Establecen medidas sanitarias en sede del Congreso ante rebrote de COVID-19

Ante la elevada cantidad de casos de COVID-19 reportados en el Congreso Nacional, se han dispuesto una serie de medidas sanitarias como el uso obligatorio de tapabocas y el lavado de manos.

En las últimas semanas se produjo un repunte de contagios dentro de la sede del Poder Legislativo, afectando a varios funcionarios de distintas áreas y dependencias.

Teniendo en cuenta este preocupante escenario, el presidente del Congreso, Óscar “Cachito” Salomón, firmó una resolución mediante la cual ordenó una serie de medidas sanitarias para prevenir la expansión del COVID-19.

Una de las principales disposiciones tiene que ver con el uso obligatorio de tapabocas por parte tanto de funcionarios como visitantes y los mismos legisladores, quienes también deberán acatar dicha exigencia.

Asimismo, se ha establecido nuevamente la obligatoriedad del lavado de manos y la desinfección con alcohol en los accesos al recinto legislativo, lo cual rige para funcionarios y visitantes.

Aquellas personas que presenten evidentes síntomas respiratorios tendrán impedido el acceso al Congreso, orientando a las mismas de acuerdo a las disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud.

La resolución también señala que, en caso de darse casos positivos de COVID-19 o influenza entre los funcionarios, los mismos deberán guardar aislamiento según la orden médica. Por su parte, quienes hayan tenido contacto con algún contagiado, deberán cumplir con aislamiento preventivo hasta confirmar o descartar una infección.

Selva Hũ se dedica a vender ropas “Todo x 20 mil” y no a plantar marihuana, dice su abogado

Selva Elizabeth Portillo Rodas, alias Selva Hũ, está prófuga y pide garantías para presentarse ante la Fiscalía. La mujer es buscada por, supuestamente, formar parte de bandas criminales en Canindeyú y es sindicada como presunta jefa de sicarios, acusación que es desmentida por su abogado quien afirmó que ella solo es comerciante, vendedora de ropas.

El abogado Edgar González manifestó que su cliente es una persona trabajadora que dedicó toda su vida a la ropería y a la agricultura, como todas las familias de Villa Ygatimi.

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Desmintió que Selva Hũ forme parte de una organización mafiosa y que sea la persona que decide “quién vive y quién no”, teniendo en cuenta que la mujer es sindicada como líder de los sicarios en el departamento de Canindeyú.

“Ella es madre de familia y tiene a su cargo dos hijos que van a la escuela. Ella está nerviosa, con antidepresivos y temerosa. A ella se le involucra que está metida en homicidios. En portales. La Fiscalía da declaraciones sin aportar pruebas”, expresó el abogado González en conversación con radio Ñandutí.

Para la Fiscalía, Selva Hũ es sospechosa de ser la autora intelectual de la muerte de su padrastro y de otras personas en Canindeyú. Aparentemente, estaría vinculada al presunto líder narco Felipe Santiago Acosta, alias Macho.

La mujer está prófuga y días atrás, se ordenó su detención. Según Edgar González, esa acción es ilegal por lo que, presentó un Habeas Corpus preventivo ante la Corte Suprema de Justicia.

“Con irresponsabilidad dicen que tienen pruebas. Se basan en una orden de captura ilegal basado en un informe incompleto. Buscamos no eliminar la supuesta causa, sino que nos den la garantía procesal para que ella pueda presentarse ante la justicia sobre los supuestos hechos”, agregó el abogado.


Incendio consume granja clandestina de criptomonedas en CDE

Un incendio consumió una granja de criptomonedas que operaba de forma clandestina en Ciudad del Este. Se sospecha que las máquinas sufrieron un sobrecalentamiento.

En la noche de ayer se registró un incendio en un depósito situado en el barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este, Alto Paraná.

Se trata de un tinglado que, a juzgar por las evidencias halladas, funcionaba como granja de criptomonedas, teniendo en cuenta que había varias máquinas mineradoras en el lugar.

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Tras recibir la alerta, acudieron al lugar bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes trabajaron arduamente para poder sofocar el fuego.

Un total de 18 máquinas mineradoras de criptomonedas fueron afectadas por las llamas, de acuerdo al informe del diario La Clave.

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Dicha propiedad pertenece a Yselia Kronbauer (64), quien confirmó a la Policía que había alquilado el local a un brasileño de nombre Tiago Costa Márquez Varela (36). El mismo le había mencionado que utilizaría el espacio para la instalación de una carpintería.

El extranjero se encontraba en el depósito al momento de iniciar el siniestro, pero luego se fugó cuando llegaron los uniformados.



Intervienen obra para supermercado ante intención de talar árboles del “Bosque San Vicente”

Vecinos del barrio San Vicente denuncian la intención de una empresa privada de derribar los árboles que forman parte del bosque protector del arroyo Ferreira para levantar un supermercado mayorista. El Ministerio Público allanó el sitio e investiga un posible caso de delito ambiental.

La intervención fue realizada de manera conjunta con técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales, de la Municipalidad de Asunción y de técnicos del Instituto Forestal Nacional.

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Durante el allanamiento, verificaron la distancia entre el inmueble denunciado y el cauce hídrico del arroyo lambareño para determinar si el predio forma parte del bosque protector. También si la tala a ser realizada, correspondería al bosque protector referido.

Según los vecinos, el lugar ayuda a evitar que el cauce del arroyo Ferreira se desmorone en días de lluvias intensas, por lo que, piden frenar con la supuesta intención de talar los árboles,

La inspección incluyó la toma de puntos de georreferenciamiento, verificación del cauce hídrico y sus inmediaciones, a los efectos de corroborar el hecho denunciado. Por otra parte, los técnicos intervinientes manifestaron que se expedirán en los informes correspondientes, dando respuesta detallada sobre los puntos objeto de allanamiento.

Los intervinientes realizaron un cotejo con las documentaciones obrantes en el cuaderno de investigación fiscal, a fin de determinar si las autorizaciones emanadas de las autoridades administrativas se hallan conforme a los trabajos realizados hasta el momento y los que van a ser ejecutados.


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