por Hugo OLAZAR, AFP

Con apenas un centenar de integrantes, según expertos y autoridades, al EPP se le atribuyen 74 muertes de civiles, militares y policías desde 2008.

“Ellos dicen que quieren ayudar a los pobres, que están a favor de los pobres. Pero siempre perjudican a los pobres. Nosotros no somos ricos, somos pobres. Somos trabajadores, somos humildes. Se llevaron al hijo de una familia pobre”, se queja entre lágrimas Obdulia Florenciano, madre del policía Edelio Morínigo, secuestrado hace ocho años, mientras muestra junto a su esposo una foto de su hijo en uniforme.

También Beatriz Denis, hija del exvicepresidente Óscar Denis, se lamenta por la suerte de su padre, capturado en su finca ganadera en 2020 y del cual no hay noticias desde entonces.

“Yo aceptaría cualquier cosa con tal de tener a papá. Voy a negociar lo que sea, por más de que suene feo (…) Todas las veces en las que un secuestrado volvió al hogar, no volvió porque el gobierno lo encontró. Se pagó y volvió el secuestrado”, asevera.

El padre Domingo Savio Ovelar, párroco de la localidad de Yby-Yaú, habla del temor de la población en Concepción, donde viven unos 300.000 de los 7,4 millones de habitantes de Paraguay y en el que se confunden militantes del EPP, narcotraficantes y contrabandistas.

“Convivimos prácticamente juntos y no nos damos cuenta. Aquí no podemos distinguir quién es narcotraficante, quién sicario o quién tiene ese pensamiento extremista”, dice. “Hay una zozobra permanente. No sabemos con qué vamos a amanecer”.

La organización, creada por antiguos seminaristas, también tiene en su poder al ganadero Félix Urbieta, de 73 años, capturado en 2016 en su hacienda.

El EPP plantea el canje de los secuestrados por dos de sus máximos líderes: Alcides Oviedo, de 52 años, y Carmen Villalba, de 50, presos en Asunción e involucrados en el secuestro y asesinato en 2004 de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas, cuando aún no habían fundado el EPP.

Oviedo, sentenciado a 40 años de cárcel, se casó con Villalba en 2006, cuando ya ambos estaban presos, pero la pareja se separó en 2019. Ambos tienen una hija de 15 años desaparecida durante un choque con el Ejército en 2020.

En ese ataque murieron también dos niñas de 11 y 12 años, Lilian y María Carmen, de nacionalidad argentina, sobrinas de Carmen Villalba.

Carmen Villalba cumplió el año pasado una primera condena de 18 años por secuestro, pero su pena se amplió a 17 años más por el intento de homicidio de tres policías. Su hermano Osvaldo Villalba conduce la guerrilla. Otra hermana, Laura, fue capturada en 2021 y procesada por terrorismo.

– Catequesis e independencia –

El EPP, creado en 2008, se concentró en la zona de Concepción, tierra de los hermanos Villalba y su principal lugar de acción. Se trata de una extensa región cerca de la frontera seca con Brasil, por Mato Grosso, en la que hay ricas haciendas ganaderas, pocos caminos asfaltados y es común la presencia de narcotraficantes.

Los militares mantienen retenes a lo largo de la carretera. También se observan tanquetas y helicópteros. También grandes pancartas con fotos de los principales cabecillas del EPP en las que se ofrecen recompensas por información sobre su paradero.

El grupo armado es un desprendimiento del movimiento político de izquierda radical Patria Libre, creado en los años 1990, a la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, “para combatir a la oligarquía y luchar por una verdadera reforma agraria”.

Los insurgentes se declaran marxistas-leninistas y reivindican la figura del prócer de la independencia José Gaspar Rodríguez de Francia (1766-1844).

Procedentes de familias campesinas pobres, en su mayoría tienen una formación católica. Oviedo era seminarista en Asunción hasta que fue expulsado en 1992. Carmen Villalba se dedicaba desde los 16 años a la asistencia social con la iglesia.

– “Un invento” –

Documentos hallados en 2010 por las autoridades paraguayas dieron cuenta de sus vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), desmovilizadas en 2016.

El gobierno del presidente Mario Abdo Benítez consiguió hace pocas semanas apoyo de Colombia en inteligencia y formación militar para combatir al EPP. Un conjunto de mil militares integra la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que los combate.

Si bien la guerrilla es pequeña, el daño que ha causado es grande, advierten los militares paraguayos.

“Aunque queden dos terroristas, cuando tengan oportunidad de realizar un acto terrorista lo van a hacer”, dice el coronel Luis Apezteguía, a cargo de la FTC.

