Ferrer, en contacto con la 1020 AM, expresó que ayer jueves la empresa SL Parking presentó una nota a través de la cual se retira la ciudad y que ya no pueden continuar porque el servicio les acarrea déficit. Sostuvo que estará enviando la misiva al pleno de la Junta Municipal de manera a que el tema se trate y así el Ejecutivo comunal podrá negociar la salida de la firma.

Según expresó, los responsables de SL Parking mencionaron que es imposible continuar por las pérdidas y los perjuicios que les crea prestar el servicio en la ciudad. Sostuvo que ahora la ciudadanía deberá tomar recaudos a la hora de transitar de manera a no entorpecer el tráfico.

Ferrer manifestó que antes de la entrada en vigencia del sistema, llegaba a la Municipalidad desde su casa en el barrio San Luis en 17 minutos y que luego del servicio, empezó a hacer el mismo trayecto en 4 minutos.

El intendente indicio que llegarán a un “arreglo amistoso” con la empresa de manera a que su salida no sea un perjuicio para la firma y dejó en claro que la Municipalidad no pagará dinero alguno por la rescisión.

Sostuvo que el acuerdo se basará en los dos meses en concepto de canon que debe SL Parking y que el cese del vínculo contractual no representará una pérdida para las arcas municipales.

Atribuyó el fracaso del sistema a la falta de comunicación por parte de la empresa a la ciudadanía y que ahora la gente deberá “acostumbrarse a estacionar bien” para que San Lorenzo deje de ser un caos.

Instó a que los ciudadanos de localidades como Guarambaré, J. Augusto Saldívar, Capiatá, entre otras, eviten dejar sus vehículos en San Lorenzo para movilizarse en bus hacia Asunción ya que la ciudad universitaria sufre las consecuencias.

Ocho meses y seis días duró el sistema de estacionamiento tarifado en San Lorenzo. Desde la entrada en vigencia, surgieron innumerables quejas por parte de comerciantes y luego de ciudadanos organizados que empezaron a hacer “justicia por mano propia”.

El sistema planteaba el cobro en concepto de estacionamiento, por hora, en algunas zonas del microcentro de San Lorenzo.

Una comitiva encabezada por la fiscal Thais García en la jornada de ayer llevó a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio Remansito de Ciudad del Este.

Dicho procedimiento fue ejecutado en el marco de una investigación por un presunto hecho de abuso sexual en niños, el cual tuvo como víctima a una menor de solo 4 años de edad.

Te puede interesar: Sanabria Vierci seguirá en la Agrupación: fue ratificada la prisión preventiva

En esta intervención fiscal y policial, fue detenida la madre de la niña, al igual que su actual padrastro, según informaron medios locales.

La situación fue descubierta días atrás por la abuela de la menor cuando fue a visitarla en el inquilinato en el que reside junto a su madre y la actual pareja de la misma.

En aquella ocasión, la abuela había instalado una piscina inflable para que la niña pudiera refrescarse. Una vez dentro del agua, la misma presentó molestias en sus partes íntimas, por lo que fue llevada al hospital.

Leé también: Un muerto y un herido tras accidente en parapente de club privado

Una posterior evaluación médica determinó que la menor tenía rastros de un posible abuso sexual, lo cual motivó la activación del protocolo de rigor y la intervención inmediata de las autoridades.

Se presume que el padrastro de la niña fue el autor de este grave hecho, siendo su madre cómplice al decidir guardar silencio y no haber formulado la denuncia en tiempo y forma.

Días atrás se registró la llamativa desaparición de un arma de fuego del despacho de la agente fiscal Estela Mary Ramírez, en la Fiscalía de Ciudad del Este.

Se trata de una pistola calibre 9mm, la cual se encontraba guardada en el cajón del escritorio de la representante del Ministerio Público, según menciona el diario La Clave.

Te puede interesar: Balacera entre microtraficantes deja herido y desata terror en el barrio

Dicha arma había sido incautada en el marco de una investigación abierta contra el ciudadano brasileño Thiago Henric Días Campos (26), quien fue acusado de agredir y amenazar a su pareja sentimental.

Ramírez se habría percatado de la desaparición de la pistola el miércoles de la semana pasada, luego de darse cuenta que había sido reemplazada por un arma de aire comprimido.

Leé también: Paraguayo detenido en Argentina es extraditado a Brasil por tráfico de drogas

Ante lo ocurrido, la fiscal radicó la denuncia en mesa de entrada del Ministerio Público, siendo su colega, el fiscal Alcides Giménez, el encargado de impulsar la investigación por este hecho.

Al tratarse de una evidencia clave en la causa que investiga la fiscal contra el acusado, la misma solicitó una prórroga para la presentación del requerimiento conclusivo, hasta tanto se produzca (de ser posible) la recuperación del artículo.

Ayer, en horas de la mañana, en el sector VI del barrio Remansito de Ciudad del Este, se llevó a cabo un operativo de allanamiento en el marco de una investigación fiscal sobre un supuesto caso de abuso que involucra a una niña de 4 años.

Según datos preliminares, el padre retiró a su hija, donde vive con su madre y su padrastro Carlos Daniel Vera Acosta, para pasar con ella el fin de semana. Por el camino, le compró una piscina inflable para que se refresque. Cuando se metió a la piscina, la niña le expresó a su abuela paterna que sentía molestias en su cuerpo, por lo que la trasladó al hospital distrital de Presidente Franco.

En el centro asistencial, tras una evaluación médica, se determinó que la niña habría sido víctima de un posible abuso. En tal sentido, los médicos activaron el protocolo dando aviso a la unidad fiscal especializada.

Este hecho generó la intervención inmediata del Ministerio Público, que, con autorización del juez penal de garantías de Alto Paraná, Nelio Prieto Otazú, ordenó el allanamiento de la vivienda.

Como resultado del procedimiento, fueron detenidos el padrastro y la madre de la menor. Además, se incautaron dos teléfonos celulares como parte de las evidencias.

El procedimiento estuvo a cargo de la fiscal Thais García, quien dispuso que la niña quedara bajo la custodia provisional de su abuela paterna, por orden de la Defensoría de turno.