La licenciada Haydée Giménez encabeza los interventores designados. Esta comentó en radio UNO que cuando acudieron ayer a la sede central del Instituto Técnico de Formación Profesional Santa Librada, solo estaba presente la encargada de abrir la portera.

“Estuvimos ayer en la institución y nuevamente nadie estuvo presente. Solamente estaba una encargada de abrir la puerta, pero no estaba autorizada a darnos ningún tipo de información o de proveernos documentos”

Los interventores labraron un acta en el que emplazan a 72 horas a los directivos del instituto a que provean de documentos, como planillas de asistencia de los alumnos, planillas de calificaciones, informes sobre pasantías y tesis, entre otros.

Al ser consultada la licenciada interventora, si no buscan los mecanismos legales para ingresar sin depender de los propios afectados, explicó que la intervención administrativa de gestión y pedagogía, “no es un allanamiento”.

“La intervención es cuando los interventores hacen posesión de la administración y se apartan las autoridades de la institución”, explicó Haydée Giménez. “Eso es lo que no pudimos hacer ayer, parecía ser que no había clases, porque nadie estaba”, indicó la licenciada.

En otro momento explicó que los directivos deben demostrar la regularidad de los títulos emitidos, comprobando una serie de cuestiones, como la cantidad de horas que estuvieron los alumnos para obtener esos títulos.

“Una carrera de grado, se compone por 2.700hs cátedra, más pasantía y una tesis. Eso se debe demostrar con documentos”, expresó.

CASO

El caso salió a luz a raíz de una investigación periodística del programa Algo Anda Mal (AAM), donde, mediante un cámara oculta, se reveló que en tan solo 48 horas el Instituto de Formación Superior Paz Ambiental otorga título de licenciado en enfermería, previo pago de G. 9.800.000. El documento lleva el sello del Instituto Santa Librada, con sede en Itacurubí de la Cordillera.

La Fiscalía ya presentó imputación por producción de documentos no auténticos contra Gloria Laconich y su esposo Carlos Vera Vega, propietarios del instituto superior.

La agente fiscal Lourdes Bobadilla abrió una investigación caratulada “Exposición de personas a lugares de trabajo peligroso Art. 205″, en averiguación de supuesta responsabilidad sobre actividades peligrosas en la construcción luego del fallecimiento de un obrero tras el derrumbe registrado en una obra en construcción en la ciudad de Ñemby.

La representante del Ministerio Público ordenó que el lugar en donde se realiza la obra de construcción sea lacrado debido a la inseguridad de la zona y para evitar otra tragedia. Luego el personal de Criminalística efectuará los estudios necesarios de forma de precisar que causó el derrumbe y el fallecimiento del obrero Rodney Amarilla Bogado, de 33 años.

Puede interesar: Sancionan ley para garantizar la seguridad en las penitenciarías

Para la agente fiscala Bobadilla es prioritario evaluar la cadena de responsabilidad en los cuidados de los elementos de bioseguridad que debían llevar los empleados.

De la misma manera, el Ministerio Público investigará sobre el plan de obras y la autorización de la municipalidad para la construcción.

Durante el anuncio, el Rector Pbro. Dr. Narciso Velázquez Ferreira hizo lectura de la carta enviada por su Eminencia José Tolentino Card. De Mendonça, Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, en la cual se confirma el nombramiento del Pbro. Dr. Cristino Bohnert Bauer como Rector, reconociendo en ella la elección realizada por los Obispos en la 242° Asamblea Ordinaria de la Conferencia Episcopal Paraguaya.

La designación del Pbro. Dr. Cristino Bohnert Bauer como nuevo rector responde al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el estatuto que regula la Universidad Católica.

Puede interesar: Sancionan ley para garantizar la seguridad en las penitenciarías

“Con esta confirmación la Conferencia Episcopal Paraguaya proseguirá el proceso de elección de las autoridades de la Universidad Católica que acompañarán al nuevo Rector en el quinquenio de su mandato”, refiere el comunicado de la institución.

Cabe mencionar que, todas las autoridades del Gobierno de la Universidad Católica continúan en funciones hasta la toma de posesión de las nuevas autoridades en una fecha que será comunicada próximamente.

Bohnert Bauer reemplazará en el cargo a Narciso Velázquez.

Al inicio de la sesión el Pleno se constituyó en Comisión para el tratamiento del proyecto de Ley “Que amplía el plazo de vigencia y modifica el artículo 4 de Ley N° 7238/2023,’Que declara en situación de emergencia, todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos del territorio de la República y establece los objetivos del plan de seguridad penitenciaria con el concurso de las fuerzas públicas”, presentado por varios diputados.

El senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que este proyecto tiene carácter de urgencia, ya que dota al Ministerio de Justicia de una herramienta jurídica que permite, entre otras disposiciones, garantizar la cobertura de seguridad en los centros penitenciarios del país mediante el apoyo de las fuerzas públicas, especialmente de las Fuerzas Armadas. “Este apoyo busca fortalecer el control en las periferias de cada establecimiento penitenciario”, sostuvo el legislador.

Puede interesar: PMT implementará cámaras corporales “anticoimas” durante procedimientos

Asimismo, el proyecto amplía ciertas atribuciones del Ministerio de Justicia con el propósito de dar continuidad a las medidas establecidas por la Ley Nº 6231/2023, especialmente en áreas como infraestructura, tecnología, seguridad, personal y formación, que impactan directamente en la seguridad del sistema penitenciario. “Cabe destacar que esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo continuo por mejorar y ampliar la normativa vigente”, destacó el senador Zacarías Irún.

Tras el análisis correspondiente, la Cámara de Senadores sancionó el proyecto, el cual será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación, conforme al procedimiento establecido.