“Dicen que no hacemos nada, que el EPP es un invento. Mientras tanto estamos nosotros enterrando camaradas o acarreando heridos a los hospitales”, suelta con un dejo de amargura, todavía afectado por el último ataque con explosivo contra tres militares hace pocas semanas.

Una comitiva encabezada por la agente fiscal Diana Burgos esta mañana realizó una intervención en un domicilio situado en el barrio Las Mercedes de Areguá.

El allanamiento, que contó con acompañamiento de agentes del Departamento contra el Crimen Organizado, se realizó tras una grave denuncia sobre la supuesta práctica de abortos clandestinos en el sitio.

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Dicha denuncia fue formulada por una adolescente de 17 años, quien acusó a su propia madre de llevarla a esta “clínica” para ser sometida a una interrupción de su embarazo.

Durante el procedimiento, se logró la detención de Anuncia Francisca Villalba Portillo, quien presuntamente sería la partera empírica a cargo de practicar los abortos.

Los intervinientes hallaron varias evidencias en la propiedad, las cuales acrecientan las sospechas respecto al hecho denunciado, incluyendo tabletas de pastillas, pequeños restos óseos y sondas, entre otros.

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La dueña de casa, al percatarse de la presencia policial, habría arrojado parte de las evidencias en un pozo ciego de la vivienda, a fin de evitar su incriminación.

“Con las evidencias recolectadas, tenemos la certeza de que ocurrió tal hecho (aborto) en este lugar”, afirmó el comisario Luis López.

El último informe difundido por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior sobre las carreras de Medicina, muestra el panorama actual a nivel país.

De las 43 carreras habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), solamente 22 fueron acreditadas por el Modelo Nacional de Evaluación de la ANEAES, que contiene los estándares de calidad exigidos. Además, tres carreras tienen acreditación regional por el sistema ARCU-Sur.

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Referencias:

Verde: Acreditada

Salmón: Postergada

Blanco: Sin acreditación

Esta evaluación de la ANEAES es necesaria y requerida por la ley número 2072/2003, que convierte en sujetos obligados a todas las carreras de impacto directo sobre la vida y la salud de la gente.

En el paquete de 43 carreras, de las 21 que no figuran como acreditadas por ANEAES, algunas están en proceso, otras fueron postergadas y algunas esperan nuevas visitas de verificación.

En cuanto a la distribución geográfica, la ciudad que más carreras de Medicina concentra es Asunción, con siete, seguida por el departamento de Amambay con seis.

Por su parte, Caaguazú, Alto Paraná, Guairá, Itapúa, Concepción, Central y San Pedro tienen un promedio de una y dos.

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En entrevista con el canal GEN, el director Benito Torres explicó que el informe de la Contraloría no menciona faltantes de fondos ni irregularidades presupuestarias, sino que se enfoca exclusivamente en la utilización de la cuenta única municipal. "No hay ninguna causal que justifique la intervención. (…) Se trata de una diferencia de interpretación legal que debe ser resuelta por el Tribunal de Cuentas", sostuvo.

El director jurídico argumentó que la Carta Orgánica Municipal establece que la administración financiera debe regirse por la Ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado, lo cual habilita el uso de la cuenta única. Además, resaltó que la ordenanza municipal que crea esta herramienta está plenamente vigente y no fue declarada inconstitucional.

Torres también negó que la Contraloría haya encontrado nuevas irregularidades, y afirmó que el municipio entregó toda la documentación requerida. En cuanto a las obras financiadas con bonos municipales, aclaró que están en curso y que no hay incumplimientos en la ejecución presupuestaria. “Las rendiciones de cuentas de los años 2020 a 2024 fueron aprobadas por la Junta Municipal”, subrayó en otro momento.

Torres reiteró que la Municipalidad de Asunción está abierta al control y la fiscalización, pero consideró improcedente que la Contraloría pida la intervención basándose en interpretaciones jurídicas que aún no tienen una resolución judicial definitiva, ante el uso que se está dando a la herramienta de la “caja única”.

En su pedido de intervención, la Contraloría refiere supuestas irregu­laridades que se dieron en la gestión presupuestaria de la institución entre los años 2021 y 2024. El contra­lor citó la emisión del bono G8, por G. 360.000 millo­nes realizada en el año 2022 para obras de desagüe plu­vial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, que fueron emitidos para pagar deudas de emi­siones en anteriores admi­nistraciones. Según la Contraloría, el municipio capitalino viene haciendo abuso de la cuenta única, lo cual se traduce en la transgresión de normas administrativas.