El embarazo adolescente hoy día sigue siendo una problemática social y de salud pública que impacta no solo en los adolescentes, sino también en sus familias y su entorno. En el 2021 se registraron 13.166 nacimientos de madres adolescentes, entre 10 a 19 años. De esos nacimientos, 472 correspondían a niñas de 10 a 14 años y 12.694 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años.

A pesar de los muchos esfuerzos que se vienen realizando en conjunto entre el sector público y privado, el reto de disminuir la brecha sigue siendo muy importante.

La Dra. Carolina Ruíz, jefa del Departamento de Salud Integral del Adolescente (DIRSINA) dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social MSPyBS, comenta que la cartera sanitaria actualmente cuenta con 106 espacios de Atención de Salud Integral del Adolescente a nivel país. “Queremos llegar a adolescentes mujeres y varones justamente antes de los embarazos no intencionales, ofreciendo información y orientación, siempre haciendo hincapié en el retraso del inicio de las relaciones sexuales y hablar sobre su proyecto de vida”. Indicó además que, “recientemente se realizó la evaluación del Plan Nacional de Salud Adolescente 2016-2021 y se pudo observar que en 5 años se redujo en un 2% el embarazo adolescente, en la franja etaria que comprende de 10 a 19 años”.

La Fundación Juan Rassmuss Echecopar (FJRE), http://fjre.org.py/ trabaja desde el 2018 apoyando los esfuerzos del Ministerio de Salud. Uno de sus focos de trabajo es la prevención del embarazo adolescente no intencional.

Para ello, la FJRE ha creado y respalda el funcionamiento de los Espacios Adolescentes Ñangareko. Actualmente ya son 6 los Espacios Ñangareko que se encuentran fortalecidos en los hospitales públicos.
1. Ñangareko Hospital Barrio Obrero
2. Ñangareko Materno Infantil San Pablo
3. Ñangareko Hospital Fernando de la Mora
4. Hogar Adolescente Calle´i San Lorenzo
5. Ñangareko Hospital de Luque (inuaugurado en el mes de agosto)
6. Ñangareko Hospital de Clínicas (único fuera de la red del Ministerio)

Con la creación y el fortalecimientos de los Espacios Adolescentes Ñangareko, se busca el acceso para los adolescentes a un lugar diferenciado, amigable, sin necesidad de hacer filas, y sobre todo que pueda ser atendido y satisfecho en su necesidad en el momento de llegar a la consulta. Todas las consultas son gratuitas, y pueden ir acompañados o no por una persona adulta. La filosofía de atención en los espacios se orienta a una atención de calidad donde la persona adolescente es asesorada de forma profesional, empática y confidencial, en unas instalaciones de vanguardia.

*Los servicios ofrecidos en los Espacios Adolescentes Ñangareko son de atención integral y diferenciada, están disponibles los servicios de ginecología, obstetricia pediatría, atención prenatal, nutrición, consejería, odontología, entre otros*.

La proyección de expansión de la FJRE, con los Espacios Ñangareko, apunta a los distritos y cabezas departamentales que mantienen números aún elevados en cuanto a los embarazos adolescentes no intencionales. Según el Ministerio de Salud, esos lugares son Alto Paraná, Cordillera, Caaguazú entre otros.

La Lic. Luz Torres, profesional experta en el área de adolescencia, indica que “hoy día hablamos del embarazo no intencional para referirnos a los embarazo no planificados y para significar que la no intencionalidad también puede afectar lo que es la crianza, es decir, al hablar de una crianza positiva y respetuosa hacia los niños, eso inicia ya desde la planificación del querer o no tener hijos y eso se complica cuando se trata de personas adolescentes. Nosotros queremos aprovechar esta fecha para poder sensibilizar a todos los profesionales de la salud en primera instancia y también a la población respecto a este problema porque es muy frecuente. Hoy se apunta a una atención integral que incluye no sólo el abordaje a la embarazada, también a su entorno familiar y social”.

Desde el Ministerio de Salud se viene trabajando fuertemente en el distrito de Caaguazú junto con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Ministerio de Educación y Ministerio del Trabajo en el Proyecto PEA Prevención del Embarazo Adolescente. En el marco de ese proyecto se fortalecieron varios establecimientos del distrito de Caaguazú con infraestructuras, mobiliario y equipamientos para brindar mejor atención a este grupo etario.

Fuente: La Nación

Suman más irregularidades que habría presuntamente cometido el juez en lo civil y comercial de Asunción, Édgar Rivas, en el expediente caratulado “Ypyta SA Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”, al firmar la transferencia de un valioso inmueble a favor de una persona que no tendría la solvencia económica para justificar la compra.

La abogada Patricia Rebo­llo, representante legal de Ypyta, señaló estar sorpren­dida por la actuación del juez Rivas sobre la firma del título de propiedad, debido a que el citado magistrado no ha intimado a la firma Ypyta ni al síndico de quiebras para realizar dicho acto. Rebollo señaló: “El hecho de que el juez no haya intimado a la firma Ypyta para poder firmar la transferencia del inmueble en litigio podría causar lesio­nes a los derechos procesales y lesiones a la propiedad que posee la empresa que repre­sento”. Fue tajante al aclarar que “todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio civil deben ser comunicadas a la firma Ypyta porque la misma fue rehabilitada legalmente”.

