La Junta de Gobierno de la ANR declaró a Itaipú Binacional como “causa nacional”, mediante una actividad oficial realizada ayer en la sede partidaria, donde recibieron a los ingenieros Pedro Ferreira y Fabián Cáceres, quienes en su momento trabajaron en la ANDE y están empapados del tema energético.

Sobre lo conversado en la ocasión, el senador Antonio Barrios explicó que dejaron en claro que lo ideal hubiera sido que a estas alturas ya estuviera definida la tarifa energética que regirá este año, sin embargo, ante la demora para alcanzar un acuerdo, esperan que las novedades se den lo antes posible.

“No creo que haya ganas de no hacer bien las cosas, esperamos un pronto mensaje del Gobierno con respecto a las dudas que existen al tratado”, expresó el legislador Antonio Barrios.

Aclaró que, si bien Honor Colorado apoya las negociaciones, esto no implica que exista carta blanca para hacer lo que sea, sino lo que le convenga a la población.

También consideró que sería conveniente la revisión total del tratado y no solamente del Anexo C, como se prevé para el 2023.

Los puntos abordados en la Comisión Ejecutiva de la ANR fueron:

La declaración del tema Itaipú como Causa Nacional

En caso de que la deuda de Itaipú se reduzca, que la mitad del beneficio sea para Paraguay

Darle importancia al bono energético y asegurar a la siguiente generación que pueda gozar de la energía eléctrica

La promoción de leyes en materia energética

Mejorar la contabilidad de Itaipú ya que la misma no se adecua a las normas de contabilidad internacional

Hacer cumplir tanto el Anexo C como así también los Anexos A y B del tratado de Itaipú

• Por Cinthia Mora

Durante parte de su gobierno, el expre­sidente Mario Abdo Benítez habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema utilizando la fachada institucional, que aspiraba a generar investigaciones pena­les en contra de sus enemigos políticos Horacio Cartes y Santiago Peña, con el propó­sito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.

El Ministerio Público sos­tiene en su investigación que el esquema funcionaba de la siguiente manera: Carlos Arre­gui, ministro de la Seprelad; Carmen Pereira, en calidad de directora de Análisis Finan­ciero y Estratégico, y luego como Secretaría Adjunta de la Seprelad ordenaron y acomo­daron una “oficina paralela” dentro de la institución con el único objetivo de investigar a Horacio Cartes.

Para llevar adelante este obje­tivo, se montó una oficina paralela que funcionaba den­tro mismo de la Seprelad desde donde operaban funcionarios ajenos a la institución reali­zando actividades por fuera de sus atribuciones. La dependen­cia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investi­gación Financiera de la Sepre­lad cuyos funcionarios reci­bieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.

Las personas designadas para realizar dichas “tareas” fueron Daniel Farías Kronawetter, funcionario de Tributación y comisionado en ese entonces al Ministerio de Interior, recién a partir de junio de 2022 fue comisionado oficialmente a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero; y René Fer­nández, entonces ministro de la Secretaría Anticorrupción. Ambos sin ser funcionarios de la Seprelad habrían contri­buido de manera significativa a la elaboración del Informe de Inteligencia 10/2022, al redac­tar el documento secreto que sirvió de base para ese informe.

En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registra­das los metadatos (huellas digi­tales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir a los partícipes del hecho. En el acta de impu­tación se precisa que el docu­mento secreto fue redactado por Daniel Farías Kronawet­ter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.

El “documento secreto” era un borrador del informe de inteli­gencia relacionado al expresi­dente Cartes y la firma Tabesa. En el documento se incluían datos de salarios de Santiago Peña y Óscar Boidanich, siendo que estas personas no revestían el carácter de inves­tigados ni existían señales de alerta respecto a los mismos.

El trabajo de “investigación” realizado por esta oficina para­lela dentro de Seprelad se tra­dujo luego en un informe de inteligencia (el número 10/2022) al que se introdujo, según la tesis del Ministerio Público, información tergiver­sada y falsa para perjudicar la imagen del expresidente Car­tes y a sus empresas.

La acusada por los propios fun­cionarios de la institución como “cerebro” de la operación mon­taje y filtración, la viceminis­tra Carmen Pereira, ordenó vía correo electrónico, el 28 de marzo de 2022, que el docu­mento secreto elaborado por Farías y Fernández sea utili­zado como base para el informe de inteligencia que sería remi­tido luego al Ministerio Público. Con esto daban la fachada de “institucional” a un proceso de investigación llevado a cabo en paralelo y por funcionarios aje­nos a la institución.

