Sonia Escauriza, directora de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia del MEC, informó a la radio 650 AM que dos madres de alumnas del colegio privado se acercaron hasta su oficina para denunciar que un funcionario de la institución acosaba sexualmente a sus hijas, pero que ellas dos no serían las únicas víctimas del presunto depravado, ya que este andaba detrás de más niñas, según la versión de las mismas.

La autoridad aclaró que el denunciado es un funcionario, no así directivo ni docente de la casa de estudios. Ante esta situación el MEC solicitó que se aplique la medida 7/11, para que el funcionario no tenga contacto con las víctimas o posibles víctimas.

Señaló que llamó la atención que las madres venían denunciando mediante correo electrónico ya desde hace meses atrás. “Nosotros tuvimos conocimiento ayer del comunicado del colegio que decidió aplicar la resolución 7/11 como medida de protección mientras se investiga el caso. La madre de la afectada también hizo la denuncia ante la fiscalía”, acotó.

“Según las denuncias que recibimos, cuando existía contacto (entre la víctima y victimario), él le decía: ‘Que linda que sos, vos podrías ser modelo’. Sería un acoso sexual porque él es un adulto y las víctimas son menores”, reveló.

También el colegio en cuestión se pronunció mediante un escrito interno, en el que expresa que activó “el protocolo correspondiente” con medidas para “salvaguardar la integridad física y emocional de los alumnos”. Parte del documento señala que “el docente afectado (sic)” seguirá ejerciendo sus funciones a distancias, mientras que las actividades extracurriculares no se suspenderán.

Lo que dice el comunicado interno:

Que se recibieron dos denuncias, realizadas por madres del colegio a través de correos electrónicos, por lo que inmediatamente se procedió a activar el Protocolo correspondiente (Resolución 711/22 del MEC).

Que tal como dispone dicho Protocolo, se han implementado las medidas y procedimientos establecidos para salvaguardar la integridad física y emocional de los alumnos, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Durante el proceso de investigación, el docente afectado seguirá ejerciendo sus funciones a través de la modalidad virtual (Home Office).

Las actividades extracurriculares (escuelas deportivas y selecciones) no se verán afectadas, seguirán desarrollándose en forma normal.

Como institución educativa nuestra prioridad es y será siempre el bienestar y la seguridad integral de nuestros alumnos, por lo cual garantizamos agotar todas las instancias de investigación de los hechos denunciados y, en base a ello, tomar las medidas que correspondan.

Contamos con el apoyo y la colaboración de ustedes, así como con la prudencia en el tratamiento del tema hasta tanto se esclarezcan los hechos denunciados.

La recusación fue planteada en contra del agente fiscal Fermín Segovia Villasanti, titular de las Unidades Especializadas de Delitos Ambientales, Lucha contra el Narcotráfico y Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas del Departamento de Caaguazú.

La solicitud de apartamiento alegaba supuestos episodios de violencia durante diligencias autorizadas judicialmente. Sin embargo, tras un análisis detallado de los antecedentes del caso, la Fiscalía Adjunta concluyó que no se configuraba causal legal alguna que comprometa la objetividad del agente fiscal interviniente.

En consecuencia, se resolvió confirmar la continuidad del agente fiscal Fermín Segovia en la conducción de la causa, que se encuentra en etapa investigativa.

La decisión fue comunicada a las partes procesales y a las oficinas pertinentes para su debida anotación.

El interventor de la comuna capitalina, Carlos Pereira, esta mañana brindó una nueva conferencia de prensa en la que brindó una actualización sobre el proceso de intervención en curso.

Al respecto, confirmó que continúan realizando un análisis documental relacionado a los bonos G8 y G9, lo cual abarca la verificación de las obras de desagüe pluvial impulsadas en varios frentes.

Asimismo, indicó que lograron descubrir algunas inconsistencias en el Mercado 4, puntualmente en lo relacionado con el canon cobrado a los permisionarios y la dimensión real de las superficies declaradas.

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A fin de dilucidar esta cuestión, ordenó el inicio de una investigación a partir de este lunes, cuyos resultados finales serán dados a conocer ya la próxima semana.

Otro hallazgo durante este proceso de intervención es el avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) debido al retraso en los pagos al consorcio adjudicado para las obras de desagüe pluvial.

Igualmente, Pereira precisó que han iniciado una revisión exhaustiva de la planilla de funcionarios municipales, descubriendo que hay 9.119 personas distribuidas de manera desigual. A su vez, detectaron múltiples modalidades de control (incluyendo planillas manuales), lo que dificulta un seguimiento laboral riguroso.

En cuanto a la situación financiera del municipio, precisó que han podido saldar un 33% de la deuda total que asciende a G. 18.000 millones, luego de abonar a proveedoras de alimentos y combustibles y a la Caja de Jubilaciones Municipales.

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En paralelo, se mantienen vencimientos de cupones de intereses por más de G. 15.000 millones y una demanda de USD 15 millones promovida por el Consorcio TX, tras la rescisión de un contrato para desarrollar el sistema de gestión tributaria.

En cuanto a la deuda acumulada de los contribuyentes, reveló que existen más de 11 billones 999 mil millones de guaraníes (equivalentes a USD 1.519 millones) en tributos no cobrados, dinero que intentarán recuperar por vías judiciales.

El Decreto Nº 4145/25, que reglamenta el Capítulo IV de la Ley Nº 1328/1998 y deroga el Decreto Nº 4212/2015, fue promulgado este viernes por el Poder Ejecutivo.

Se trata de una medida significativa que busca fortalecer la protección de los derechos de autor y derechos conexos en Paraguay, fijando un marco legal para salvaguardar el trabajo de autores, artistas e intérpretes, especialmente ante las reproducciones para uso privado.

La normativa firmada por el presidente Santiago Peña establece un sistema de remuneración compensatoria por las reproducciones privadas de obras, realizadas a través de dispositivos de almacenamiento o reproducción digital.

En tal sentido, se aplicará una tasa del 0,5% sobre el valor de ingreso al país para productos importados, o sobre el valor de primera comercialización nacional para aquellos fabricados en nuestro país. Esto afectará a una amplia gama de dispositivos, incluyendo teléfonos móviles, computadoras, televisores y tarjetas de memoria.

El decreto también pone un énfasis particular en la protección de obras audiovisuales, reconociendo el derecho de los titulares de videogramas, fonogramas y grabaciones sonoras a participar en las compensaciones generadas por su uso personal.

Los fondos recaudados a través de esta medida serán distribuidos como regalías para los socios y herederos de los derechos, pagos a artistas extranjeros, y también se destinarán a fondos de ayuda cultural y programas de asistencia social.

Con esta acción, el Gobierno Nacional busca avanzar en el reconocimiento y resguardo de los derechos intelectuales, promoviendo un sistema de compensación equitativo para creadores y artistas en la era digital.