Juicio a mujer acusada de matar al marido para apropiarse de negocio

Se dio inicio el juicio oral a Diega Cáceres Figueredo, de 53 años, acusada de matar a su marido Narciso Medina Oviedo (74), en la residencia que el matrimonio compartía en el barrio San Pablo de Asunción.

La noche del 23 de febrero de 2017, se escuchó un disparo de arma de fuego que provenía de la casa del matrimonio. Vecinos dieron aviso a la Policía, que al ingresar al lugar halló al hombre sin signos de vida. No había nadie más en la casa.

El comerciante de la zona del Mercado de Abasto Narciso y su esposa Diega, mantenían desde hacía un tiempo constantes discusiones, según testimonios recogidos por la Policía, del entorno familiar, de amistades y laboral de la pareja.

Durante el avance del juicio, la Fiscalía recabó elementos que, conforme dejó constancia en la acusación, apuntan a que el crimen tuvo como trasfondo la intención de la imputada de quedarse con el negocio que el marido explotaba desde hace años.

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La defensa de la mujer, en tanto, recurrió a varias hipótesis para intentar demostrar la inocencia de la cliente, y el carácter extrafamiliar del ataque que acabó con la vida de Narciso.

De confirmarse la culpabilidad de Diega, se expone de entre 18 a 25 años de cárcel, de acuerdo a estimaciones de abogados.

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Intervienen supermercados y comercios en Capiatá por vender pescados sin permiso

Un operativo en el departamento Central permitió que el Ministerio del Ambiente incaute productos pesqueros y piezas de animales silvestres que no contaban con los permisos correspondientes para su comercialización.

Los decomisos se realizaron en comercios y supermercados de Capiatá, según informaron desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

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Aparentemente, los locales intervenidos no cumplían con las medidas establecidas por la Ley de Pesca y Acuicultura para comercializar productos pesqueros. Igualmente, hallaron como piezas de animales silvestres, tampoco sin los permisos.

Se decomisaron aproximadamente 130 kilos de surubí pintado que, según el Mades, serán donados a entidades benéficas para su consumo.

La intervención fue llevada a cabo por técnicos de la dirección de Pesca y Acuicultura y la dirección de Fiscalización Ambiental del Mades.

Desde la institución recuerdan que la venta de animales silvestres y pescados sin medidas está sujeta a sanciones administrativas y penales.

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Eusebio Ayala: abandonan a recién nacida en una cuneta

Una bebé recién nacida fue abandonada en una cuneta en la localidad de Eusebio Ayala. La misma fue derivada al hospital distrital, donde se encuentra fuera de peligro.

Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía Nacional sobre la presencia de la recién nacida, tras escuchar el llanto de la misma.

Los uniformados se acercaron al lugar y constataron que aún tenía el cordón umbilical.

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La recién nacida fue derivada de inmediato al hospital distrital, donde se encuentra fuera de peligro y en estado de observación.

La interviniente es la fiscal María Angélica Insaurralde, quien se encargará de indagar a la madre.

Criptomonedas: por conexiones ilegales, la ANDE no recaudó G. 75 mil millones en un año

Desde abril del 2023 hasta el mismo mes de este año, la instalación clandestina de granjas criptomonedas ocasionaron un perjuicio de unos G. 75.000.000.000 a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Desde la institución apelan a normas más fuertes que permitan penalizar a las personas que cometen este hecho punible.

Nelson Medina, asesor legal de la ANDE, comentó que hasta el momento 64 denuncias fueron formuladas en el Ministerio Público, pero durante los procedimientos no lograron que se allanen todos los lugares y las máquinas incautadas se devolvía nuevamente.

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En conversación con la radio Universo 970/Nación Media, explicó que están apuntando a nuevas alternativas jurídicas para sancionar y penalizar esta actividad que genera pérdidas millonarias a la institución y afecta al correcto suministro de la energía en el país.

“El problema de la ANDE no es el tema de la venta a las criptominerías que están legalmente constituidas, que sí pagan por el suministro eléctrico, tienen una tarifa diferenciada en dólares y es de conveniencia para la ANDE. Sino aquellas criptominerías en base a la sustracción de la energía electricidad cometiendo un hecho punible”, expresó Medina.

La ANDE no pudo recaudar G. 75 mil millones en un año con la instalación ilegal de las granjaminerías que utilizaron la energía y no pagaron por ella. Este millonario monto representa un daño económico a la institución.

Medina explicó que el cálculo del monto en juego se realiza con cada intervención, donde los técnicos verifican y realizan un promedio sobre el uso de la energía en la granja, allí se logran esos valores.

Esta mañana se llevó a cabo una audiencia pública en el Senado para debatir sobre el proyecto de ley que pretende prohibir la instalación de granjas de criptominería en nuestro país.

Plantean una restricción a la actividad de la criptominería y a la instalación de nuevas granjas de criptomonedas en nuestro país.

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