A 20 días de las elecciones generales, en las que el candidato liberal corre en desventaja de acuerdo a las diferentes encuestas, y semanas después de que el mismo manifestara que tendrá su propio “conteo rápido”, desacreditando al Tribunal Superior de Justicia Electoral, se confirma que su esposa está detrás de la logística del arribo de expertos informáticos, de cuyos ingresos no se sabe oficialmente, lo que torna más que grave la movida del grupo de la Concertación.

Grupo Habitacional donde esposa de Efraín Alegre supuestamente llevó a brasileños y de cuyos ingresos migratorios no hay información oficial. Foto: Gentileza

La denuncia de ingreso ilegal de la veintena de brasileños había surgido en redes sociales con el tuit de Hugo Portillo de ayer domingo. Nuestro equipo de investigación confirmó la información después de un par de conversaciones con encargados del grupo habitacional, como la administradora, de nombre María del Mar, cuyo apellido nos reservamos.

La administradora ratificó que la veintena de brasileños alojados en el edificio todavía continúan allí. “Son diferentes departamentos que están alquilando”, aclaró y explicó que ellos no tuvieron intervención en los contratos de alquiler, ya que los mismos fueron directamente convenidos por la señora Mirian Irún de Alegre y los dueños de los departamentos.

“El contrato no fue con nosotros, fue directo con ellos. Tengo entendido que fue la señora Mirian Irún”, indicó la administradora del complejo habitacional de la Cooperativa de Lambaré donde están alojados 20 informáticos brasileños. #TodoEstaEnLN https://t.co/0sp7NOZrJy pic.twitter.com/hK4AVDbbkd

— Diario La Nación (@LaNacionPy) April 10, 2023

“El contrato no fue con nosotros, fue directo con ellos. Tengo entendido que fue la señora Mirian Irún”, indicó la funcionaria y al reiterarle la consulta de si entonces fue la señora Mirian Irún la que hizo la gestión, la administradora señaló “sí, yo tengo entendido que ellos son los que mandaron traer a esta gente”.

Mientras tanto, en Migraciones están en las nubes. La versión que recibimos ante la consulta sobre la grave denuncia viralizada vía redes sociales, nos enviaron lo siguiente vía WhatsApp: “Hasta el momento, la institución no ha recibido ninguna denuncia formal al respecto. Cabe señalar que la Dirección Nacional de Migraciones no puede actuar de oficio ante una denuncia de personas innominadas si no existe una solicitud oficial de las autoridades judiciales para la verificación correspondiente”.

“En caso de contar con más datos de las personas extranjeras señaladas, se puede realizar la verificación en los sistemas informáticos y a partir de allí hacer el seguimiento pertinente”, concluye el mensaje.

Denuncia de Hugo Portillo en redes sociales sobre ingreso de 20 expertos brasileños. Foto: Captura de pantalla

La SEN sigue en marcha con el denominado Operativo “Jaho’i”, a fin de brindar asistencia a indigentes cuando se registran temperaturas inferiores a los 10 °C.

Entre la noche de este lunes y la madrugada de hoy martes, un total de cuatro personas en situación de calle fueron trasladadas al albergue habilitado en la zona de la Costanera Sur.

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Así también, proveyeron colchones y frazadas a tres personas que fueron abordadas en la vía pública, luego de que las mismas optaran por permanecer allí.

José Duarte, uno de los encargados del albergue, comentó a ABC TV que la mayor cantidad de servicios corresponden a reportes por vía telefónica, aunque también realizan recorridos aleatorios en varios puntos de Asunción.

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Las personas trasladadas reciben alimentación, baño y abrigo, además de asistencia médica, en caso de que así lo requieran.

El albergue transitorio de la Secretaría de Emergencia Nacional posee capacidad para 30 personas (12 hombres y 12 mujeres, además de 6 madres con bebés).

