Ruíz Díaz, en contacto con la 650 AM, dijo que no le gusta la palabra “regulada” pero sí “racionalización en el consumo del combustible para un mejor aprovechamiento de los recursos con que uno cuenta”.

Expresó que se trata de una decisión antipática pero a la que los empresarios son empujados ante una falta de decisión política.

Dijo que los políticos, cuando el gasoil baja, corren a todos los medios a anunciar la reducción pero en este caso el combustible subió desde hace 15 días y todavía no se tomó la decisión. Expresó que desde el Gobierno manifiestan que es una cuestión “muy delicada” que afecta a 700.000 personas.

“¿El castigo no es peor ante la indefinición? ¿que se exponga la ciudadanía a un paro por una cuestión política?”, manifestó Ruíz Díaz.

Añadió que los emblemas privados ya empiezan a vender gasoíl a G. 4.853 por litro, por encima de lo que establece el decreto reglamentario, con el pretexto de entregar facturas crédito. “Son meros papeles, estamos en la realidad. El precio del combustible por el cual pagamos debe insertarse en la estructura de costos para determinar un precio para el pasaje”, puntualizó.

Expresó que continuar con el régimen de subsidio es beneficioso para el pasajero porque, de no existir, el pasaje sería aún más caro. Dijo que en todo el mundo se subsidia el transporte público ya que los costos del desplazamiento no pueden ser transferidos a la economía de los pasajeros.

Instó al Gobierno a formalizar el sector, hacer desaparecer a las empresas que trabajan con medidas cautelares y a sacar de circulación los buses chatarra.

Ante el aumento del precio del combustible, derivado de la suba del precio internacional del petróleo, los empresarios consideran que el pasaje debe aumentar. En nuestro país, la tarifa es fijada por decreto por lo que se deben insertar los nuevos números del carburante a la estructura de costos para definir el reajuste.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

Te puede interesar: Intervienen obra para supermercado ante intención de talar árboles del “Bosque San Vicente”

Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

Te puede interesar: Más de 200 quedaron sin luz, reclamaron y ‘ahí’ se enteraron que eran piratas eléctricos

Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

Leé también: Prosigue búsqueda de supuesta “monja” acusada de explotar a menores

Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

Te puede interesar: Más de 200 quedaron sin luz, reclamaron y ‘ahí’ se enteraron que eran piratas eléctricos

Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.