En el marco de la operación Aguara se grabaron llamadas donde presuntos narcos ultimaban detalles para montar una supuesta fábrica de marihuana en una colonia indígena hacia Salto del Guairá por pedido de la Oficina Regional de la Senad, que en ese momento estaba a cargo de Abelino Valdez Ruiz. En este esquema de simulacros, omisiones de datos sensibles en investigaciones narco, de vuelta salta el matrimonio de “magos de las finanzas” de la Senad, Natalia Berenicce Bareiro, analista de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) y esposa de Carlos Chamorro, mimado agente de inteligencia que estrenó camioneta de US$ 65 mil con modesto ingreso, quien descarta esta conversación en la que se alude conocimiento del jefe en ese entonces, Abelino Valdez, muy cercano a la pareja.

Los cuestionados agen­tes especiales de la Secretaría Nacio­nal Antidrogas (Senad) que tuvieron un meteórico ascenso patrimonial tam­bién estuvieron involucra­dos en supuestos hechos de ilícitos traducidos en simu­lación de operativos antidro­gas armados para verdaderas “campañas institucionales” que, según escuchas, fueron promovidos con coopera­ción del crimen organizado. En Salto del Guairá idearon montar una supuesta fábrica de producción de marihuana en medio de una colonia indí­gena para dejar en alto la labor de una base regional.

El mencionado plan, según los audios de las conversa­ciones de supuestos narcos, sabían en la Unidad Regional que estaba a cargo de Abelino Valdez Ruiz, amigo y com­pañero de Carlos Francisco Chamorro Portillo, agente destituido de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) por dudoso origen de millo­narias compras realizadas, y la esposa del último, Bere­nicce Bareiro, quien con­tinúa firme como analista en la dependencia donde se hacen las escuchas telefóni­cas como otras investigacio­nes de alta complejidad.

Recordemos que estos agen­tes tuvieron un exponen­cial crecimiento económico desde sus ingresos a la fun­ción pública. Valdez hasta hace una semana era director de Operaciones de la Senad, muy cercano a la ministra Zully Rolón, con inmue­bles totalmente subvalora­dos consignó un incremento patrimonial de 10.769%, pues pasó de declarar patri­monio neto de G. 7.493.500 y un inmueble en San Lorenzo a una acumulación de bienes por G. 814 millones entre los cuales resaltan una lujosa casa con pileta en Lam­baré, otra en San Lorenzo, una propiedad en Capiatá y una granja que incluye un complejo de tres inmuebles en zona verde privilegiada que completan aproxima­damente una hectárea en Pirayú, además de organi­zar fiestas lujosas como el quince años de su hija en el salón de eventos La Riviere del Complejo Las Takuaras.

En tanto que Chamorro, el “mago de las finanzas” de la Senad, aumentó 700% su patrimonio y este año estrenó una camioneta Toyota Hilux 0 km, a pesar de que sus ingresos líquidos hasta julio del 2022 no llegaban a los G. 7 millones. Este agente espe­cial ingresó a fines del 2015 a la Senad con un activo de G. 65 millones, entretanto que su esposa Berenicce Bareiro declaró cero activos en sus inicios, también a finales del 2015, pero la pareja pasó a registrar bienes por G. 518 millones.

Además, un dato no menos importante es que Chamo­rro, en diciembre del 2015, al ingresar a la Senad, declaró ser propietario de un inmue­ble ubicado en el distrito de Capiatá con una superfi­cie de 557 metros cuadra­dos, cuyo valor era de G. 40 millones. En agosto de este año, su “compadre” Valdez declaró la misma propiedad con la misma cuenta catas­tral, pero a un costo de G. 8 millones. El precio consig­nado es una ganga, conside­rando que los terrenos en Central con medida están­dar de 360 m2 cuestan, por lo bajo, 10 veces más.

Zully Rolón, ministra de la Senad y Carlos Chamorro, agente especial.

Berenicce Bareiro, agente especial y Abelino Valdez Ruiz, agente especial.

NARCOAUDIOS

La Nación Investiga tuvo acceso a las escuchas telefó­nicas realizadas en el marco de la operación Aguara donde el objetivo era el esquema criminal que supuestamente lideraba Jorge Daniel Zorri­lla Vera.

La encargada del análi­sis de las comunicaciones fue justamente Berenicce Bareiro, quien incluso testificó en el juicio oral y público enfatizando que se encargó de la selección de los audios, pero llama­tivamente en el informe final que SIU/Senad remi­tió a los órganos juris­diccionales no incluyó conversaciones que com­prometían la integridad de agentes especiales, puesto que se escucha a narcotra­ficantes coordinar el mon­taje de una fábrica de marihuana para la campaña mediática de operaciones posi­tivas de incautación de drogas para beneficiar la imagen de la institución.

Según la sinopsis realizada por Bareiro no incluida en su informe final, el 12 de julio del 2018, uno de los objetivos de las escuchas identificado en el docu­mento con alias Chiqui conversa con un HNI (hombre no iden­tifi­cado) y hablan de un trabajo para la Senad. ” Probable­mente se tra­taría de un supuesto hallazgo de droga como trabajo de la regional”, menciona el resumen. En este punto se refiere a la Oficina Regional de la Senad de la ciudad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú.