El proyecto contempla una presa de 160 metros de altura en la garganta del río Pilaya, un afluente clave de la cuenca del Pilcomayo. “El Carrizal” busca generar energía eléctrica y habilitar sistemas de riego, pero veinte científicos internacionales de seis países rechazan la iniciativa por su impacto ambiental. Los expertos señalan la sedimentación extrema como el mayor peligro técnico de la obra. El río Pilcomayo arrastra 200 millones de toneladas de materiales al año, una cifra récord a nivel mundial. Esta carga llena el embalse rápidamente y reduce la vida útil de la estructura de forma drástica.

Las naciones indígenas Weenhayek, Tapiete y Guaraní dependen del sábalo para su alimentación y economía. Uno de los puntos que se critica del proyecto, es que la represa actuaría como una barrera física que bloquea la ruta migratoria de los peces hacia sus zonas de reproducción.

Los líderes indígenas denuncian la falta de una consulta previa y obligatoria según las leyes locales. Francisco Nazario, capitán de la organización weenhayek, califica la obra como una sentencia de muerte para su cultura.

La construcción inunda también tierras agrícolas de comunidades como Camblaya y Los Sotos. Expertos ambientales descartan el éxito del sistema de riego prometido por las autoridades, argumentan que los canales sufren colmatación inmediata por la arena y el barro del río. El cañón del Pilaya, el sexto más profundo del mundo, corre riesgo de una alteración visual y biológica irreversible por la intervención.

Si bien los promotores defienden la obra como una respuesta a la crisis del gas, los científicos reiteran que el costo ambiental supera los beneficios energéticos. El destino del Pilcomayo y la biodiversidad de la zona permanecen hoy bajo una gran incertidumbre.

El Ministerio de Justicia puso en marcha una transformación radical en el sistema penitenciario con la eliminación total de la circulación de dinero en efectivo dentro de los nuevos centros de reclusión del país. En su lugar, las personas privadas de libertad (PPL) operan mediante billeteras electrónicas virtuales que se activan de forma exclusiva a través de un lector de huellas dactilares.

El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, explicó a radio Ñanduti que esta tecnología ya se encuentra plenamente activa en el Centro de Reinserción Social de Emboscada (Comple), comenzó a ejecutarse en la penitenciaría de Minga Guazú y su próxima parada de implementación será el penal Martín Mendoza.

Para evitar riesgos de seguridad, los internos no tienen acceso a teléfonos celulares, tarjetas ni a ningún dispositivo físico de pago, elementos que están estrictamente prohibidos en los regímenes de máxima seguridad.

El funcionamiento es 100% biométrico y a cada recluso se le habilita una cuenta virtual a la que se le asigna un crédito. Al momento de adquirir productos en las cantinas de las penitenciarías, el interno solo debe asentar su dedo en el lector de huellas para verificar su saldo disponible y autorizar los descuentos de su compra.

De acuerdo con el viceministro, este sistema corta de raíz los esquemas convencionales de corrupción que históricamente azotaron a las cárceles.

“Esto garantiza no solo transparencia y trazabilidad, evita también situaciones de coacción por parte de algún funcionario hacia la persona privada de libertad, como también a la inversa cualquier intento de soborno. Nos da bastante control porque podemos saber qué producto compra y con qué frecuencia”, detalló Maciel.

Asimismo, al ser consultado sobre el peligro de que estas billeteras sean utilizadas para recepcionar dinero proveniente de las conocidas estafas telefónicas desde las cárceles, el alto funcionario respondió que sería una torpeza absoluta de parte del interno que haga eso. Explicó que el monitoreo es en tiempo real y el sistema registra con precisión el nombre y los datos de cada persona que realiza una transferencia, facilitando el trabajo del Ministerio Público ante cualquier sospecha.

La plataforma no permite el libre flujo de capitales. El Ministerio de Justicia estableció límites estrictos al dinero que puede ser depositado en las cuentas de los reclusos, y existe una lista rigurosa de familiares autorizados para realizar dichas transferencias. “No es que se va a poder depositar 10 millones, existen límites”, acotó.

La autoridad contó que además de la ayuda familiar, la billetera electrónica se convirtió en la vía legal para que los internos bancarizados perciban sus “recompensas pecuniarias”. Esto corresponde al salario que reciben por parte de empresas privadas que aliadas a los programas de reinserción laboral de las penitenciarías.