El IICA, con sede en Costa Rica, informó que su director general, Manuel Otero, se encuentra de visita en Paraguay, donde se reunió con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y con el ministro de Agricultura y Ganadería, Santiago Bertoni.

“Con el IICA tenemos varios proyectos, tenemos un proyecto de mecanización, otro de facilitación de la comercialización, también uno de plantas medicinales, entre otros de las muchas áreas de cooperación entre el organismo y el Ministerio de Agricultura”, dijo el ministro Bertoni en un comunicado del IICA.

El funcionario también destacó el “nuevo rumbo” en las políticas “que modelan una agricultura más resiliente”.

En la reunión entre Otero y Bertoni se abordaron temas como las consecuencias del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Bertoni expresó su preocupación por las consecuencias locales y regionales del conflicto en Europa en cuanto al aumento de precios del combustible, de los fertilizantes y de otros insumos que influyen en los costos de producción.

Por su parte, Otero recordó que el conflicto en Ucrania puede traer consecuencias negativas para la seguridad alimentaria global por su impacto en el funcionamiento de los mercados, en el comercio y en los precios de los productos usados para elaborar alimentos.

“La afectación a la paz, con la incertidumbre que provoca, altera el normal funcionamiento de los mercados y compromete el abastecimiento de alimentos, impactando sus precios y los de insumos claves para su producción”, comentó.

Otero destacó los temas vinculados a la ciencia e innovación, a las políticas públicas, capacitación, temas de cambio climático, el manejo del agua.

“Fue una reunión extremadamente cordial donde repasamos algunos temas que le dan vida a la agenda de cooperación técnica del IICA en el Paraguay y el compromiso del IICA es seguir brindando el mejor servicio posible porque es algo fundamental para los agricultores y para las instituciones de sector agropecuario paraguayo”, afirmó Otero.

El jefe del IICA fue recibido por el presidente Abdo Benítez en el palacio de Gobierno, adonde concurrió acompañado por la empresaria agropecuaria Maris Llorens, también embajadora de Buena Voluntad del IICA, y el representante del organismo en el país, Gabriel Rodríguez.

Otero reconoció la labor del presidente paraguayo en el tratamiento de los temas relevantes del sector agrícola y subrayó el potencial del país.

“Conversé con el presidente de cómo incorporamos los temas de innovación y sobre todo los temas de cambio climático que son desafíos muy grandes, pero Paraguay es un país que tiene todo para hacer una gran alianza entre producción y medio ambiente”, expresó Otero.

En su visita a Paraguay, Otero también recibió en el Ministerio de Relaciones Exteriores la Orden Nacional del Mérito “Don José Falcón”.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.