El director nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, ordenó una investigación de oficio del procedimiento de adjudica­ción de G. 73.364 millones otorgados por el Instituto de Previsión Social (IPS) a fir­mas del empresario Alberto “Pulpo” Palumbo y al de Claudio Escobar Brizuela.

La resolución fue firmada ayer, apenas explotó el caso de los limpiadores “mau” del IPS, entre los que aparecen varios docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), una excocinera de la familia del “Pulpo”, enferme­ros, jubilados que nada tienen que ver con las empresas proveedoras ni han agarrado jamás una escoba en la pre­visional, en el marco de la millonaria licitación de lim­pieza.

En entrevista con la radio Universo 970 – Nación Media, el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, explicó que decidieron abrir una investigación para verificar el cumplimiento de la prestación de los servicios de limpieza que fue declarada por la empresa de Palumbo.

Explicó que todas las empresas que son adjudicadas por el Estado deben presentar dos planillas de sus empleados, por lo que en esta oportunidad también harán un cruzamiento de esos datos con los que figuran en el sistema previsional del IPS.

“Tenemos al IPS como previsional y como receptora de los servicios. Lo que vamos a pedir al IPS es que nos informen el sistema de control aplicado, para verificar que las personas declaradas en la lista estén efectivamente estén haciendo el servicio de limpieza, como primera medida en este proceso de investigación”, refirió.

Ejemplificó que en su institución cuentan con 20 limpiadores y que diariamente estos deben presentar sus cédulas de identidad para verificar que correspondan a los datos que fueron declaradas por la empresa adjudicada para ofrecer ese servicio tercerizado. “Si un día no se va un empleado de la empresa limpiadora, tiene ciertas horas la empresa para sustituirlo e informar del cambio de su trabajador”, agregó.

En el caso del IPS y el empresario Palumbo, la empresa prestadora del servicio se expone a un sumario por incumplimiento del contrato y mala fe al incluir datos no valederos para obtener un beneficio en sus contratos, y de constatarse la irregularidad, puede recibir un apercibimiento e inhabilitación para contratar con el Estado en un lapso que va de 3 meses a 3 años, de acuerdo con Seitz. De parte del IPS, se le indicará que haga sumarios administrativos internos para deslindar responsabilidades.

“La primera responsable en ejercer control es la institución pública contratante. Lo que normalmente ocurre es al detectarse una irregularidad, desde Contrataciones Públicas informamos a otras instituciones de control, como la SET y Contraloría”, indicó Seitz.

EL MEGAESCÁNDALO EN IPS

Las nóminas de empleados que figuran en licitación de limpieza de la previsional no dejan de sorprender. En los documentos facilitados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas se revela un perverso esquema en el que las empresas presentan mismas identidades de empleados para contratos diferentes, según expuso el diario La Nación / Nación Media.

El alevoso esquema de monopolio en licitación de limpieza en el Insti­tuto de Previsión Social (IPS), que ejercen Claudio Esco­bar Brizuela con su empresa Cevima SA y el “pulpo” de los contratos públicos Alberto Palumbo con su firma uniper­sonal y Poti SA no terminan de sorprender con las oscuras maniobras para millonarias adjudicaciones.

Además de los docentes que figuran como personal de limpieza de las empresas Palumbo, funcionarios públi­cos, personal de blanco revela­dos con nuestra investigación, existe una suerte de uso de mis­mas identidades para contra­tos diferentes.

Es decir, los proveedores pre­sentaron a Contrataciones Públicas nóminas en las que aparecen nombres iguales, en el caso del “pulpo” 18 mis­mas identidades usó en sus dos empresas.

Es así que, por ejemplo, el nom­bre de María Librada Aquino fue presentado dentro de las nóminas de las dos firmas de Palumbo ante Contratacio­nes Públicas; sin embargo, en el portal del asegurado del IPS aparece como empleada del grupo San Alfredo, otro cono­cido contratista de limpieza.

Otro caso que se ve en la info­grafía de este artículo es el de Ana María Medina, quien apa­rece en la nómina proveída por Cevima y Palumbo.

Reginaldo Benegas Ríos figura en el listado de limpia­dores tanto de Potî como de la unipersonal Palumbo, es así que ambos proveedores, que valga la redundancia, son de propiedad del mismo empre­sario “pulpo” usaron la misma identidad para pujar por dos contratos diferentes.

