De acuerdo con el cronograma electoral, hoy a las 23:59 vence el plazo para presentar renuncia a las candidaturas, para permitir la exclusión de los nombres del listado que aparecerá en las máquinas de votación.

Las dimisiones pueden ser por voluntad propia o por alguna inhabilidad para el ejercicio del cargo, según el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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En el caso de las renuncias voluntarias, podrían darse en favor de alguna candidatura, como por ejemplo, los independientes en apoyo a la Concertación Nacional, aunque Euclides Acevedo, uno de los que podría contribuir con caudal de votos, ya aclaró que no descabalgará.

Otra posibilidad que encaja en la legislación es que Fernando Lugo, quien está convaleciente por el accidente cerebro vascular que sufrió en agosto, dé un paso al costado. Sin embargo, tampoco lo hará, ya que continuará su recuperación hasta que le toque volver.

Aunque venza el plazo, también es posible que algún candidato desista de presentarse y solicite el “voto útil” por otra figura. No obstante, seguirá figurando en las máquinas. 

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Desde el TSJE no se recibió ninguna renuncia, no obstante, por lo general, cuando ocurren, se dan en el último día habilitado para el efecto.

Según fundamentaciones, las modificaciones introducidas por el Senado son solo de forma y no de fondo, por lo que corresponde aceptar la versión de la cámara revisora.

Las comisiones de Defensa, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno; y de Legislación y Codificación de Diputados, recomendaron la aprobación con las modificaciones propuestas.

Esta iniciativa, según la exposición de motivos, surge como respuesta a la creciente preocupación por el uso delictivo de estos dispositivos en todo el país, especialmente, en el departamento de Alto Paraná, donde se ha constatado su utilización en diversos hechos delictivos como asaltos a entidades financieras, servicentros y transportadores de caudales.

El proyecto, presentado busca establecer además un marco regulatorio para la comercialización de estos dispositivos, exigiendo que los vendedores se inscriban en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria y Comercio.

También propone prohibir la tenencia y utilización de inhibidores sin la debida autorización de los organismos de control.

Otra medida propuesta es la imposición de sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría o multa para quienes incumplan la ley.

Entre los cambios, se agregó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como ente regulador del ámbito técnico de reglamentación y control específico. También se incluyó al Ministerio del Interior en el ámbito administrativo de control.

El Prof. Dr. Walter Delgado, director de Admisión de la UNA, explicó que el cursillo probatorio de ingreso era obligatorio para quienes anhelaban ingresar a la carrera de Medicina, pero detectaron varios problemas que motivaron a realizar un ajuste.

Uno de los motivos es la igualdad de oportunidades para todos los postulantes, porque implicaba una alta carga horaria durante el año lectivo que era imposible cumplir, principalmente, para aquellos que residen lejos de la casa de estudios ubicada en Sajonia.

“Es muy complicado ir y venir, entonces notamos que eso generaba una deserción importante entre los postulantes, ahora queremos disminuir esas variables y darle oportunidad a la gente que termina el colegio para que pueda aplicar”, expresó Delgado al canal GEN/Nación Media.

Esta nueva disposición comenzará a regir desde el próximo año, y no significa que se elimina el examen de ingreso, solo la obligatoriedad del cursillo de ingreso.

Las fechas de inscripción se extenderán desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 15 de enero de 2026, y los exámenes de ingreso se realizarán del 6 al 13 de febrero de 2026.

La ministra destacó que la cartera a su cargo ha centrado su gestión en tres ejes prioritarios: la generación de empleo, la formalización laboral y la capacitación para el trabajo. En ese marco, informó que el país está a tan solo 7.000 personas de alcanzar la meta de 800.000 trabajadores con seguro social para este año, con un total actual de 793.200 personas formalizadas.

Uno de los avances más significativos se dio a través del fortalecimiento del proceso inspectivo. En el marco del programa Hambre Cero, el Ministerio recorrió 41 distritos de seis departamentos, verificando 400 escuelas y entrevistando a 1.602 trabajadores, lo que permitió la formalización de más de 19.000 personas en solo dos meses, en su mayoría mujeres jefas de hogar.

Otro logro relevante es la aprobación de la ley que garantiza el acceso a controles prenatales sin descuento salarial para mujeres gestantes, actualmente en proceso de reglamentación en coordinación con el Ministerio de Salud.

En cuanto al dinamismo del sector productivo, se registraron 29.025 nuevas empresas y 11.000 nuevas sucursales en todo el país durante este periodo, lo que refleja un entorno favorable para el empleo y la inversión.

A nivel de modernización y simplificación administrativa, se implementaron planillas laborales y recibos de salario electrónicos a través del sistema REOP, lo que permite mayor trazabilidad del cumplimiento de los derechos laborales y reduce costos administrativos para las empresas.

En el ámbito de las políticas activas de empleo, se puso en marcha el programa EmpleaPY Joven, que promueve la inserción laboral de jóvenes mediante asistencia económica a micro, pequeñas y medianas empresas. A un mes de su lanzamiento, más de 200 empresas ya se han adherido al programa.

En lo que respecta a la formación profesional, 74.695 personas fueron capacitadas por el SNPP en lo que va del año, a través de 3.442 acciones formativas en todo el país. Además, se anunció el próximo lanzamiento de un programa inédito que permitirá a los egresados de cursos técnicos recibir paquetes de herramientas y equipamientos para emprender actividades laborales en oficios técnicos como electricidad, plomería y salud y seguridad ocupacional.

La ministra subrayó que en estos 22 meses Paraguay no registró ninguna huelga ni conflicto laboral que afecte la producción, resultado del fortalecimiento del diálogo social y los mecanismos de resolución pacífica.