Si bien los personajes involu­crados al operativo de oficina paralela Farías y Fernández eran funcionarios públicos, actuaron realizando activi­dades que no eran propias de sus instituciones, sino de otra, realizando actos que excedían de sus atribuciones y fuera de sus propias instituciones.

PROCESO TRABADO POR CHICANAS

Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores presentaron, hasta el momento, dos recusa­ciones y una larga lista de chi­canas con el objetivo de dilatar la investigación que pesa con­tra el exmandatario.

Ahora, el proceso está en la Corte Suprema de Justicia a dos votos de destrabarse, espe­cíficamente en la Sala Penal de la máxima instancia judi­cial integrada por Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Dejesús Ramírez Can­dia, quienes deben expedirse sobre la recusación presentada contra los camaristas a cargo de la causa para dar continui­dad al proceso.

El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Bení­tez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario pri­vado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.

Las acusaciones son por reve­lación de secretos de servicio, revelación de secretos priva­dos por funcionarios o per­sonas con obligación, induc­ción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho puni­ble, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

La dependencia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investigación Financiera de la Seprelad cuyos funcionarios recibieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.

El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.

Entre funcionarios asistenciales, administrativos, académicos, docentes y además, pacientes y familiares, hasta la fecha se han vacunado cerca de 800 personas en el Hospital de Clínicas. Así lo informaron desde el Vacunatorio del hospital escuela.

La Dra. Laura Duarte, explicó que en conjunto con el Hospital de Calle’i, San Lorenzo, brigadas de vacunación recorren piso por piso, todas las áreas del Hospital de Clínicas.

“Iniciamos la semana pasada, nos encontramos en el Hall Central y dependiendo de la cantidad de personas que queden pendientes de vacunar, vamos a prolongar probablemente uno o dos días más. Hasta la fecha hemos puesto contra la Influenza 554 dosis y Moderna (Anti Covid) 238 dosis. Hay muy buena recepción. Aunque está dirigido especialmente a personal sanitario, también puede vacunarse el que quiera”, dijo la Dra. Duarte.

El objetivo de esta actividad es que el personal sanitario debe estar sano para poder atender a las personas y está enmarcado dentro de la campaña “Vacunarse es Poder”, temporada 2024 impulsada por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud, pero, quien se acerque recibirá la vacuna.

Post Covid, Dengue o Influenza, es necesario aguardar un mes desde la recuperación o según indicación médica “Quienes tuvieron COVID, Influenza o Dengue deben esperar un mes para la vacunación. Pero, cuadros como chorreo de nariz, rinorrea, o un poco de tos, o algo que no sea febril, no contraindica la vacunación”, destacó la especialista.

Sobre las edades, la Dra. Duarte indicó. “Tanto la influenza como la moderna, que es monovalente, se colocan a partir de los seis meses de edad. Los niños pequeños se deben colocar dos dosis para asegurar la protección. Además, vacunamos a las embarazadas. Los niños pequeños tienen dentro del esquema regular. Entonces, se colocan sus otras vacunas y también le corresponde la influenza”.

Finalmente, recordó, “cuanto más nos vacunemos, más estaremos protegidos todos”.

Al mismo lo acusan de haber acosado a una funcionaria de la delegación, y no solo verbalmente, sino con el ingrediente de manoseos en partes íntimas de la víctima.

El episodio motivó una queja formal de la UE, que presentó una nota a la Cancillería, en donde solicita intercesión ante las instancias correspondientes, para penalizar al acusado de agresor.

“Aprovechando el momento en que se redujo el numero de personas, el participante (comisario Noguera) se acercó por sorpresa a la persona que ha relatado los hechos, la agarró contra su voluntad, la sujetó contra su cuerpo y le puso las manos en los glúteos. El resto de los miembros del equipo que se encontraba, presenciaron la escena y pudieron interrumpir la agresión de manera rápida. El mismo participante se dirigió posteriormente a la misma persona en varias ocasiones”, expresa una parte de la nota de UE.

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La víctima del abuso, conforme dieron a conocer los miembros de la UE que acompañaron la demanda, señaló su voluntad de seguir el proceso para sancionar con la severidad que corresponde según las leyes, para estos casos.

“Este caso no va quedar impune en la Policía, absolutamente. De hecho ya fue destituido del cargo de jefe de seguridad de la Fiscalía y está a disposición de lo que dispone la ley”, dijo el comandante de la Policía Nacional, comisario Carlos Benítez.

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