Documento de la transferencia de un valioso inmueble a favor de una persona que no tendría la solvencia económica para justificar la compra.FOTO: GENTILEZA

Añadió la profesional del derecho que “la firma Ypyta ha recuperado sus faculta­des procesales y legales al ser rehabilitada como empresa y, por ende, el magistrado Rivas tuvo que intimar a la firma para realizar el acto de titulación, pero no existe tal actuación en el expediente judicial, lo cual es grave”. Añadió: “Tampoco existe constancia en el expediente de la intimación o comunica­ción al síndico que hoy tiene intervención. Mínimamente se debió intimar a las partes sobre la titulación de la pro­piedad de Ypyta y eso no suce­dió”, sostuvo.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

La abogada Rebollo sostuvo que los fallos de primera y segunda instancia que auto­rizaron la venta irregular están pendientes de resolu­ción en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Jus­ticia. Los ministros de dicha sala deberán estudiar las vulneraciones de las garan­tías constitucionales que se han generado en las resolu­ciones judiciales atacadas en la máxima instancia judicial.

TERNADO PARA CAMARISTA

El criticado juez Édgar Rivas integra una terna para el cargo de miembro del Tribu­nal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital, junto con el cama­rista Carlos Escobar y Amy Lezcano.

Sin embargo, el magistrado Rivas acumula severas críti­cas por fallos judiciales dic­tados presuntamente al mar­gen de la ley. En su momento, el juez Rivas ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, per­teneciente al presunto nar­cotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.

Las organizaciones señalaron que el peaje aplicado por Argentina, la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal en territorio argentino y las iniciativas privadas relacionadas con el dragado y mantenimiento del río Paraguay deben analizarse de manera conjunta, ya que todas impactan sobre una misma cadena logística. Según sostienen, el objetivo debe ser preservar la competitividad del comercio exterior mediante decisiones sustentadas en criterios técnicos y económicos.

En ese contexto, los gremios manifestaron su inquietud por la intención de mantener durante al menos 25 años una tarifa de USD 1,30 por tonelada de registro neto en la nueva concesión del tramo argentino del río Paraná. Afirmaron que ese monto nunca fue considerado razonable por el sector y cuestionaron que aún no exista claridad sobre la relación entre la tarifa propuesta, las inversiones previstas y las mejoras que recibirán los usuarios.

Asimismo, advirtieron que la metodología utilizada para calcular esa tarifa podría generar un impacto desproporcionado sobre los convoyes de barcazas, afectando directamente la competitividad de productos paraguayos como la soja, la harina y el aceite, además de encarecer las importaciones de combustibles e insumos.

Respecto al río Paraguay, los gremios reconocieron los avances alcanzados por el Estado para mejorar la navegabilidad, aunque sostuvieron que las futuras obras deben basarse en evaluaciones técnicas y económicas transparentes, evitando inversiones sobredimensionadas o nuevas tarifas que no respondan a las necesidades reales de la vía fluvial.

El comunicado también cuestiona que un proyecto privado de concesión para el dragado y mantenimiento del río Paraguay haya obtenido una resolución favorable de prefactibilidad sin un proceso previo de información y consulta suficiente con los principales usuarios. En ese sentido, los gremios consideran indispensable conocer el alcance de las obras, el nivel de inversión, la metodología tarifaria y el impacto económico antes de avanzar con la iniciativa.

Finalmente, solicitaron que todas las decisiones relacionadas con las vías navegables comerciales sean adoptadas mediante procesos transparentes, con participación efectiva de los usuarios y mecanismos claros de rendición de cuentas. Además, reafirmaron su disposición a trabajar junto con las autoridades paraguayas y de los países involucrados para fortalecer la navegación sin comprometer la competitividad del comercio exterior.

La fiscal Teresa Sosa este martes encabezó la comitiva que se constituyó en las nuevas Oficinas de Gobierno, específicamente en la Dirección de Informática del MEC.

El objetivo de esta diligencia fue recabar mayores evidencias para elaborar un informe técnico, en el marco de la investigación abierta por la expedición y registro de cientos de títulos universitarios apócrifos.

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En entrevista con Universo 970 AM, la representante del Ministerio Público explicó que la finalidad es poder determinar cuáles fueron los usuarios que tomaron participación en el proceso de inscripción de títulos y certificados de estudio fraudulentos.

“Acá lo que se investiga es si es que estas personas estaban haciendo uso de un documento no auténtico. Ya sabemos que los certificados y documentos son falsos”, añadió Sosa.

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De momento, no supo precisar con certeza el número exacto de títulos que estarían en situación irregular y carecerían de autenticidad, aunque la cifra superaría los 500 diplomas falsos, de acuerdo a las estimaciones.

Los registros datan, incluso, del año 2000, por lo que este esquema tendría varias décadas operando en el MEC. La sospecha recae sobre funcionarios corruptos, ya que son los únicos con acceso autorizado para realizar estos registros en el sistema.