Fuerte tufo de informalidad en el negocio con la previsio­nal, cuando en los papeles se garantiza la cobertura de los derechos laborales, incluido el del seguro social.

Se puede mencionar también el caso de María Vanessa Benítez, nombre remitido a Contrata­ciones por Cevima y Potî SA, llamativamente en el portal del asegurado, la mujer figura con apenas un mes de aporte del seguro social.

Lo mínimo que debiera apare­cer en la web es que la empleada tiene aportes por arriba de los 9 meses; sin embargo, en su caso figura en nómina de dos pro­veedoras de limpieza del IPS y con apenas un mes de aporte.

Minado de irregularidades sal­tan en los listados de personal de los citados contratistas. Solo las empresas de Palumbo tie­nen cerca de 200 empleados con menos de 9 aportes del seguro social, 36 de los remi­tidos como parte del plantel a Contrataciones aparecen como funcionarios de otras empresas.

El vicio se replica en la firma Cevima SA, 8 personas de su listado figuran con menos de 9 meses de aportes en el IPS, jubilados con años de retiro, etc.

“Hemos planteado un nuevo sistema de acreditaciones que genera limitaciones por piso; también estamos haciendo las gestiones pertinentes para contar con detectores de metales que permitan tener una mayor claridad y un mayor control de todo lo que pasa en el edificio”, remarcó el presidente a medios acreditados.

El diputado indicó que se encuentra, absolutamente, prohibido para cualquier civil, fuera de los efectivos de la Policía Nacional, portar armas dentro del edificio. “Estamos ajustando las medidas de seguridad”, recalcó.

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Señaló, por otro lado, que no le consta que los guardias privados de los legisladores ingresen al edificio armados.

“Naturalmente existe una proporción importante de legisladores que tienen una escolta policial permanente, por la delicadeza de las funciones que realizan, pero no me consta que haya ningún guardia privado armado”, aseguró.

El servicio de monitoreo telefónico “Teledengue”, habilitado meses atrás por el Ministerio de Salud como parte de la epidemia de dengue, ha dado seguimiento a miles de pacientes desde su puesta en marcha.

A la fecha, se logró hacer un monitoreo efectivo a 21.777 pacientes, mientras que se se realizaron un total de 69.915 llamadas, contabilizando desde el pasado 8 de enero, de acuerdo al reporte.

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Asimismo, se han finalizado satisfactoriamente 8.866 controles, mientras que 171 pacientes han sido derivados a centros médicos para intervenciones más especializadas, garantizando una atención adecuada y oportuna.

Desde la cartera de Salud destacan el importante papel que juega el servicio de Teledengue en la reducción de la saturación hospitalaria, al gestionar casos de manera efectiva a través de seguimientos telefónicos.

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Esta iniciativa no solo beneficia a los pacientes al brindarles atención personalizada, sino que también contribuye al manejo oportuno de posibles complicaciones asociadas con el dengue, esto mediante las orientaciones de profesionales a cargo de gestionar las llamadas.

La institución reitera la importancia de que los pacientes contactados acudan al establecimiento médico más cercano en caso de presentar signos de alarma, enfatizando que estas llamadas no sustituyen la consulta médica presencial.

Alrededor de las 15:00 hs del miércoles se registró un accidente de tránsito con derivación fatal sobre la Ruta PY07 (ex Supercarretera), frente al polideportivo de Presidente Franco.

El percance involucró a un automóvil de la marca Toyota modelo Mark X de color plata, que era conducido por Emiel Patyn Caballero, de 39 años.

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Dicho vehículo acabó chocando contra una adolescente de 13 años, identificada como Naila Ailen Maíz Silva, quien era estudiante del Colegio Internacional del Este (CIE).

Según menciona el diario La Clave, la víctima se dirigía a su vivienda luego de su práctica de handbool y, al tratar de cruzar la ruta, fue atropellada por el rodado al mando de Caballero.

A raíz de la fuerza del impacto, la joven acabó con múltiples lesiones luego de caer al asfalto. Bomberos voluntarios se encargaron de trasladarla de urgencia al Hospital Distrital de Presidente Franco, donde se constató su deceso.

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Por su parte, el conductor fue sometido a la prueba de alcotest, arrojando un resultado negativo. En su defensa, alegó que la menor se había cruzado en su camino de forma repentina, por lo que ya no tuvo tiempo de reaccionar.

La agente fiscal Viviana Sánchez dispuso la detención de Emiel Caballero y la incautación de su vehículo.