De “buena fe” y sin darnos cuenta, en muchas ocasiones compartimos una información incompleta, inexacta y en muchas ocasiones falsa, pero no lo hacemos con la intención de engañar a nuestro entorno, muy por el contrario, creemos que a los demás les puede ser útil en su rutina diaria.

A este tipo de desinformación se la conoce como: desinformación causal o culposa. Y generalmente no buscan perjudicar, dañar o desmeritar una verdad.

Y por el otro lado tenemos a la desinformación intencional o dolosa; aquella publicación que se genera con un interés en particular: manipular opiniones, poner en duda la certeza de una verdad, desmeritar a personas o realidades que son de alcance e impacto público. En este tipo de desinformación prevalece una situación denominada como “posverdad”, cuando sobre un hecho predomina más el sentimiento, creencia y opinión de una persona, sobre los verdaderos acontecimientos reales y objetivos. También son consideradas como “mentiras emotivas”.

Para el sociólogo Roberto Santander, en la actualidad estamos viviendo “la teoría de la relatividad de la información”, donde los medios de comunicación tradicionales dejaron de ser los dominantes en términos de impacto y están siendo desplazados por las redes sociales. Y aquí aparecen los famosos “influencers” que tienen un mayor alcance.

Santander dejó en claro que siempre existieron las informaciones falsas, pero que hoy la tecnología las termina masificando aún más.

LA DESINFORMACIÓN Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD

¿La proliferación de noticias falsas constituye un desafío capaz de debilitar los pilares de un Estado? En Paraguay, un caso evidenciado fue la salud pública durante la pandemia de Covid-19. Al respecto la propia institución estatal reportó que en dicho escenario aparecieron en escena la desinformación y los rumores, junto con la manipulación de la información con intenciones dudosas.

Fue aquí que se dio importancia al rol de los medios y la responsabilidad del Estado en mitigar la campaña mediática de desinformación instalada y que tuvo una presencia fuerte en las redes sociales, de campañas contra la efectividad de las vacunas.

Con el fin de contrarrestar estas informaciones falsas, el senador Pedro Santa Cruz planteó en marzo del 2020 en el Congreso paraguayo un proyecto de ley “Que sanciona el incumplimiento de las medidas dispuestas ante alertas epidemiológicas y en estado de emergencia sanitaria declarada”. En su iniciativa se pretendía multar a quienes “pongan en riesgo o afecten la salud de las personas”. Sin embargo, organizaciones civiles como TEDIC (Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación, Comunicación) salieron al paso para expresar su rechazo, ya que bajo el pretexto de luchar contra la desinformación o información falsa, se podía generar un retroceso en lo que refiere a derechos fundamentales de las personas y especialmente pone en riesgo la libertad de expresión.

La desinformación tiene mayor viralidad que una información verdadera y chequeada, y termina validando la información que un grupo (tribu social) ya creía con anterioridad. Expertos en la materia destacan que la desinformación no hace cambiar de opinión a los grupos sociales, sino más bien afianza las que ya creían de antemano.

El sociólogo Santander ahondó que se evidenció en las elecciones de EE.UU. que Donald Trump puso énfasis en las mentiras fabricadas por empresas para atacar a sus adversarios políticos. “Hoy la verdad ya no es relevante ni pertinente, y se impone el concepto de la posverdad, que fue adoptado por el posmodernismo, donde la verdad ya no es racional, es alternativa y cada uno tiene su verdad”, acotó. “La gente no se interesa por los hechos, sino que se guía por las emociones (…) busca aquellas informaciones o noticias que tratan de confirmar su creencia previa, suscripta en sus convicciones ideológicas-filosóficas”, agregó.

También ejemplificó el caso de Brasil, donde se observaron unas elecciones muy polarizadas: bolsonaristas versus lulistas. En este caso se evidenció que estos grupos políticos acudieron a votar creyendo fielmente en las propuestas electorales de cada bando, y reafirmaron sus posiciones ideológicas con las informaciones que iban recibiendo de uno u otro candidato. “Hubo una fuerte campaña de desinformación, como que se iba a dar un kit gay a los niños en las escuelas, y que se iba a legalizar la pedofilia”, expuso al respecto.

