El General Álvaro José Álvarez, comandante de la Policía Nacional de Bolivia, declaró al respecto que la búsqueda implica relevamiento de todos los datos referentes al prófugo, a su familia y al grupo que constituyó a su alrededor.

“Se ha generado una afectación en tres días de operativos continuos de 8.8 millones de dólares, en relación a vehículos, inmuebles, celulares, dineros en efectivo, y otros”. expresó el General Alvarez en rueda de prensa.

Apuntó que además de los millonarios bienes decomisados, se ha comprobado que Marset estaba conformando un grupo con moderno y potente armamento, por un lado, y personas con capacidad militar.

“A través de imágenes de cámaras de vigilancia y drones, se pudo revelar la protección armada que tenía este señor, tenía armas de guerra y modernos artefactos de comunicación, inhibidores de celulares, y personal con entrenamiento militar”, resaltó el jefe de Policía de Bolivia.

La presencia de Marset  en el vecino país, desató un escándalo político, que pone en jaque la credibilidad de estamentos del propio gobierno. Esto se vio avivado, ayer, cuando se dio a conocer un video emitido por Marset, en el que menciona que su fuga se dio gracias a información que le proporcionó un jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, lo que acrecentó el escándalo.

En Bolivia existe la convicción, en varios segmentos, que Marset tuvo apoyo de autoridades y políticos, para que de manera abierta lleve una vida normal, en tanto existe una orden de captura internacional que rige en más de 150 países.

El General Álvaro José Álvarez, comandante de la Policía Nacional de Bolivia

📌 Bienes incautados en Bolivia a #SebastiánMarset ascienden a 8.8 millones de dólares.

👉 "Se ha generado una afectación en tres días de operativos continuos de 8.8 millones de dólares, en relación a vehículos, inmuebles, celulares, dineros en efectivo, y otros".

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— Monumental AM 1080 (@AM_1080) August 3, 2023

La causa está a cargo de los fiscales Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdez y Silvio I. Corbeta Dinamarca, quienes sostienen que la administración municipal operó al margen de las normativas vigentes para direccionar fondos públicos.

Según la investigación fiscal, se detectó una estructura montada para eludir los mecanismos de control previstos en la Ley de Contrataciones Públicas. A través del Consejo Local de Salud, el esquema habría administrado de manera irregular más de G. 11.200 millones que debían destinarse a obras de infraestructura y mejoras operativas en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

Entre las irregularidades documentadas por la fiscalía se confirmó un perjuicio patrimonial inicial de G. 757 millones, correspondiente a obras que no fueron ejecutadas o que presentaron costos sensiblemente sobrevalorados.

Las pesquisas revelaron un patrón constante de contrataciones direccionadas hacia empresas de fachada o firmas que carecían de la capacidad técnica mínima para llevar a cabo los trabajos adjudicados.

Uno de los hallazgos más relevantes en la acusación demuestra que una de las empresas beneficiadas con millonarios anticipos financieros operaba, en la práctica, como el estudio contable particular de una funcionaria de la propia municipalidad.

El caso pasa ahora a manos del Juzgado Penal de Garantías, que deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se resolverá si la causa se eleva a la etapa de juzgamiento público.

El avance en el esquema de fundaciones dentro del denominado Tramo 11 permitió habilitar de forma progresiva el montaje de la infraestructura superior.

Hasta la fecha, el frente de obra registra la ejecución acumulada de 100 pilotes, 57 encepados, 44 pilas y 11 dinteles distribuidos a lo largo del trayecto. Cada uno de estos pilotes cumple la función de transferir la carga de la plataforma elevada hacia los estratos más resistentes del suelo, mediante un proceso especializado que abarca la preparación del terreno, la perforación, el armado de estructuras de acero y el vertido de hormigón.

A pesar de ser elementos que permanecerán ocultos bajo la superficie, estas bases resultan críticas para garantizar la estabilidad, capacidad estructural y vida útil del viaducto. El desarrollo de las tareas mantiene protocolos de control técnico estricto y ensayos continuos, ajustados a las exigencias del Manual de Carreteras y las normativas viales vigentes.

Una vez finalizada, la autopista elevada dispondrá de dos calzadas con dos carriles por sentido, estableciendo una conexión directa entre las avenidas Ñu Guasú y Silvio Pettirossi con la ruta PY02, además de facilitar los accesos hacia Areguá, Ypacaraí y San Bernardino.

Esta obra, que contempla un trazado de 3,6 kilómetros e involucra una inversión total de USD 180 millones bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), busca transformar la movilidad diaria de más de 250.000 personas en uno de los corredores con mayor densidad vehicular del departamento Central.

Según detallaron los investigadores, la estructura logística desmantelada pretendía aprovechar la masiva concurrencia de personas durante las festividades locales para distribuir la droga a diversos puntos del Departamento Central.

Durante las incursiones a cinco viviendas, los agentes intervinientes confiscaron cocaína, marihuana y crack en dosis preparadas para su venta, junto con dinero en efectivo que ascendería a unos USD 1.500.000, presuntamente derivado del comercio ilícito y el lavado de activos.

Además del estupefaciente y el dinero, la comitiva policial incautó tres automóviles, entre ellos una camioneta Toyota Fortuner del año, motocicletas utilizadas para la distribución en la vía pública, armas de fuego, equipos electrónicos y dejó un inmueble bajo medida de incautación.

En una primera instancia, doce personas fueron demoradas en los lugares intervenidos; sin embargo, tras el cotejo de datos, ocho de ellas, señaladas preliminarmente como consumidoras, quedaron libres y comparecerán como testigos, mientras que cuatro presuntos integrantes directos de la banda permanecen detenidos.

Las investigaciones continúan abiertas para dar con el paradero del supuesto cabecilla de la organización criminal, quien no se encontraba en los inmuebles durante las intervenciones.