El magistrado dispuso que Arnaldo Francisco Martínez Benítez, Luis Manuel Trinidad Ruiz Díaz, Pedro Manuel Areco Rivas y Enrique Agüero Escobar, sean juzgados por los hechos punibles de perturbación de la paz pública, producción de riesgos comunes, daño a cosas de interés común y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.

La defensa de los acusados ​​solicitaron exclusión de varias pruebas y la nulidad de la acusación fiscal, pero el juez Florentín rechazó los dos incidentes y elevó el caso a juicio oral. Ahora se debe sortear al Tribunal de Sentencia que deberá llevar adelante el juicio.

En relación de la última de las acusadas Vivían Genes, se suspendió la preliminar para ella, ya que se presentó con un nuevo abogado, Guillerno Ferreiro, quien solicitó el aplazamiento de la diligencia en relación a su defendida.

Los hechos por los que están procesadas estas personas se dieron el pasado 17 de marzo tras el rechazo del juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y al vicepresidente Hugo Velázquez y se manifestaron de manera violenta en las calles, llegando hasta la sede de Colorado Róga ubicada sobre las calles Tacuarí y 25 de Mayo y le prendieron fuego.

El hecho fue puesto a conocimiento del Ministerio Público mediante nota policial, en la cual se reporta que la denuncia fue formulada por María Cristina Cantero, el pasado 4 de julio.

En ese contexto, la Fiscalía solicitó ser informada si ya se ha dispuesto formalmente la búsqueda y localización de la desaparecida y en caso contrario, que se proceda a su inmediata disposición.

Asimismo, el agente fiscal recordó a la comisaría actuante que debe cumplirse con lo dispuesto en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal y remitir el correspondiente informe en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido. Además, se solicitó verificar y aplicar los protocolos vigentes ante casos de personas desaparecidas.

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La adolescente es domiciliada en el barrio Loma Pytã de la ciudad de Asunción.

La investigación está abierta a los efectos de esclarecer el hecho y determinar el paradero de la adolescente. Ante cualquier información que pueda aportar la ciudadanía se ruega comunicarse al número corporativo 0982 548017, de la Unidad n. º 4, de Lambaré.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Consorcio Rutas del Este divulgaron un video en el que confirman, una vez más, la efectividad de la rampa de frenado instalada en la bajada del Cerro Caacupé.

“¡Otro accidente evitado!“, señala uno de los tweets que va adjunto con el material audiovisual, donde se muestra la utilización de la estructura por parte de un camión cisterna.

El vehículo de gran porte -que transportaba combustible- tuvo fallas en su sistema de frenos, razón por la que su conductor decidió utilizar la rampa de emergencia ubicada en la Compañía Pedrozo, en Ypacaraí.

Tanto el chofer como su acompañante lograron salir ilesos de este percance gracias a la rápida reacción para girar hacia la rampa, que se encuentra a la altura del Km 48,6 de la Ruta PY02.

Desde la cartera de Obras aprovecharon la ocasión para recordar a los conductores que esta infraestructura fue diseñada para reducir riesgos y que su uso es completamente gratuito.

De igual manera, el servicio de grúa para el retiro de vehículos con desperfectos mecánicos también es ofrecido a los usuarios sin costo alguno.

Durante una audiencia pública celebrada la semana pasada en el Senado, tanto autoridades como trabajadores y referentes del sector dialogaron sobre el proyecto que pretende restringir el cianuro en actividades mineras a nivel nacional.

De dicha actividad participaron representantes del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), quienes presentaron la posición técnica del ente sobre este tema.

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La cartera de Estado considera factible avanzar hacia una normativa que restrinja el uso del mercurio, pero mediante una transición gradual y de manera participativa, que incluya capacitación y asistencia técnica, esto ante la dependencia económica de miles de familias.

Respecto al cianuro, el MADES explicó que su uso, bajo condiciones técnicas adecuadas y monitoreo ambiental, permite una recuperación de oro superior al 90%, lo que representa una mayor eficiencia y rentabilidad para los pequeños productores mineros.

El hecho de prohibir esta sustancia -utilizada mayormente en la lixiviación de oro- sin ofrecer una alternativa técnica y económicamente viable podría afectar la sostenibilidad de la actividad minera en regiones como Paso Yobái, alegan.

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Tal es así que, incluso, consideran que una prohibición total podría empujar a la minería a la informalidad, donde no hay controles ambientales ni sanitarios. Igualmente, puede acarrear como consecuencia un aumento en el uso de sustancias más peligrosas como el mercurio.

Teniendo en cuenta estos aspectos, la institución medioambiental propuso una estrategia de “transición controlada”, basada en la formalización de los mineros, la promoción de buenas prácticas y la autorización del uso de cianuro únicamente en operaciones que cumplan con estándares ambientales y de seguridad verificados.