¿Y LAS ELECCIONES EN PARAGUAY?

A días de las elecciones internas en nuestro país, es incontable el bombardeo de información política y partidaria que vemos y escuchamos en medios de comunicación e internet en nuestro país, entre ellas, noticias falsas que desinforman y desvían nuestra atención hacia información irrelevante y maliciosa.

Esta situación nos hace preguntar si existen mecanismos para contrarrestar o mitigar la desinformación de manera local. El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), autoridad suprema en materia electoral y responsable de la dirección y fiscalización del registro electoral en nuestro país, se limita a ofrecer desde sus redes sociales y página web de la institución materiales didácticos para combatir la desinformación en época electoral. Pero, aparentemente, esto sigue sin ser suficiente: aún no se ha logrado disminuir las campañas de desinformación, en especial en redes sociales.

Un ejemplo de mecanismo directo de lucha contra las noticias falsas, es lo implementado por el Tribunal Electoral Supremo del Brasil, que días antes de las elecciones presidenciales, había ordenado a las empresas de redes sociales y sitios web que eliminen toda publicación de desinformación. Si las plataformas digitales no eliminaban el contenido dentro de las dos horas posteriores a la denuncia, las autoridades tenían la facultad de imponer multas.

Sería interesante que en nuestro país se comience a evaluar mecanismos similares o alternativos, por supuesto preservando y no cercenando la libertad de expresión y de opinión en las redes sociales.

¿QUÉ RESTA POR HACER?

Whatsapp, Telegram, Signal, Facebook o Twitter, algunas de las redes sociales a donde recurrimos cuando necesitamos informarnos, y en estas plataformas predomina la desinformación. No es sencillo, pero podemos evitar caer en una noticia errónea o malintencionada teniendo en cuenta estos detalles:

-Considerá la fuente: hacé clic fuera de la historia para investigar el sitio, su misión y su información de contacto.

-Chequeá el autor: hacé una búsqueda rápida sobre el autor. ¿Es creíble? ¿Es real?

-Corroborá la fecha: volver a publicar noticias antiguas no significa que sean relevantes para los eventos actuales. Podría no ser una información falsa, pero podría estar desactualizada.

-Revisa tus sesgos: considerá si tus propias creencias podrían afectar tu juzgamiento sobre algún tema.

-Leer más allá de la noticia compartida en redes: los titulares pueden ser escandalosos en un esfuerzo por obtener clics. ¿Cuál es toda la historia? Esa pregunta debe hacernos indagar más.

-Verificar si tiene fuentes de apoyo: hacé clic en los link y determiná si la información proporcionada realmente respalda la historia.

-¿Es una broma?: si es demasiado extravagante, podría ser una sátira. Investigá primero el sitio y el autor para estar seguro de la veracidad de la información.

-Consultá a los expertos: si con todo lo anterior, seguís dudando, podés ingresar a algún sitio especializado en chequear noticias o acudir a algún experto en el tema para despejar las incertidumbres.

Estas recomendaciones fueron hechas por FactCheck.org, y las podés poner en práctica para las internas del domingo próximo y las generales de abril del 2023 para no caer en una información errónea o malintencionada.

*Texto elaborado por los periodistas de Nación Media: Angélica Giménez (Canal GEN), Rosa Pereira (Radio Universo) y Brian Vicésar (Diario Hoy Digital), en el marco del BootCamp 2022 “Elecciones y tecnopolítica”, organizado por TEDIC.

*Apoyos (infografía y video): Natalia Vera Scuderi (Diario Hoy Digital).

La propuesta de reducir a 40 horas la carga de trabajo semanal (8 horas menos que en la actualidad) ha generado un amplio debate en diversas esferas, teniendo en cuenta el drástico cambio que representaría para la fuerza laboral del país.

