Padre e hijo declararon ante los jueces Rossana Maldonado, Lourdes Peña y Manuel Aguirre. Otro de los condenados en la causa, Luis Paiva Gutierrez, también se declató culpable.

“Declaró el señor Rojas Cañete y admitió haber cometido los hechos que el Ministerio Público acusa y, a su vez, sostuvo que obligaba a su hijo Robert a realizar los hechos de tráfico y comer­cialización de drogas desde noviembre del 2014 a junio del 2015”, expresó el fiscal Isaac Ferreira.

Analistas del foro sostienen que la movida de Toma’i tiene el objetivo de abrir un proceso en el que la figura del “arrepentimiento” y la buena conducta en el penal, abran un nuevo frente de disputa judicial en pro de una eventual revisión del caso.

Tomás Rojas lideraba un grupo integrado por su hermano Silverio Rojas, su cuñada Salustiana Benítez y su hijo Robert Rojas Dávalos. También formaban parte de la gavilla Luis Paiva Gutiérrez, Alfredo Ortiz, Juan Antonio Espínola, Luciano Vázquez, Pedro Britos Romero, Fabio Aguilar, Willians Denis, y los hermanos Juan Francisco y Lilio Sanabria, declarados rebeldes.

EL “PATRON” Y CUCHO

El 3 de setiembre de 2011 Toma’i había caído junto a varios de sus subordinados, con 101 kilos de cocaína. Fue su última operación.

Según informes que entonces proveyó la Secretaría Nacional Antidrogas, que le seguía los pasos, el hombre se hacía llamar “patrón” por parte de sus cómplices.

Tras caer junto a su pandilla, se menciona que quedó un “vacío” dentro de un segmento del mercado narcotraficante esteño que tiempo después fue llenado por la presencia de Javier Cucho Cabaña.

Como este. Toma’i mantenía estrechas relaciones con políticos de varios partidos, pero principalmente con los del sector colorado.

El incipiente liderazgo de Cucho es catalogado como la continuación del negocio ilegal abierto por Toma’i Rojas y dentro de las presunciones barajadas por antidrogas, no se puede descartar que el relacionamiento (de algún modo) entre uno y otro aún continúe, a pesar de que ambos ya estén tras las rejas.

En entrevista con la radio 650 AM, el juez Darío Báez señaló que la causa contra Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, “era muy simple”.

“Ambos terminaron condenados, con 4 años la señora Patricia y el señor José con 3 años y 9 meses, por el famoso caso de agua tónica de Petropar. Muy pocas veces tenemos tanta claridad desde el principio. El Ministerio Público creyó conveniente y presentó todo el argumento que existía, pero ya desde el principio era demasiado evidente que estas compras nunca se hicieron. Desde el principio era muy claro que nunca se realizaron estas compras y únicamente se utilizaron documentaciones para cumplir con lo que hace a las carpetas. Finalmente, es una compra disimulada con documentos”, señaló.

La condena se dio en torno al caso de sobrefacturación por la compra de “agua tónica” y otros insumos, ocurrido en un contexto de pandemia por el Covid-19 en mayo del 2020, que tuvo un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000. Ese dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada con el único fin de cubrir una deuda que tenía el esposo de la titular de Petropar.

“Todo el tiempo estamos teniendo juicios de corrupción pública, pero este es mucho más ofensivo porque en ese momento de desesperación de cada paraguayo prácticamente, aprovecharon estas personas para poder pagar sus propias deudas”, cuestionó el magistrado.

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Por su parte, el fiscal Silvio Corbeta calificó el fallo como ejemplificador, ya que se trata de un caso muy grave en perjuicio al Estado en un momento de pandemia donde las personas eran afectadas en todos sus aspectos, al igual que la economía del país.

“La hipótesis del Ministerio Público quedó probada, que el dinero fue a parar a una cuenta de una empresa privada a los fines de cubrir una deuda. Mientras la gente se moría, se fraguó el hecho, con el único fin de enriquecerse. La empresa proveedora transfirió a un acreedor por instrucciones de José Costa y efectivamente actuó como pasamano del dinero de la institución para un beneficio patrimonial de saldar una cuenta de un pagaré”, expuso.

La constitución de esta región en zona roja, de alta movilidad de agrupaciones narco, empujó al gobierno a definir una mayor presencia, permanente, en el departamento que está siendo azotado por una guerra de pandillas que disputan territorios para producción de marihuana, y de pistas clandestinas para trasporte de cocaína.

La idea general de la nueva estrategia de seguridad para Canindeyu, contempla el uso de unidades especializadas en combate, inteligencia y el uso de nuevas tecnologías de control y detección de actividades irregulares.

La gran extensión del departamento, amplias zonas boscosas, lo convirtieron en escenario ideal para operaciones de grupos criminales. Entre estos resaltan que existen seis bandas, dos de las cuales: la liderada por Felipe Santiago Acosta, alias Macho, y la otra comandada por Benicio Silva, alias Silva hu, son las que disputan por la hegemonía.

En el caso del fugitivo Acosta, ahora se sabe que cuenta con el apoyo de una banda de sicarios, supuestamente liderada por Selva Portillo Rodas, alias ña Selva.

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La parte delantera de una camioneta donde se encuentra el motor, ardió en llamas esta mañana, pero gracias a la rápida acción del personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, se logró sofocar las llamas antes de que el rodado sea consumido completamente por el fuego.

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De acuerdo al informe policial, se trata de una camioneta de la Marca Ford modelo Escape de clor negro, chapa UAE 592, propiedad de María Elena Barrios (47), de nacionalidad argentina, domiciliada en el barrio San Roque de Ciudad del Este.

La afectada manifestó a los intervinientes que minutos antes del incidente dejó su vehículo estacionado, poco después el guardia del recinto le avisó que su rodado se incendiaba.

Rápidamente se dio aviso a los bomberos voluntarios que lograron evitar que el fuego consuma por completo el automóvil.

Por el momento se desconoce cómo se originó el incendio, por lo que se procederá a la revisión para encontrar la causa.

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