El senador Fidel Zavala manifestó su disgusto por la difusión del video de los epepistas. El material fue dado a conocer en conferencia de prensa realizada por el ministro Juan Ernesto Villamayor, quien intentó justificar que el Gobierno Nacional desea demostrar con qué crueldad actúan los criminales que están en el norte del país.

En conversación con la radio Monumental, el legislador que fue secuestrado en el 2009 indicó que no se puede estar fortaleciendo al grupo criminal, sino que todo lo contrario. “El hecho que no tengamos resultados, debe llamar la atención, ipukúma kóa”, añadió.

“No me parece bien, es imprudente, no creo correcto (dar a conocer el video). No sé que hay detrás de esto (si hubo o no presión por parte del EPP al Gobierno). Estamos haciendo el trabajo gratis para ellos, se cumple a cabalidad del objetivo, que es sembrar el terror”, consideró.

Zavala indicó que el asesinato del ciudadano brasileño es una muestra clara de la crueldad de los epepistas, quienes obligan a los niños a cometer los asesinatos. “El reclutamiento es muy vil”, de acuerdo con el entrevistado. “Obligan a los chicos a hacer estos actos a cara descubierta, para que queden pegados al grupo. Son pruebas de una meritocracia para que puedan ascender. Es muy cruel, muy vil”, agregó.

Recordó que cuando estaba secuestrado, llegó a preguntar a sus captores qué pasaría si había un intento de rescate. “Me dijeron que debía acompañarlos y ‘si no nos podés acompañarnos, te vamos a ejecutar’. Esto me recuerda al matrimonio Natto (los alemanes Robert Natto y Érika Reiser), al que lo ejecutaron porque no pudieron seguirlos en la huida”, lamentó.

SOSPECHAN DE EXIGENCIA

Para el analista de seguridad, José Amarilla, el hecho de haber mostrado el video se puede decir que es un error no forzado. “Esa conferencia para mí no tiene explicación racional, y lo de ayer pudo haber sido una exigencia”, esgrimió en conversación con la R800 AM.

Comparó esta situación con la conferencia de prensa otorgada a Marcelo “Piloto” Pinheiro, apuntando que se han tratado de cuestiones de innecesaria publicidad.

Sin embargo, el viceministro de Asuntos Políticos, Juan Villalba, defendió que no está comprobada que la publicación del video haya sido condicionante del EPP. El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, aseguró que fue decisión exclusiva del Gobierno dar a conocer el material.

Villalba indicó que es clara la postura de la cartera estatal de seguridad interna: “El material no debía quedar oculto, tuvimos los motivos para mostrar el video y debíamos mostrar cómo se mueve este grupo terrorista y delincuente”.

El viceministro insistió que la propia fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, acompañó la publicación del material. Esta había dicho ayer que “el Ministerio del Interior habrá tenido sus razones para divulgar”, pero que el Ministerio Público no tuvo nada que ver en la cuestión.

Por medio de una nota dirigida a su directora de Asuntos Internacionales, Tatiana García, el Ministerio Público de Paraguay hizo llegar su solicitud, la cual tendría la finalidad de facilitar y coordinar entrevistas presenciales con los investigadores, así como, con quienes esa Fiscalía General de la Nación considere útil para el avance del caso.

En el pedido se expresa, además, que el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, como titular del Ministerio Público “se encuentra particularmente interesado en el avance y conclusión exitosa de este caso, que no solo enluta a la sociedad paraguaya y colombiana, sino a quienes forman parte de los sectores de justicia y seguridad en todo el mundo”.

La propuesta es que las entrevistas sean entre el viernes 26 de abril y el jueves 2 de mayo, por la alta necesidad de adelantar y esclarecer el caso del asesinato de Marcelo Pecci.

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Los adolescentes son del bachillerato técnico en Salud, y presentaron mareos y dificultad respiratoria, según el reporte del Ministerio de Salud. Sospecharon que podría ser mercurio, sin embargo, fue descartado con los exámenes de orina que se le practicó a los menores.

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Según las primeras versiones, ocurrió cuando estaban en una clase de laboratorio manipulando un termómetro que se cayó, pero una docente de la institución aclaró que fue ecológico.

“El termómetro estaba intacto, el vidrio no estaba roto, pero lo que estaba adentro, sí tenía una pequeña abertura. Lo que pasó fue que durante el almuerzo ese termómetro cayó al piso y en cuestión de media hora, ciertos alumnos se sintieron mal. Vale aclarar que ese termómetro no era a mercurio, sino ecológico”, expresó en conversación con Monumental.

Los bomberos llegaron hasta el colegio para verificar las instalaciones y no hallaron nada en el ambiente, según la directora del centro educativo. Las imágenes del circuito cerrado también fueron analizadas.

De momento, los alumnos están internados en observación en el Hospital Pediátrico de Acosta Ñu mientras se investiga la causa que provocó la intoxicación.

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El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.