La publicación de una foto con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques, de 37 años, derivó el martes en la destitución del ministro del Interior de Paraguay, Arnaldo Giuzzio. El sospechoso fue detenido en Brasil el 15 de febrero durante la Operación Turf, realizada por la Policía Federal y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay. Giuzzio fue ministro de la Senad hasta 2021, justo antes de asumir el Ministerio del Interior. Giuzzio reconoció que tuvo relaciones con el brasileño, lo que le costó el puesto. El ministro despedido dijo que a finales de diciembre del año pasado, cuando estaba de vacaciones en Brasil, tuvo un problema con su auto y se comunicó con el concesionario para alquilar otro vehículo. Sin embargo, aseguró que no sabía de las acusaciones contra Padua y que lo conocía como empresario. Pero para las autoridades paraguayas, las actividades de Padua no eran empresariales. En conferencia de prensa, la ministra de la Senad, Zully Rolón, dijo que el objetivo de la Operación Turf era el narcotraficante brasileño. Saiba quem é o narcotraficante brasileiro que provocou a demissão do ministro do Interior paraguaio https://t.co/ZalkpqJVpc— Jornal O Globo (@JornalOGlobo) February 23, 2022 “El principal objetivo por el que realizamos el operativo era Marcus Vinicius Espíndola de Pádua”, dijo Rolón al diario Última Hora. La Senad reveló que Padua era uno de los hombres más buscados de Brasil por lavado de dinero y narcotráfico. La agencia paraguaya también afirmó que el brasileño formaría parte de una red internacional especializada en exportar drogas a Europa, a través de vínculos con la mafia italiana. Italia sería el principal destino de los cargamentos de cocaína enviados desde Sudamérica al continente europeo, según el diario ‘La Nación’. Nacido en Goiânia, Padua tiene al menos dos empresas a su nombre en Brasil. En Paraguay se presenta como propietario de Black Eagle Group SA. La empresa se dedica al blindaje de vehículos de alto estándar y al suministro de equipos de seguridad. Giuzzio explicó que conocía a Padua como proveedor de armaduras, chalecos y otros equipos de protección personal para la policía. Pero los investigadores paraguayos creen que los servicios del brasileño se realizaron en beneficio de actividades delictivas. La sospecha es que los vehículos de los traficantes fueron blindados en la empresa de Padua para luego ser utilizados para transportar grandes cantidades de droga. El martes se formó un grupo de trabajo para investigar el caso, según el fiscal Federico Delfino. Según el fiscal de asuntos internacionales Manuel Doldan, el Ministerio Público de Paraguay y la Secretaría Antidrogas (Senad) sabían que Marcus Vinicius Espíndola Marques de Pádua estaba siendo investigado en Brasil desde hacía más de un año.

El documento promovido por la Fiscalía General del Estado es contra la resolución del Senado por la cual se derogan los documentos que aprobaron los desafueros de los legisladores Erico Galeano, Rafael Filizzola y Hernán Rivas.

El argumento que sustenta la acción de constitucionalidad es que, con la resolución aludida se desvirtuó el debido proceso paralizándolos, cuando en su momento ya se otorgaron los desafueros.

Esta interrupción tiene efecto constitucional en el artículo 137 de la Carta Magna, donde, se estipula que “carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuesto a lo establecido en esta Constitución”.

Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos integran la Sala Constitucional de la Corte que deberá expedirse sobre esta acción.

EN DESARROLLO.

En la mañana del lunes se registró un violento hecho de asalto en una vivienda ubicada en el barrio San Pablo de la ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná.

Resultó víctima de este episodio Juan Ángel Ayala Ferreira, de 76 años, quien fue atacado por un marginal que había llegado hasta su domicilio con fines de robo.

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Este anciano se percató que un ladrón ingresó a su hogar y quiso reaccionar, momento en que fue agredido con un machete, sufriendo heridas en la mano y el abdomen, menciona La Clave.

El autor de este asalto sería un joven conocido con el alias de “Aldo Loco”, un adicto a las drogas que acostumbra merodear en la zona del mercado de abasto de Ciudad del Este.

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Tras agredir a la víctima, este delincuente se alzó con su teléfono celular y se dio a la fuga, momento que quedó registrado en las cámaras de circuito cerrado.

La Policía Nacional recibió la denuncia del hecho y ahora se encuentra tras los pasos de “Aldo Loco”, llevando adelante una serie de rastrillajes para dar con su paradero. Gracias a la ayuda de la ciudadanía tras la viralización del video, también se obtuvo información valiosa sobre el criminal.

El fiscal Federico Delfino indicó que, de concretarse la extradición de Argentina, estas personas serían juzgadas por asociación terrorista y se exponen a penas de hasta 15 años de prisión.

Los sospechosos se habrían encargado del adoctrinamiento de nuevos integrantes del grupo criminal. “La participación de ellos se da en cuanto al adoctrinamiento que se le brinda a las criaturas. Salen de Argentina de forma legal, ingresan a nuestro país de forma clandestina, van al teatro de operaciones y dejan a los menores ahí, para que reciban entrenamiento militar”, expuso en charla con radio Ñanduti.

El agente del Ministerio Público señaló los familiares de Carmen Villalba se encuentran bajo vigilancia en el vecino país, mientras se resuelve la expulsión de los mismos.

En comparación al caso de Juan Arrom y Anuncio Martí (refugiados en Finlandia), Delfino refirió que la situación es “radicalmente distinta”, atendiendo a las declaraciones de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, quien abogó públicamente por la extradición.

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En Argentina detuvieron el viernes pasado a José Mariano, María Rosa y Myriam Villalba Ayala, hermanos de Carmen, y Tania Tamara, que operaban en forma camuflada en el vecino país, como políticos del EPP, siendo esta agrupación de corte terrorista en Paraguay.