El director nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, ordenó una investigación de oficio del procedimiento de adjudica­ción de G. 73.364 millones otorgados por el Instituto de Previsión Social (IPS) a fir­mas del empresario Alberto “Pulpo” Palumbo y al de Claudio Escobar Brizuela.

La resolución fue firmada ayer, apenas explotó el caso de los limpiadores “mau” del IPS, entre los que aparecen varios docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), una excocinera de la familia del “Pulpo”, enferme­ros, jubilados que nada tienen que ver con las empresas proveedoras ni han agarrado jamás una escoba en la pre­visional, en el marco de la millonaria licitación de lim­pieza.

En entrevista con la radio Universo 970 – Nación Media, el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, explicó que decidieron abrir una investigación para verificar el cumplimiento de la prestación de los servicios de limpieza que fue declarada por la empresa de Palumbo.

Explicó que todas las empresas que son adjudicadas por el Estado deben presentar dos planillas de sus empleados, por lo que en esta oportunidad también harán un cruzamiento de esos datos con los que figuran en el sistema previsional del IPS.

“Tenemos al IPS como previsional y como receptora de los servicios. Lo que vamos a pedir al IPS es que nos informen el sistema de control aplicado, para verificar que las personas declaradas en la lista estén efectivamente estén haciendo el servicio de limpieza, como primera medida en este proceso de investigación”, refirió.

Ejemplificó que en su institución cuentan con 20 limpiadores y que diariamente estos deben presentar sus cédulas de identidad para verificar que correspondan a los datos que fueron declaradas por la empresa adjudicada para ofrecer ese servicio tercerizado. “Si un día no se va un empleado de la empresa limpiadora, tiene ciertas horas la empresa para sustituirlo e informar del cambio de su trabajador”, agregó.

En el caso del IPS y el empresario Palumbo, la empresa prestadora del servicio se expone a un sumario por incumplimiento del contrato y mala fe al incluir datos no valederos para obtener un beneficio en sus contratos, y de constatarse la irregularidad, puede recibir un apercibimiento e inhabilitación para contratar con el Estado en un lapso que va de 3 meses a 3 años, de acuerdo con Seitz. De parte del IPS, se le indicará que haga sumarios administrativos internos para deslindar responsabilidades.

“La primera responsable en ejercer control es la institución pública contratante. Lo que normalmente ocurre es al detectarse una irregularidad, desde Contrataciones Públicas informamos a otras instituciones de control, como la SET y Contraloría”, indicó Seitz.

EL MEGAESCÁNDALO EN IPS

Las nóminas de empleados que figuran en licitación de limpieza de la previsional no dejan de sorprender. En los documentos facilitados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se revela un perverso esquema en el que las empresas presentan mismas identidades de empleados para contratos diferentes, según expuso el diario La Nación / Nación Media.

El alevoso esquema de monopolio en licitación de limpieza en el Insti­tuto de Previsión Social (IPS), que ejercen Claudio Esco­bar Brizuela con su empresa Cevima SA y el “pulpo” de los contratos públicos Alberto Palumbo con su firma uniper­sonal y Poti SA no terminan de sorprender con las oscuras maniobras para millonarias adjudicaciones.

Además de los docentes que figuran como personal de limpieza de las empresas Palumbo, funcionarios públi­cos, personal de blanco revela­dos con nuestra investigación, existe una suerte de uso de mis­mas identidades para contra­tos diferentes.

Es decir, los proveedores pre­sentaron a Contrataciones Públicas nóminas en las que aparecen nombres iguales, en el caso del “pulpo” 18 mis­mas identidades usó en sus dos empresas.

Es así que, por ejemplo, el nom­bre de María Librada Aquino fue presentado dentro de las nóminas de las dos firmas de Palumbo ante Contratacio­nes Públicas; sin embargo, en el portal del asegurado del IPS aparece como empleada del grupo San Alfredo, otro cono­cido contratista de limpieza.

Otro caso que se ve en la info­grafía de este artículo es el de Ana María Medina, quien apa­rece en la nómina proveída por Cevima y Palumbo.

Reginaldo Benegas Ríos figura en el listado de limpia­dores tanto de Potî como de la unipersonal Palumbo, es así que ambos proveedores, que valga la redundancia, son de propiedad del mismo empre­sario “pulpo” usaron la misma identidad para pujar por dos contratos diferentes.

Fuerte tufo de informalidad en el negocio con la previsio­nal, cuando en los papeles se garantiza la cobertura de los derechos laborales, incluido el del seguro social.

