En entrevista con la radio 650 AM, el empresario Julio Benítez advirtió que más de 500 gimnasios nucleados a su asociación continúan cerrados sin poder trabajar y que ya se vuelve insostenible seguir solventando los gastos y pago de salarios.

“No solo los dueños no pueden trabajar, también los profesores, las limpiadoras, las recepcionistas, las contadoras y las cuentas siguen acumulándose, algunas sobrefacturadas. Estamos bajoneados de cómo el Gobierno nos tiró y nos obligó a mantener al staff. Esto ya se vuelve insostenible. Es algo lamentable. Ahora nos tienen en zozobra porque no nos pasan el protocolo oficial para que nos empecemos a preparar para equiparnos y agendar a la gente”, dijo.

Sostuvo que muchos propietarios de gimnasios pusieron en venta sus máquinas y dejaron de alquilar los salones, otros inclusive ya piensan en cambiar de rubro. En su caso tiene el establecimiento hace más de 20 años y le entristece verlo “prácticamente muerto”.

También indicó que muchos atletas no pueden entrenar más como lo venían haciendo y perdieron sus avances. Además hay otros que urgen volver al gym para mejorar su salud y sacarse el estrés.

Pese a no tener respuestas del Gobierno y anunciarse el posible aplazamiento del avance hacia la fase tres de la cuarentena inteligente, casi todos los emprendedores se preparan para la reapertura de los salones. Ya adquirieron los lavamanos, el termómetro, los productos para una limpieza profunda, hacen un reordenamiento de las máquinas y también compran las mascarillas, de acuerdo con el entrevistado.

“Vamos a tener un gasto en la parte de limpieza porque será de forma permanente, y tendremos poca cantidad de gente al limitar dependiendo del tamaño de la instalación”, dijo y también reconoció que la ciudadanía está con miedo o no tiene dinero, por lo que el regreso tampoco será masivo.

En la mañana del lunes se registró un violento hecho de asalto en una vivienda ubicada en el barrio San Pablo de la ciudad de Presidente Franco, Alto Paraná.

Resultó víctima de este episodio Juan Ángel Ayala Ferreira, de 76 años, quien fue atacado por un marginal que había llegado hasta su domicilio con fines de robo.

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Este anciano se percató que un ladrón ingresó a su hogar y quiso reaccionar, momento en que fue agredido con un machete, sufriendo heridas en la mano y el abdomen, menciona La Clave.

El autor de este asalto sería un joven conocido con el alias de “Aldo Loco”, un adicto a las drogas que acostumbra merodear en la zona del mercado de abasto de Ciudad del Este.

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Tras agredir a la víctima, este delincuente se alzó con su teléfono celular y se dio a la fuga, momento que quedó registrado en las cámaras de circuito cerrado.

La Policía Nacional recibió la denuncia del hecho y ahora se encuentra tras los pasos de “Aldo Loco”, llevando adelante una serie de rastrillajes para dar con su paradero. Gracias a la ayuda de la ciudadanía tras la viralización del video, también se obtuvo información valiosa sobre el criminal.

El fiscal Federico Delfino indicó que, de concretarse la extradición de Argentina, estas personas serían juzgadas por asociación terrorista y se exponen a penas de hasta 15 años de prisión.

Los sospechosos se habrían encargado del adoctrinamiento de nuevos integrantes del grupo criminal. “La participación de ellos se da en cuanto al adoctrinamiento que se le brinda a las criaturas. Salen de Argentina de forma legal, ingresan a nuestro país de forma clandestina, van al teatro de operaciones y dejan a los menores ahí, para que reciban entrenamiento militar”, expuso en charla con radio Ñanduti.

El agente del Ministerio Público señaló los familiares de Carmen Villalba se encuentran bajo vigilancia en el vecino país, mientras se resuelve la expulsión de los mismos.

En comparación al caso de Juan Arrom y Anuncio Martí (refugiados en Finlandia), Delfino refirió que la situación es “radicalmente distinta”, atendiendo a las declaraciones de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, quien abogó públicamente por la extradición.

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En Argentina detuvieron el viernes pasado a José Mariano, María Rosa y Myriam Villalba Ayala, hermanos de Carmen, y Tania Tamara, que operaban en forma camuflada en el vecino país, como políticos del EPP, siendo esta agrupación de corte terrorista en Paraguay.

Esto a partir de la decisión de la justicia colombiana, de despojar de blindaje legal a Granda, quien junto a otros lideres guerrilleros, gozan de la amnistía establecida por el Estado de Colombia, dentro del proceso de paz.

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El tribunal en cuestión argumentó su decisión, señalando que Granda fue procesado en Paraguay, con claras evidencias de haber participado del proceso que acabó en secuestro y asesinato de Cecilia, hija del expresidente Raúl Cubas. Y que la amnistía mencionada, se refiere exclusivamente respecto a cualquier hecho que tenga relación a Colombia. El caso Cecilia Cubas -enfatizan- pertenece a comisión de presunto crimen transnacional, lo cual escapa al alcance del Indulto presidencial con el que benefició a los guerrilleros de las FARC.

Entre las pruebas contra Granda, están correos electrónicos que el mismo mantuvo con Victor Bernal (uno de los líderes del EPP) y otros referentes de la agrupación terrorista paraguaya, en los que el jefe guerrillero colombiano daba instrucciones en torno a la entonces secuestrada Cecilia Cubas.

En los mensajes de Granda con miembros del EPP, resalta con claridad la estrecha relación entre los dos grupos terroristas, así como la cooperación permanente que hubo de parte de la guerrilla colombiana en favor de la nucleación epepista.

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