De la audiencia preliminar participó en representación del Ministerio Público el fiscal Luis Piñánez y el defensor Público Eduardo Velázquez, por la familia Sánchez representada por los hijos del fallecido “Chicharõ”.

El fiscal Piñánez presentó los bienes del fallecido narcotraficante entre los que estaban estancias, animales, vehículos y otros bienes que pidió sean comisados por el Estado paraguayo. En su momento la defensa solicitó que todos esos bienes se les entreguen a los hijos legítimos de Sánchez, para lo que presentó documentos que acreditan su legitimidad.

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En su acusación el Ministerio Público señala que todos esos bienes son fruto del lavado de dinero proveniente del narcotráfico que eran lavados en empresas de los hermanos Sánchez.

El juez Delmás tras analizar todos los elementos resolvió que esa situación debe ser resuelta por un Tribunal de Sentencia, para lo cual elevó la causa a juicio oral.

El 7 de agosto de 2021 Carlos Rubén Sánchez, fue sorprendido por unos diez sicarios que ingresaron a su casa a eso de las 6:40 y lo acribillaron mientras dormía. Ese fue el segundo atentado que sufrió “Chicharõ”, ya que en el 2019 fue atacado a balazos cuando se desplazaba en su vehículo por las calles de Pedro Juan Caballero, pero resultó ileso.

Emiliano Rolón, fiscal general del Estado, confirmó que hace aproximadamente un año o más, se presentó ante él un abogado paraguayo de Sebastián Marset para plantear la posibilidad de que el uruguayo se presente ante la justicia paraguaya, pero bajo ciertos condicionamientos.

“Pidió que se le deje fuera de todo trámite judicial a la esposa y pidió algunas concesiones o beneficios carcelarios y la respuesta nuestra es que no podemos emprender una salida negociada hasta tanto no se presente en forma efectiva”, relató el fiscal Rolón, en un contacto con el canal Gen.

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Si bien admitió que, efectivamente recibió a un abogado de Marset, aclaró que lo hizo en el marco del derecho constitucional que tiene todo abogado de hacer peticiones formales.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset permanece prófugo de la justicia, aunque ayer mantuvo una comunicación con un medio radial paraguayo. De haberse sabido con antelación, se habría podido utilizar la tecnología para rastrearlo, explicó Rolón.

En la sesión extraordinaria celebrada esta mañana, el Senado trató en el primer punto del orden del día el proyecto de “Modernización del Transporte Público de Pasajeros”.

Luego de un amplio debate respecto a la propuesta legislativa, presentada por el Poder Ejecutivo, por mayoría se resolvió la aprobación del documento, en la versión remitida por la Cámara de Diputados.

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La Cámara Baja había incorporado una serie de modificaciones al texto original, las cuales finalmente acabaron siendo aceptadas por los senadores.

El proyecto establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones referente a las obras públicas y el transporte.

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De igual manera, se prevé la creación de un consejo asesor como instancia consultiva, integrado por autoridades, usuarios, empresarios, trabajadores del sector y representantes de las universidades.

El documento pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

“Recibimos la propuesta del sindicato de trabajadores de periodismo y vamos a acatar ese pedido”, expresó el senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, en entrevista con los medios.

El mismo explico que desde el SPP presentaron una nota mediante la cual solicitan postergar el tratamiento de este proyecto de ley en el Congreso, exponiendo una serie de argumentos al respecto.

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No supo precisar si la postergación será solo hasta la siguiente sesión del Senado o directamente hasta el próximo año, teniendo en cuenta el inminente inicio del receso parlamentario.

El legislador de la ANR no descartó la posibilidad de convocar a una audiencia pública para debatir sobre el mencionado proyecto, que fue oficializado a inicios de diciembre por el movimiento Honor Colorado.

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La principal diferencia del proyecto original -que data del año 2023- es la exclusión de los defensores de derechos humanos en el mecanismo de protección, dando exclusividad a periodistas y trabajadores de prensa.

“Todo el proyecto va a ser compartido con el sindicato y juntos vamos a hacer las modificaciones que ellos crean correspondientes”, añadió Chase.