El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas sostuvo que la ley antinarco marca “un antes y después para nuestro país”.

En la última sesión del año, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a la normativa que busca atacar los bienes de los narcotraficantes.

“El 100 por ciento de la riqueza incautada de los narcos va a ser destinada a la prevención, rehabilitación y tratamiento de los afectados por las drogas. El dinero generado a costa del sufrimiento social va a servir para reparar ese daño”, expresó.

A criterio de Rojas, con este avance nuestro país definitivamente va transitando por un despertar interesante.

“El ciudadano común dijo basta y las instituciones estamos aprendiendo a hacer las cosas. Hay una política firme del Ejecutivo para luchar contra este flagelo”, enfatizó.

El ministro indicó que a la Senad no le interesa la incautación de sustancias, como un fin último, sino la desarticulación de la estructura criminal.

SENAD EN NÚMEROS

La Secretaría Nacional Antidrogas a lo largo del año 2014 realizó actividades en diversas áreas, en el marco de la lucha contra las drogas. Se destacan acciones en el ámbito de la reducción de la oferta de drogas (operativos, represión), reducción de la demanda de drogas (prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de consumo de drogas).

Se llevaron a cabo operaciones como “HALCÓN”, “NILO”, “VALENTINE”, “SINTESIS”, entre otras, que derivaron en el desmantelamiento de organizaciones dedicadas al tráfico desde precursores químicos hasta drogas sintéticas.

Fueron detenidas un total de 458 personas vinculadas al tráfico de drogas, de los cuales 4 extranjeros fueron expulsados del país y entregados a sus autoridades por contar con órdenes de captura. Se incautaron, a lo largo del año de 1.645 kilos de cocaína, 575.959 kilos de marihuana, 1000 litros de acetona, 60 litros de ácido clorhídrico, 10,5 litros de ácido sulfúrico, 241 litros de éter, 376 kilos de permanganato de potasio y 531 kilos de fenacetina.

En lo que respecta a bienes incautados se tienen 138 vehículos, entre automóviles, camiones, embarcaciones y aeronaves. También fueron requisadas 147 armas de fuego de diversos calibres.

Cabe destacar la destrucción de 13 laboratorios de procesamiento de estupefacientes, uno de ellos para elaboración de drogas sintéticas. Casi todos se encontraban asentados en zonas fronterizas. También fueron anuladas 3 pistas clandestinas utilizadas por aeronaves para el transporte de cargas de drogas.

Durante el operativo se procedió a la retención de un camión de la marca Mercedes Benz, modelo Ateco 1823, que transportaba las 399 bolsas de azúcar de 50 kilogramos cada una, totalizando 19.950 kilos.

El procedimiento fue llevado a cabo por funcionaros de la Dirección General de Prevención y Represión del Contrabando y el Comercio Ilícito, en conjunto con personal del Puesto de Control de Vista Alegre, en el marco de un trabajo basado en información de inteligencia.

Al ser consultado, el conductor manifestó que transportaba azúcar; sin embargo, no contaba con documentación que respalde el ingreso legal de la mercadería al país ni su circulación dentro del territorio nacional.

Ante esta situación, los intervinientes dispusieron el traslado del camión y de la carga al depósito privado GICAL de la DNIT, ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde se realizará la verificación, cuantificación y resguardo de la mercadería incautada.

Durante el traslado del convoy, dos vehículos intentaron obstruir el procedimiento, tratando de cerrar el paso al camión retenido. No obstante, la situación fue controlada con el apoyo de efectivos del Departamento Especializado contra Hechos Punibles Económicos de la Policía Nacional, quienes brindaron custodia hasta la llegada al depósito.

Como resultado del operativo fueron detenidas cuatro personas, mientras que el procedimiento fue comunicado al fiscal de la Unidad Especializada Anticontrabando del Ministerio Público para la prosecución de las investigaciones correspondientes.

En este marco, la administración municipal impulsa una política orientada a fortalecer el cuidado de plazas, parques y plazoletas, mediante un censo actualizado y un moderno sistema digital de padrinazgo de espacios verdes.

El paisaje característico de la capital —con copas de árboles que forman verdaderos corredores naturales y con el constante canto de aves que habitan su frondoso follaje— no solo embellece la ciudad, sino que, además, contribuye a mejorar la calidad del aire y el bienestar ambiental de los habitantes.

Consciente de este valor ecológico y urbano, la administración municipal decidió realizar una actualización integral del inventario de espacios verdes de uso público, tarea que fue encomendada al asesor del intendente, el doctor Nicolás Prono.

El relevamiento permitió establecer con precisión el número y la distribución de los espacios verdes de la capital, cuya última actualización databa del año 2014. Tras el trabajo técnico realizado por el equipo municipal, se determinó que actualmente la ciudad cuenta con:

– 140 plazas.

– 52 plazoletas.

– 16 parques.

– 2 costaneras, consideradas corredores verdes o parques lineales

En total, 210 espacios verdes de uso público conforman el patrimonio ambiental de la ciudad.

Si bien la mayoría de estos espacios pertenece al municipio, cabe mencionar otros corresponden a instituciones del Estado, aunque todos están destinados al disfrute de la ciudadanía. Entre estos se incluyen grandes pulmones urbanos como el Parque de la Salud y el Parque Guazú Metropolitano, además de las costaneras de la ciudad que funcionan como amplios corredores verdes abiertos a la comunidad.

Además del censo actualizado, la municipalidad impulsa un nuevo modelo de participación ciudadana para el cuidado de estos lugares: la figura del “Protector de Espacios Verdes”, que reemplaza y moderniza el sistema tradicional de padrinazgo.

Según explicó el doctor Prono, uno de los principales obstáculos del esquema anterior era la burocracia administrativa, que obligaba a los interesados a atravesar largos trámites presenciales que podían extenderse durante meses.

En un comunicado, dirigentes de la FNC comunicaron la decisión que se tomó este año, luego de más de tres décadas de movilizaciones.

Cada marzo, desde 1994, los campesinos de diferentes zonas del país llegaban hasta la capital para exigir una serie de reivindicaciones al gobierno, este año la tradicional marcha queda suspendida.

La marcha también fue suspendida en el 2020 y 2021 por la pandemia de Covid-19. Esta sería la tercera vez en 32 años.

Según el documento, estos años de marcha sirvieron de expresión política y herramienta para lograr objetivos que actualmente están siendo cumplidos.

Ahora apuntan a que esas reivindicaciones sean temas de debates en todos los sectores sociales y del Congreso Nacional, por lo que van a presentar un programa de desarrollo nacional del campesinado.

Indican que las marchas seguirán realizándose en otros momentos, como parte de la lucha del campesinado.