A través de la Resolución Nº 1761 firmada por el ministro Eduardo Petta, el MEC dispuso la no utilización de la “Guía para docentes sobre Educación Integral de la Sexualidad” en instituciones educativas de gestión oficial, privada y privada subvencionada de todo el país.

Este material, dirigido a los educadores en general, fue elaborado por la organización Servicio de Paz y Justicia Paraguay (Serpaj) y su lanzamiento se concretó a fines del 2018.

De acuerdo a la cartera de Estado, la guía “la temática del material no respeta las capacidades del ciclo evolutivo de los menores y en los conceptos utilizados prevalece la construcción de la identificación sexual en forma libertina”. Asimismo, “subvalora los conceptos de feminidad y masculinidad, promueve la autonomía de las decisiones de los menores en el desarrollo de contenidos de educación sexual y desconoce los principios básicos de la patria potestad, ya que excluye a los padres de la formación de sus hijos en un aspecto tan sensible”.

En entrevista con Radio La Unión, el viceministro de Educación, Robert Cano, fue consultado sobre este tema y señaló que lograron enterarse de la existencia de esta guía para docentes elaborado por Serpaj a través de la prensa.

Según expresó, desde el MEC consideran que “no es una cuestión tan ligera el distribuir materiales para maestros sin que el ministerio tenga una mirada crítica”. “Somos el ente rector de la educación en Paraguay y de alguna forma tenemos que tener el control de este tipo de cuestiones, no por una cuestión policíaca sino por una cuestión de orden”, refirió.

Cano considera que hay temas que deben ser objeto de debate nacional antes de ser trasladados a las aulas, como por ejemplo todo lo relacionado a la ideología de género que tanto se ha debatido y cuestionado en los últimos años.

“No es una cuestión personal contra ninguna organización, en absoluto, sino que tiene que ver con un tema con el que la sociedad está polarizada no solo aquí sino en todo el mundo”, sostuvo el viceministro, asegurando que “no se puede imponer una forma de pensar en las aulas bajo el pretexto de que tenemos un ministerio que pintaba ser débil y admitía cualquier tipo de materiales”.

Durante la entrevista, Cano no supo explicar por qué el MEC considera “libertino” el material propuesto por Serpaj como guía para los docentes.

“No estamos en desacuerdo con la educación sexual, es absolutamente necesaria, los enfoques son los que de repente difieren en el abordaje. No nos vamos a cerrar a la posibilidad del debate, pero este tema hoy no está lo suficientemente debatido en la sociedad”, puntualizó.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.