Se puede mencionar también el caso de María Vanessa Benítez, nombre remitido a Contrata­ciones por Cevima y Potî SA, llamativamente en el portal del asegurado, la mujer figura con apenas un mes de aporte del seguro social.

Lo mínimo que debiera apare­cer en la web es que la empleada tiene aportes por arriba de los 9 meses; sin embargo, en su caso figura en nómina de dos pro­veedoras de limpieza del IPS y con apenas un mes de aporte.

Minado de irregularidades sal­tan en los listados de personal de los citados contratistas. Solo las empresas de Palumbo tie­nen cerca de 200 empleados con menos de 9 aportes del seguro social, 36 de los remi­tidos como parte del plantel a Contrataciones aparecen como funcionarios de otras empresas.

El vicio se replica en la firma Cevima SA, 8 personas de su listado figuran con menos de 9 meses de aportes en el IPS, jubilados con años de retiro, etc.

Para este lunes 15 de diciembre, a las 09:00 hs, fue convocada la mesa tripartita en la sede del Ministerio de Trabajo, que oficiará una vez más como mediador con los choferes del transporte público.

El viceministro de Trabajo, César Segovia, confirmó que se encuentran con intenciones de lograr el levantamiento de la huelga, anunciada para el martes y miércoles de la próxima semana.

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La Federación de Trabajadores de Transporte (FETRAT) y la Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT) son los gremios que convocan a este paro general de buses. Ambos ya realizaron la comunicación formal al MTESS.

Segovia precisó que invitaron al Viceministerio de Transporte, al tratarse del ente rector en este ámbito, a pesar de la posición de los choferes, quienes rechazan a la figura del viceministro Emiliano Fernández.

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“Está más complicado que en ocasiones anteriores porque el proyecto de Reforma del Transporte ya pasó por ambas cámaras del Congreso y tiene sanción”, añadió. Dicha propuesta está pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

“Queremos encontrar una fórmula de entendimiento y que la ciudadanía no se vea afectada”, sostuvo el viceministro, quien espera que se logre destrabar esta medida de fuerza.

Esta tarde se confirmó la detención de Sergio Rubén Caruso Fariña, de 40 años, quien es sindicado como responsable de un accidente fatal ocurrido en la noche del miércoles en el barrio Santa Librada de Asunción.

Familiares de la víctima, un joven de 19 años de nombre Enrique Melgarejo, fueron quienes lograron localizar la vivienda del sospechoso, situada en la zona de Itá Enramada.

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Caruso es propietario de un Mercedes Benz C350 color rojo, con chapa HET 633, vehículo que, se presume, habría sido el que embistió contra la motocicleta manejada por el fallecido.

Imágenes de circuito cerrado muestran cómo un automóvil que posee las mismas características persiguió el biciclo conducido por Melgarejo hasta finalmente atropellarlo, provocando su posterior deceso.

Un detalle que llama la atención y acrecienta las sospechas es que el rodado incautado presenta rastros de un reciente choque en el costado derecho, que es el mismo lado desde el que arrollaron a la víctima.

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Caruso tuvo que ser retirado con una fuerte custodia policial (e incluso portando un casco protector en la cabeza), esto ante el riesgo de ser linchado por los allegados del joven, quienes expresaron su rabia e indignación por el hecho.

En estos momentos, el sospechoso se encuentra detenido en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, quedando a disposición del Ministerio Público.

Los casos detectados de sarampión en territorio nacional se ubican en el rango etario de niños y adultos de entre 3 meses a 54 años. Cabe resaltar que ninguno de los afectados requirió cuidados intensivos; tampoco se reportaron fallecidos.

Acceder a la vacunación y completar el esquema es esencial para reducir el riesgo de contagio de la enfermedad viral. La vacuna contra el sarampión es segura y gratuita, protege y previene contagios.

En San Pedro, Asunción y Central, a la fecha continúan todas las acciones de control y respuesta; persisten las actividades de intensificación en distritos de Central y en barrios de Asunción, a fin de monitorear las coberturas de vacunación y realizar la búsqueda activa de sospechosos de sarampión y rubéola.

A nivel país se ha implementado un sistema automatizado de recordatorios vía WhatsApp, dirigido a madres, padres y tutores, para fortalecer la adherencia al esquema de vacunación infantil. Los mensajes son personalizados, indicando la dosis pendiente de la vacuna contra el sarampión, con información obtenida del Registro de Vacunación Electrónico (RVE).

Con esta estrategia se reducen brechas y se acerca a las familias a los servicios. Esta innovación digital en salud pública posiciona al país como referente en el uso de tecnología para incrementar coberturas y prevenir brotes.