lugar”, mencionó.

El director periodístico del Grupo Nación, Augusto dos Santos, dijo ayer que “la ini­ciativa del Gobierno de prohibir a GEN tomar imágenes desde un edificio céntrico es una censura grosera y dictatorial”.

Dos Santos mencionó que “no existe ninguna prohibición de tomar imágenes del Palacio Presidencial y tampoco de las autoridades nacionales”. Agregando que “la cámara del canal GEN no tenía como punto focal el Palacio de López sino transmitir imágenes de diversos paisajes del centro de Asunción, obviamente se incluye al Palacio”.

Dijo además que “con la determinación tomada por la Presidencia se puede colegir que está prohibido tomar imágenes del Palacio desde cualquier edi­ficio de Asunción y ello es una aberración”. Con este criterio -ironizó- todas las personas que salgan a sus balcones desde los edificios cén­tricos son automáticamente sospechosas.

Personal del Departamento de Investigaciones de Itapúa este viernes lideró un operativo que permitió evitar lo que, según la información que se maneja, podría haberse convertido en un importante atraco.

La intervención se produjo en la localidad de Capitán Meza, luego de que la Policía recibiera informes de inteligencia relacionados con un supuesto plan de asalto a entidades financieras en la zona sur del departamento.

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A partir de allí, se inició una tarea de vigilancia en dicho sector, permitiendo localizar dos vehículos que circulaban con chapas presumiblemente clonadas. Se trata de una camioneta Toyota Hilux gris y un automóvil Toyota Premio blanco.

Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes de ambos rodados (que serían entre cuatro a seis personas) emprendieron una rauda fuga, iniciándose una persecución que incluyó un intercambio de disparos.

Luego de varios kilómetros, los delincuentes decidieron abandonar ambos rodados en una zona boscosa de Capitán Meza, siguiendo su huida a pie, sin llegar a ser identificados ni detenidos por los intervinientes.

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Al hacer la verificación de rigor, se corroboró que la camioneta (registrada a nombre de Pedro Torales Vera) contaba con una denuncia de robo que data del pasado 5 de mayo, en jurisdicción de la ciudad de Santa Rita, Alto Paraná. Por su parte, el automóvil pertenece a Vicente Martínez Bogado, según los registros.

En su interior fueron hallados dos pasamontañas, guantes, una hoja con un croquis detallado de varias ubicaciones, además de cuatro cartuchos vivos y quepis. Estas evidencias acrecientan las sospechas sobre la preparación de un gran asalto.

El Panteón de los Héroes esta mañana fue escenario de una llamativa e ingeniosa protesta, organizada por un grupo de mujeres.

Se trata de las “madres autónomas”, quienes desde hace tiempo impulsan una campaña para escrachar y denunciar a padres que incumplen con la prestación alimentaria.

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En este caso, colocaron un “tendedero” de deudores alimentarios, con fotografías de varios hombres que poseen denuncias penales y causas abiertas en la justicia debido a la falta de manutención de sus hijos e hijas.

Las manifestantes decidieron aprovechar la celebración del Día de la Madre, así como el intenso movimiento por los festejos patrios en la zona del microcentro, para hacer esta convocatoria pacífica.

“Queremos visibilizar la mora judicial, que es a nivel país, además del desequilibrio entre la responsabilidad que tiene la madre, que es del 100%, contra el padre que es ausente”, indicó una de las voceras a ABC TV.

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Varios de estos padres morosos poseen órdenes de captura a nivel nacional e inclusive internacional. En el tendedero también exhibieron a jueces y fiscales acusados de “cajonear” las causas judiciales.

Las madres autónomas repudian que, pese a la existencia del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), muchos hombres sigan sin hacerse cargo de sus hijos ni cumplir con la prestación, además de circular libremente con órdenes de detención vigentes en su contra.

La Octava Compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios - K8, ubicada sobre la calle Excombatiente Aurelio Gaona de Capiatá, esta madrugada fue visitada por una persona que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Este sujeto fue identificado como Juan Carlos Arzamendia Salinas, de 21 años, quien llegó al sitio en actitud violenta y utilizó un bloque de concreto para romper la puerta de blindex del cuartel.

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Previamente, el hombre había hecho lo mismo con el parabrisas del vehículo perteneciente a una de las voluntarias que se encontraba de guardia, provocando un importante daño material.

Tras ello, Arzamendia acabó quedándose dormido dentro de la sala de radios, no sin antes vomitar en el piso. Una vez fueron alertados del hecho, acudieron agentes de la Comisaría 8ª Central, quienes se lo llevaron detenido.

Al verificar sus datos en sistema policial, constataron que este joven figura como “soldado temporal voluntario”. Al momento de presentarse en el lugar, el mismo había manifestado ser un personal militar.

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“Supuestamente vino para pedir asistencia. Cuando ingresó, vimos si es que tenía alguna herida, pero en realidad era negativo, era porque estaba en estado etílico”, comentó al canal C9N el Tte. Ever Ramón Recalde.

Los encargados de la compañía buscarán que Arzamendia pueda hacerse responsable por los destrozos provocados y hacer un resarcimiento económico. Caso contrario, apelarán a la ayuda de la ciudadanía.