El especialista en empleo, Enrique López Arce, expresó su posición respecto a este proyecto de ley -que se encuentra en estudio en el Congreso- y afirmó que la reducción de horas laborales podría tener un impacto significativo, sobre todo en las microempresas en Paraguay.

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“Si se reduce la cantidad de horas semanales de trabajo, es posible que estas empresas no puedan pagar a sus empleados, lo que podría llevar a un aumento de la informalidad y el desempleo”, sostuvo.

En Paraguay, existen alrededor de 600.000 personas trabajando en microempresas (que poseen de 2 a 5 trabajadores). Bajar la cantidad de horas laborales podría ser un desafío para las mismas, ya que podrían no tener la capacidad para absorber los costos adicionales, refirió.

A su vez, también podría tener un impacto negativo en la competitividad de las empresas locales y, por consiguiente, en la economía del país, ya que las mismas podrían perder oportunidades de crecimiento y desarrollo, a su criterio.

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López Arce enfatizó la importancia de considerar la realidad laboral de Paraguay antes de implementar cambios en la cantidad de horas semanales de trabajo. “Las políticas laborales deben ser diseñadas para promover la formalidad y la competitividad de las empresas, mientras se protegen los derechos de los trabajadores”, manifestó a HOY.

Su propuesta es emular el ejemplo de Chile e implementar la disminución de las horas de trabajo por sectores. Para ello, cree oportuno sacar un “sello de empresas” que trabajan 40 horas semanales y luego ir avanzando en ciertas empresas que tengan posibilidad de adoptar esta medida.

La aprobación de esta iniciativa se dio en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas de la sesión ordinaria del martes pasado.

El legislador proyectista, Roberto González, pide informes al ministerio en cuestión acerca del “ciberataque” ocurrido días atrás contra varios sitios web de instituciones públicas de nuestro país.

Por medio del documento se solicita describir el tipo de ataque (e.g. ransomware, ataque de denegación de servicio, etc.), y su nivel de severidad (si fue por infiltración, desplazamiento lateral por escalamiento de privilegios - detalles técnicos de la forma); etc.

Asimismo, el diputado exige conocer la cantidad de instituciones afectadas, con un listado de aquellas que fueron comprometidas con el ataque.

Por otra parte, requiere detallar las consecuencias del hecho, incluyendo la posible afectación a servicios públicos; la exposición de datos sensibles; y cualquier otra disrupción significativa.

Por último, el congresista pide conocer las acciones que el MITIC, y otras entidades del Estado, han asumido para contener el ataque y mitigar sus efectos, con la finalidad de restaurar la normalidad de los servicios.

Se estableció un plazo de 15 días para la remisión de estos informes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional.

El pasado 10 de mayo tomó estado público una grave infracción cometida por un ómnibus del transporte público sobre la Ruta D067 - Av. Gral. Eugenio A. Garay (ruta que une Luque y San Lorenzo).

Se trata de un colectivo perteneciente a la Línea 2, con chapa BBN 003, el cual fue captado circulando en contramano a la altura de Laguna Grande.

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Un automovilista logró filmar la irresponsable acción cometida por el chofer del bus, quien reaccionó de manera furibunda al ser increpado por este hecho, según se aprecia en el video.

La Patrulla Caminera este viernes informó sobre la retención de esta unidad, en jurisdicción de la ciudad de San Lorenzo, en un procedimiento que estuvo a cargo de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

El inspector Édgar Sosa indicó al canal NPY que, luego de la viralización del video en redes sociales, decidieron tomar intervención para interceptar y demorar el vehículo.

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El conductor (cuya identidad aún no trascendió) incurrió en la que es catalogada como una “falta gravísima” y se expone a una sanción de 20 jornales (poco más de G. 2.100.000), la cual será aplicada de manera individual.

El colectivo permanecerá en calidad de depósito en la base de Guardia Delta 2 de la Caminera, situada frente al campus de la UNA, a expensas de lo que disponga más adelante el Juzgado de Faltas.