“Yo tengo unos 150 (kilos), aproximadamente, que ya está todo lacrado”, dice uno de los supuestos narcos en la conversación al que identi­fican como “Chiqui”, mien­tras que la otra supuesta­mente no identificada le insiste: “Para mañana ya es el trabajo”.

Ese mismo día, pero más tarde, los narcotraficantes vuelven a conversar para coordinar el montaje de una fábrica de marihuana en una colonia indígena de la zona y el traslado de la droga para dejar abandonada en el lugar, teniendo en cuenta que “una fabrica’i” es lo que pidieron los antidrogas para poder lucirse.

En los audios se escucha a uno de los sindicados narcos consultar “si van a abando­nar unos kilos”, mientras que el otro le responde que “es eso lo que debemos de coor­dinar, si le vamos a abando­nar en el lugar porque ellos lo que quieren es que le arme­mos algo”, a lo que el otro le pregunta: “Una fabrica’i”, pero mencionan que eso de montar la fábrica es lento.

Aunque en el mismo remar­can: “Hay que hacer única­mente el pedido de leporãto, pero que el problema sería llevar las cosas a la colonia indígena”. Seguidamente se consultan por la cantidad de marihuana prensada y picada que tienen disponi­ble para abandonar y que sea incautada, porque los agen­tes de la Senad “fabrican lo que quieren intervenir”.

A pesar de la gravedad de la situación, que representa el contubernio entre ele­mentos del crimen organi­zado y agentes especiales antidrogas, las secuencias 1008077620 y 1008079010 no fueron incluidas en el informe final que rea­lizó Berenicce Bareiro, que pasó primero por las manos del director de SIU/Senad, Cristian Ama­rilla, y luego al Ministerio Público y Poder Judicial.

Esto se evidencia en el acta y en las grabaciones del jui­cio oral y público, donde los abogados defensores de los acusados solicitaron a la analista de SIU/Senad la reproducción de estos nar­coaudios, pero esta indicó que no aparecía en los sopor­tes magnéticos.

Incluso, cuando se le con­sulta por qué en el disco del informe final que rea­lizó no figuraban las men­cionadas secuencias, la mujer solamente se excusó diciendo que solamente se transcriben los audios que son relevantes.

“Cuando nosotros hacemos nuestro informe hay un fil­tro en el sistema y elegimos ahí lo que nosotros marca­mos como conversación rele­vante”, dijo Bareiro durante el juicio al ser consultada del por qué las grabaciones de las escuchas no aparecieron en el CD del informe final.

Seguidamente, la mujer agrega que “en el caso del informe final, uno necesita más tiempo para editar su informe final porque noso­tros tenemos que escuchar todas las llamadas y revisar todas las llamadas y poner las que son solamente las más relevantes”.

Es decir, para la analista Bareiro no le pareció rele­vante la coordinación entre narcotraficantes de un plan de falsa incautación de dro­gas que, según las escu­chas, iba a ser montado por pedido de agentes especia­les de la Oficina Regional de Salto del Guairá, que en ese momento estaba a cargo de Abelino Valdez Ruiz, amigo y cercado de su esposo Car­los Chamorro.

Esta situación además impo­sibilitó que los órganos de persecución penal inicien un proceso de investigación en contra de agentes corruptos e implicados con el crimen organizado.

También es importante señalar que los allana­mientos de la operación Aguara, explicaron fuen­tes de la investigación, se ejecutaron el 1 de agosto del 2018, luego de tres meses de escuchas telefónicas a los distintos objetivos. Tras las detenciones, la incau­tación de evidencias, y ante denuncias públicas en las que ya trascendían pre­suntos cobros de coimas, el entonces ministro anti­drogas, Hugo Vera, desman­teló la Oficina Regional de Salto del Guairá y ordenó el sumario del jefe de la uni­dad Abelino Valdez Ruiz y sus subalternos.

Sin embargo, estas perso­nas fueron reacomodadas en puestos de investigación sensible con la asunción del gobierno de Mario Abdo Benítez, quien al designar a Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad, estos funcionarios con dudosos manejos como el caso de Cristian Amarilla, que estaba como jefe de SIU y jefe de la analista Berenicce Bereiro, pasó a ser director de Inteligencia de la Senad, y Valdez continuó activo e incluso llegó a ser director de Operaciones. Con Zully Rolón se mantuvieron en privilegiados cargos.

Es también relevante seña­lar que las pruebas del ocul­tamiento de los audios que comprometían al personal de la Regional de Salto del Guairá fueron expuestas en el juicio oral y público desarrollado entre el 2020 y el 2021.

Por último, se denota el pre­sunto contubernio entre antidrogas y narcotrafi­cantes para perjudicar a comunidades de nativos, sin importar el alcance que esto pueda significar para una población en estado de vulneración constante.

Claramente para estos agen­tes del Estado no importaba que pueblos indígenas sean señalados como cooperan­tes del crimen organizado con tal de que un jefe regio­nal de la Senad se luzca ante la prensa, mediante engaño­sos operativos que burlan a la ciudadanía.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.